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n; como en esta misma época
los plebeyos habían conseguido en lo esencial la igualdad de derechos
políticos con los patricios, su especial Asamblea no fue ya la de
una clase inferior de ciudadanos, sino que lo que ocurrió fue que
desde este momento la ciudadanía se hallaba representada tanto en los
Comicios como en las Asambleas plebeyas, en aquellos, con inclusión de
la nobleza, en estas, excluyéndola; en la práctica, sin embargo, es
difícil que entre ellas hubiese una verdadera diferencia. De análoga
manera, los magistrados de la plebe, sin que sus atribuciones sufrieran
una modificación esencial, se convirtieron realmente en magistrados de
la comunidad cuando la igualdad de derechos mencionada fue un hecho:
a partir de ahora, tales funcionarios no apoyaban a los plebeyos en
sus pretensiones contra los patricios, sino a los ciudadanos contra
los magistrados, y sobre todo se aplicaron a someter al poder poco
claramente definido del Senado a los magistrados que no le obedecían.
La plebe de los tiempos históricos no es ya un Estado dentro del
Estado, y las instituciones provenientes de la época de las luchas de
clase, esto es, las modificaciones en la organización del sufragio y la
exclusión de los nobles de las magistraturas plebeyas, no fueron ahora
ya más que reminiscencias políticas de épocas anteriores.

2. -- _Los libertos y las clases afines a esta._

Si bien es cierto que en la comunidad patricio-plebeya se atribuyó
el derecho de ciudadano a aquel individuo que hubiere pasado de
la esclavitud a la libertad (pág. 43), sin embargo, había muchas
cosas en que su posición era inferior a la de otros ciudadanos, y
estas desigualdades se extendían también, en parte, a los hijos de
tal individuo y a los nacidos de madre romana fuera de matrimonio
legítimo. De tales desigualdades, muy distintas según los tiempos y la
clase de que se tratara, y las cuales nos son todavía conocidas muy
imperfectamente, vamos a indicar aquí algunas, por vía de ejemplo.
Las indicadas categorías de personas estuvieron excluidas durante la
época republicana, y los libertos aun durante el Imperio, de los cargos
públicos y sacerdotales de la comunidad, del Senado y del servicio
militar de caballería. Por lo que toca al servicio militar común y
al derecho electoral íntimamente ligado con el mismo, la posesión de
riqueza, que hasta mediados del siglo V fue condición para disfrutar
tales derechos, no le estuvo negada al liberto, y quizá no le fue
nunca difícil jurídicamente adquirirla; es más: como el número de
libertos que llegaran a colocarse en dicha situación no pudo entonces
ser considerable, quizá ni siquiera en un principio ocuparan en este
respecto una posición de inferioridad; por lo menos hasta los más
antiguos tiempos de la República, la tradición nada nos dice de que así
sucediera. Luego que, a partir de mediados del siglo V, la capacidad
para el servicio de las armas se hizo depender solo del patrimonio,
no se introdujo variación alguna en el particular que nos ocupa;
de hecho, el año 458 (296 antes de J. C.) es la primera vez que se
habla de una diferencia en perjuicio de los libertos en materia de
levas; es probable que entonces comenzara a originarse la posterior
costumbre de adscribir aquellos, no a la legión, sino a la flota. Las
primeras noticias que tenemos respecto a la exclusión de los libertos
propietarios de inmuebles y de los hijos de libertos de las tribus
rústicas, y de la inclusión de los mismos en las cuatro tribus urbanas,
compuestas de ciudadanos no poseedores, se refieren a tiempos poco
anteriores a la guerra de Aníbal; tocante a los hijos de libertos, se
abolió tal estado de cosas el año 565 (189 a. de J. C.) por medio de
un acuerdo del pueblo, pero en cuanto a los libertos mismos, siguió
subsistiendo en lo esencial, aunque siendo objeto de frecuentes ataques
y con muchas modificaciones de detalle. En los tiempos del Imperio,
la desigualdad jurídica aumentó más bien que disminuyó; singularmente
en lo que se refiere a la inclusión de los ciudadanos en las tribus,
no obstante que tal inclusión había quedado reducida ahora ya a
ser un mero signo del pleno derecho de ciudadano, aumentaron las
prohibiciones: los hijos de liberto, los nacidos fuera de matrimonio
legítimo, los hijos de los actores en espectáculos públicos, hasta
los griegos de nacimiento que habían conseguido el derecho de
ciudadanos romanos, eran llevados, a lo menos con frecuencia, a las
tribus urbanas; los libertos mismos no dejaron tampoco de pertenecer
a estas, y, por consiguiente, se contaban entre los componentes de
ellas para los efectos de las distribuciones de grano y otros análogos
repartimientos, que se verificaban por tribus, pero según todas las
apariencias, estaba prohibido expresamente hacer que figurasen sus
nombres en las tribus. En lo relativo al servicio militar de esta
época dominaron iguales tendencias: los ciudadanos de segunda clase,
colocados en las tribus urbanas, son incapaces para prestar el servicio
en la guardia y en la legión, y solamente lo prestan en la guarnición
de la capital, guarnición menos apreciada que aquellas otras; los
libertos estaban excluidos de este servicio como tales, aun cuando
posteriormente, cuando se les concedía la ingenuidad ficticia, formaron
una gran parte de los soldados de la flota. -- En conjunto, todas estas
reglas eran aplicables a las organizaciones municipales; pero como aquí
la clase de los libertos llegó a comprender una buena parte de los
ciudadanos ricos, colocada frente a la nobleza municipal, de manera
análoga a como en la capital se había establecido frente al Senado
el orden de los caballeros, Augusto, a semejanza del sexvirato de
quasi-magistrados para la caballería (pág. 83), estableció el sexvirato
de los Augustales, compuesto sí de individuos quasi-magistrados, pero
que no tenía más aplicación práctica que para las fiestas públicas. --
Durante la época republicana, no se borró nunca la mancha que llevaban
consigo los que hubieran sido esclavos, y aun en los mejores tiempos
del Imperio, esa mancha no se borraba más que por medio de la concesión
al liberto del anillo de oro, y, por tanto, del derecho de caballero;
solamente a la época de la decadencia es cuando se encuentra la
concesión directa de la ingenuidad ficticia (_natalium restitutio_).

3. -- _Los semi-ciudadanos._

Hacia la mitad de la República, del IV al VI siglo de la ciudad, se
incorporaron a la romana una serie de ciudadanías de la Italia central,
pero de tal suerte, que las mismas no se identificaron completamente
con aquella, y los individuos que las componían eran, sí, ciudadanos
romanos, mas no disfrutaban del derecho de sufragio (_cives sine
suffragio_); la posición híbrida que ocupaban la denominamos nosotros
derecho de semi-ciudadanos. El fundamento político de tal fenómeno
fue el deseo de mantener separada la nación latina de la etrusca y de
la osca; de esta manera, tales comunidades quedaban sometidas a la
comunidad directora del _Latium_ sin confundirse con ella, lo que tiene
su expresión más clara en la circunstancia de negarse a las comunidades
referidas el derecho de servirse oficialmente de la lengua latina.
-- La institución se originó, por tanto, cuando las armas de Roma
traspasaron los límites del Lacio, y desapareció posteriormente, cuando
venció la tendencia contraria de la latinización de los italianos,
puesto que entonces las localidades de Italia fueron recibiendo, unas
después de otras, el pleno derecho de ciudadanía. Cada una de estas
localidades que entraba en la relación dicha con Roma era regulada
por el estatuto local romano, y por tanto, para todas regían análogas
reglas jurídicas, aunque no en todas ellas iguales. Regularmente, cada
una de estas localidades tuvo su particular administración. Esta,
o era puramente romana, y por consiguiente quedaba proscrita toda
autonomía administrativa local, como ocurrió con Cervetere y otras
comunidades colocadas en igual situación que esta, o se dejaba que las
autoridades, magistrados, Comicios y Senado locales continuaran en pie,
compartiendo con los de Roma el conocimiento de los asuntos, que es lo
que sucedió especialmente con Capua. El poder propiamente soberano se
lo reservaba, claro está, la comunidad romana, y las leyes de esta eran
las que decidían de las materias tocantes a la limitación o abolición
del derecho de semi-ciudadanos. Los asuntos religiosos de cada una
de las comunidades quedaron invariablemente confiados a aquellos
individuos puestos por las mismas para que les sirvieran de órgano,
si bien los _sacra_, según su propio concepto, se consideraron como
romanos. Por regla general, la administración de justicia correspondió
al pretor romano, o en su caso al representante local que este hubiera
nombrado (_praefectus_), de manera que en cuanto a este particular, la
comunidad de los semi-ciudadanos y la de los plenos ciudadanos eran
esencialmente iguales; únicamente Capua es la que parece que conservó,
al lado del romano, un tribunal propio, con competencia limitada.
Los miembros de las comunidades de semi-ciudadanos estaban obligados
a todas las prestaciones que recaían sobre los ciudadanos, y en tal
sentido recibían también aquellas la denominación de _municipium
civium Romanorum_; se hallaban sometidos a la obligación del servicio
militar y a la de los impuestos, y por consecuencia, también a la
del registro o censo. Allí, donde, como en Cervetere, no se daba
autonomía administrativa, el censo lo hacían los censores romanos,
los cuales formaban una lista especial (_tabulae Caeritum_) de estos
ciudadanos que no pertenecían a las tribus y que carecían del derecho
de sufragio, e igualmente las levas militares y la percepción de los
impuestos eran asuntos encomendados a las autoridades romanas; por eso,
la calificación de _aerarii_, atribuida a los ciudadanos excluidos
de las tribus pero obligados a pagar impuestos (página 58), se aplicó
también a estos semi-ciudadanos. Con respecto a Capua, hay que
advertir, por el contrario, que los habitantes de esta ciudad prestaban
el servicio militar en una legión al lado de los plenos ciudadanos.
En el derecho de los semi-ciudadanos no se contenían las facultades
derivadas del derecho de los ciudadanos pertenecientes al Estado, así
las propiamente políticas, cuales son el derecho electoral activo y
pasivo y el de provocación o apelación, como las de carácter privado,
cuales son la capacidad para celebrar matrimonio romano y para ser
propietario romano; pero a cada localidad debió de reconocérsele un
privativo Derecho romano político secundario y un privativo secundario
Derecho privado romano, y por consiguiente, sus ciudadanos deben de
haber disfrutado de la capacidad para contraer matrimonio legítimo y
para tener propiedad legítima. De la manera que acabamos de exponer ha
debido estar organizada, en sus líneas generales y en cuanto especiales
preceptos locales no lo estorbaran, la clase de los semi-ciudadanos.

CAPÍTULO VIII

LA NACIÓN LATINA Y LA CONFEDERACIÓN ITÁLICA

El pueblo de Roma es una parte del nombre latino (_nomen Latinum_), uno
de los grupos armados (_populi_) urbanos, en los que se fraccionó, como
toda otra nación heleno-itálica, la nación viviente de los Latinos,
unida por comunidad de lengua y costumbres, y en los más remotos
tiempos en alto grado indivisible. La intensidad y la eternidad que
corresponden, desde el punto de vista político, a esta congregación
de nacionales van mucho más lejos de la eufemística perpetuidad del
contrato o pacto político y tienen por base la indestructibilidad de
la relación entre la nación y sus miembros componentes. Ciertamente,
no desconoció Roma esta situación de cosas en las arrogantes leyendas
acerca de su origen. Por eso es por lo que la comunidad romana
existe por sí misma, es autóctona, creada por el hijo de un Dios
sin padre terrenal, por hombres sin patria y mujeres robadas, sin
pacto con ninguna otra comunidad, en guerra con todas las vecinas,
sobre la nación latina, la cual se presenta también aquí como una
unidad cerrada que llega a conseguir la hegemonía mediante sus
victorias militares. Pero no erraremos si en esta situación ignorada
y guerrera de la nacionalidad latina, que incluye dentro de sí a
Roma, vemos un modelo de aquel estado de cosas que los victoriosos
romanos establecieron después de la disolución de la confederación
latina, a principios del siglo V de la ciudad, y por consiguiente, no
incurriremos en error considerando que Roma fue en sus orígenes una
ciudad de la confederación latina.

Las primitivas organizaciones del nombre latino desaparecieron, y no
nos es posible decir cuál fuese la independencia que correspondiera
a cada una de las comunidades que lo componían, cuál la competencia
de la confederación y cuáles los derechos especiales de la potencia
superior. De la tradición puede deducirse que hubo una comunidad
directora de la confederación, y que esta comunidad no fue en un
principio Roma, sino Alba; pero difícilmente fue esta preeminencia otra
cosa que una superioridad honorífica, consistente en que las fiestas
de la confederación se celebraran anualmente en el monte Albano.
Parece que la confederación, como tal, tuvo la misma organización
y la misma competencia que cada una de las comunidades que la
componían, por tanto, una magistratura permanente y una Asamblea
análoga a los Comicios; la declaración de la guerra y la celebración
de la paz correspondía tanto a cada una de las comunidades como a la
confederación de ellas. La administración y manejo de las relaciones
pacíficas entre las comunidades confederadas, relaciones que no
pueden haber faltado del todo, aun cuando difícilmente dejaría de
haber entre ellas guerra, y la admisión de nuevas comunidades en la
confederación son cosas que solo a órganos de esta pudieron hallarse
confiadas. -- La presidencia en las fiestas federales parece que hubo
de corresponder desde los más antiguos tiempos a la comunidad romana,
según se desprende de la circunstancia de que la ciudad vecina Alba
fue destruida por ella, y su campo, con el monte sagrado, se convirtió
en romano. La disolución de la confederación latina tuvo lugar el
año 416 (338 antes de J. C.), y según todas las probabilidades,
ocurrió desapareciendo los magistrados y los Comicios federales
pero trasladándose sus atribuciones a los magistrados y Comicios de
la comunidad romana; de suerte que en realidad la confederación de
las ciudades latinas no desapareció; lo que hubo fue un cambio de
órganos, del propio modo que siguieron celebrándose las fiestas de la
confederación sobre el monte Albano, participando en ellas todas las
comunidades confederadas. Bajo esta nueva forma, que asoció de hecho y
de derecho los medios de fuerza de la nación con la exclusividad del
Estado único, y cuyo resultado podemos decir que fue la dominación de
Roma primero sobre Italia y luego sobre toda la extensión del antiguo
mundo, que lo mismo puede ser llamado romano que latino, es bajo la que
se nos presenta la confederación latina a la clara luz de la Historia.

Se consideraba como comunidad de derecho latino todo Estado
independiente que pudiera celebrar alianza con Roma y que por lo mismo
fuese reconocido como de igual nacionalidad que esta; la confederación
de todas las comunidades latinas entre sí, confederación que fue sin
duda la originaria y la que sirvió de fundamento a la posterior, hubo
de desaparecer. Pertenecían, por tanto, al nuevo _Latium_, por un
lado, las comunidades comprendidas dentro de los antiguos límites del
nombre latino (_prisci Latini_); por otro, las ciudades fundadas fuera
de estos límites, como comunidades independientes de nacionalidad
latina, primeramente en virtud de una resolución federal y más tarde
por la voluntad de Roma (_coloniae Latinae_), y por otro, las ciudades
confederadas que en su origen eran de estirpe extraña, pero a las que
Roma había reconocido como latinizadas. La invariabilidad de estas
relaciones jurídicas fundadas sobre la igualdad nacional continuó con
toda su fuerza, por cuanto el vínculo de la confederación latina no
pudo cambiarse en otra más débil forma de unión; pero pudo muy bien
desaparecer al ser negada la independencia política de las comunidades,
como aconteció indiscutiblemente cuando, por efecto de la guerra entre
los miembros confederados, las comunidades itálicas pertenecientes a
la confederación llegaron por esta vía a tener todas el derecho de
los ciudadanos romanos. Aun cuando los derechos de ciudadanía de las
particulares comunidades latinas se comprendían todos como derecho
latino, la verdad es que este derecho no existía legalmente; cuando la
latinidad aparece por vez primera, como entidad separada del derecho
particular de cada una de las ciudades, es en la disgregación y
confusión jurídica que produjo el Imperio.

La especial situación jurídica de las comunidades latinas se hallaba
constituida, de una parte, por la disminución y la privación de
ciertos derechos que por sí mismos pertenecían a la soberanía de las
comunidades, y de otra, por haber hecho extensivo a los ciudadanos de
las ciudades latinas ciertas atribuciones que por su índole pertenecían
únicamente a los ciudadanos romanos.

La antigua confederación tuvo competencia para limitar los derechos
de soberanía de las ciudades latinas, y esa competencia pasó luego a
Roma, sin duda alguna; pero es probable que al pasar aumentaran las
atribuciones de Roma en este respecto. La limitación de que se trata
tuvo una manifestación doble: en la pérdida de la independencia con
relación a otros Estados, y en la legislación civil.

La plena soberanía se manifiesta ante todo por el derecho de hacer
la guerra y por el de celebrar tratados con otras comunidades; ahora
bien, la ciudad latina ni podía hacer por sí la guerra, ni, si se
exceptúa la alianza con Roma, entrar en tratos con otros Estados, ni
siquiera con otra comunidad latina; por el contrario, la guerra, la
paz y los tratados políticos se verificaban por la comunidad romana y
en la forma que esta determinase. -- Una consecuencia de esto fue el
quedar las ciudades latinas obligadas a prestar auxilio a Roma en la
guerra, auxilio que dependía de que se presentara un caso de guerra
o hubiese peligro de que esta tuviera lugar; pero las autoridades
romanas eran las que tenían que decidir si tal condición se cumplía o
no, si tal caso de guerra o peligro de guerra existía o no existía, y
el llamamiento del contingente de auxilio se realizaba prácticamente
lo mismo que el llamamiento de las milicias de ciudadanos: hasta donde
nuestras noticias llegan, lo mismo el uno que el otro se hacían todos
los años, y el servicio de campaña, aunque fuese solo nominalmente,
se verificaba, lo mismo por los ciudadanos que por los latinos,
permanentemente. Cuanto a la extensión del servicio, parece que no
existían limitaciones jurídicas: el Estado tenía facultades para
exigir el servicio de las armas, tanto de sus ciudadanos como de los
individuos de la confederación, en toda la extensión que tal servicio
fuere posible; la única restricción que había era la moderación y
prudencia políticas. El contingente seguía siendo la tropa de una
comunidad independiente; el jefe del ejército romano era quien nombraba
los oficiales que habían de dirigir ese contingente; a la comunidad le
correspondía la elección de los individuos que habían de prestar el
servicio y el nombramiento de los jefes del contingente, y ella era
también la que tenía que pagar el sueldo a las tropas. Ciertamente,
la realización y perfeccionamiento prácticos de esta organización
no eran posibles sin una cierta vigilancia por parte de los puestos
directores, y probablemente, ya en la época de la confederación, hubo
de ser establecido también un registro que sirviera para los fines del
servicio militar, pues el procedimiento empleado en el censo de las
ciudades latinas se corresponde exactamente con el de la más antigua
forma romana antes de que la censura fuera separada de la magistratura
suprema el año 319 (435 a. de J. C.), como también la periodicidad de
uno y otro son esencialmente análogas. Es muy posible que sobre la
formación y resultados de este registro ejercieran asimismo los romanos
alguna inspección, en virtud de la hegemonía y posición preeminente que
les correspondía; pero no tenemos pruebas determinadas para afirmarlo.

En general, la legislación romana no se extendió a las comunidades
latinas; no faltan pruebas de que las resoluciones del pueblo romano no
eran aplicables a los latinos. Roma privó a los esponsales de la acción
que originariamente producían; en el _Latium_ siguió subsistiendo
esta acción hasta que los latinos de Italia se convirtieron en
romanos. Sobre todo, las comunidades latinas no podían ser disueltas
unilateralmente, por solo un acuerdo del pueblo romano, mientras las
mismas no perdieran sus derechos por romper el pacto federal. Sin
embargo, acaso ya en la época de la confederación latina, y de seguro
en la de la hegemonía de Roma, la autonomía correspondiente a la
confederación, y luego a la potencia directora, ha de haber mermado
las autonomías locales. Las instituciones que en general eran comunes
a Roma y al Lacio, singularmente la censura y la edilidad, no pueden
haber venido a la vida por otra vía, y muchos preceptos particulares,
como, por ejemplo, las disposiciones relativas al procedimiento
sobre las deudas en dinero, dadas el año 561 (193 a. de J. C.), y
las conocidas sobre el culto de Baco, del año 568 (186 a. de J. C.),
no dejan la menor duda de que el Gobierno romano solo permitió la
autonomía latina en tanto en cuanto le parecía compatible con el
bienestar del Estado. Todas estas disposiciones revisten, es cierto,
carácter excepcional; pero es difícil que en la materia hayan existido
limitaciones formales.

Ni la confederación latina ni su heredera Roma fueron más lejos en
punto a las restricciones políticas a la libertad de las comunidades
latinas. A cada ciudad siguió correspondiéndole el poder político,
un territorio propio, y, por tanto, la exención del encuartelamiento
romano y de las aduanas romanas; un propio derecho de ciudadano,
Comicios propios, y por consiguiente, dentro de los límites dichos,
una legislación propia; magistrados especiales, y por ende, una propia
jurisdicción judicial; sobre todo, un pleno derecho en materia de
impuestos y exención de cualquiera carga financiera en favor de Roma,
excepto de las sumas necesarias para el pago del contingente militar
de las comunidades. La organización dada a las ciudades latinas en
tiempo de los emperadores flavios produjo algunas modificaciones en la
jurisdicción judicial de las mismas, en virtud de las cuales aquellas
ciudades se aproximaron en su organización a la de los municipios de
ciudadanos.

Enfrente de estas limitaciones y cargas, están los derechos que el
latino, y solo él, tiene comunes con el ciudadano romano, derechos
que derivan de la comunidad de lengua y costumbres con Roma, y que
colocan al latino en una posición intermedia entre el ciudadano y el
extranjero. Claro está que estos derechos le son reconocidos tanto al
latino en Roma como al romano en todas y cada una de las comunidades
latinas. Son los siguientes:

1.º Igualdad jurídica comercial en cuanto a las formas particulares
del comercio romano (_commercium_), especialmente la adquisición de
propiedad y la constitución de deudas pecuniarias por medio del cobre
y la balanza. Esta igualdad no existe más que entre romanos y latinos,
no correspondiéndole a los extranjeros, a quienes en todo lo demás se
les reconocía la comunidad de comercio con los romanos. Lo propio hay
que decir en cuanto a la igual consideración de unos y otros en materia
de procedimiento; tocante a este particular, ya en la época patricia se
había igualado el latino al plebeyo, y juntamente con este adquirió el
derecho de comparecer ante los tribunales romanos sin el acompañamiento
del patrono o de un patrono de huéspedes. Cuando, posteriormente,
el conocimiento de las cuestiones entre ciudadanos y peregrinos o
entre dos peregrinos se encomendó a un pretor especial para estos, es
muy probable que de las contiendas entre romanos y latinos o entre
dos latinos continuaran conociendo los jueces competentes para el
procedimiento de los ciudadanos.

2.º Una consecuencia de esta comunidad de derecho es la equiparación de
los latinos a los romanos en lo referente al derecho de las personas;
en virtud de ella, el romano adquirido en propiedad por un latino, no
se convertía en esclavo, sino que solamente se colocaba en lugar de
esclavo, conservando, por tanto, el derecho de ciudadano y la libertad;
igualmente, una vez realizada la adopción de un latino, y por tanto, el
ingreso de este bajo la patria potestad de un romano, aquel adquiría
el derecho de ciudadano; y por fin, entre romanos y latinos existía
comunidad de derecho en materia de herencias, pudiendo instituirse
recíprocamente herederos en testamento, lo que no acontece con relación
a los extranjeros. Por el contrario, difícilmente existió, en general,
la comunidad matrimonial, o sea el _connubium_, entre romanos y latinos.

3.º Otra consecuencia de la comunidad jurídica dicha es la capacidad
de los latinos para adquirir en plena propiedad tierras romanas, y
de los romanos para adquirirlas latinas. En virtud de la obligación
que de aquí se originaba para el latino, de tener que contribuir
a las prestaciones personales y a las reales o impuestos, hubo de
convertirse en _municeps_ romano, y como esta capacidad se concedió a
todos los latinos, la comunidad de semi-ciudadanos latinos se llamó
_municipium Latinum_, de un modo análogo a como la denominación usual
de la comunidad de semi-ciudadanos era la de _municipium civium
Romanorum_. -- Como, a causa de la extensión del derecho latino a la
Galia cisalpina, la comunidad jurídica de que se trata, o sea la de
tierras, comprendió a toda Italia, hasta los Alpes, hubo de empezar
luego a llamarse derecho itálico sobre el suelo, denominación esta que
se aplicó también, y hasta con preferencia, a aquellos territorios
ultramarinos que habían entrado, excepcionalmente, en esta comunidad de
derecho.

4.º Si bien es cierto que sobre los latinos no pesaba la obligación
romana del servicio militar, y, por consecuencia, no pertenecían a
las tribus, aun cuando fueran poseedores en el territorio romano, sin
embargo, en muchos respectos se les trataba exactamente lo mismo que
si fuesen ciudadanos de Roma. La guerra dirigida contra una ciudad
latina que hubiere roto el pacto federal se consideraba como guerra
civil, y si el derecho de ocupar cargos públicos le estaba vedado al
latino, no sucedía lo mismo con el derecho de sufragio, por lo menos
en la Asamblea de las tribus; en semejantes votaciones se permitía
tomar parte a los latinos presentes, en la tribu que al efecto les
correspondiera por suerte.

5.º Para la adquisición del derecho de ciudadano romano, no tenía el
latino necesidad del consentimiento de las dos comunidades, la que
dejaba y en la que entraba; más bien regía la regla, igual para la
ciudadanía romana que para las latinas, de que nadie podía pertenecer
a dos de ellas al mismo tiempo, pero que cada cual era libre de
cambiar a su arbitrio de ciudadanía. Es posible que en algún tiempo
ni siquiera dependiese necesariamente este cambio del cambio de
residencia, sino que bastase al efecto la adecuada declaración de que
uno había comenzado a figurar en el censo o registro correspondiente.
Pero tal estado de cosas no fue duradero. Con respecto a las ciudades
fundadas o confirmadas con derecho latino desde fines del siglo V en
adelante, solo se permitía la adquisición del derecho de ciudadano
romano a las personas que consiguieran alcanzar alguna de las
diferentes magistraturas. Las comunidades latinas primitivas y las
antiguas colonias conservaron, en cambio, plena capacidad libre para
el derecho de ciudadano, hasta que en el año 659 (95 a. de J. C.) una
resolución del pueblo les privó de este privilegio, lo cual fue causa
próxima de guerra entre los miembros componentes de la confederación, y
posteriormente, de que todas estas comunidades entraran a formar parte
de la unión de ciudadanos romanos.

Frente a esta unión latina, que tenía por base la comunión de estirpe
y que era apta para gozar la eterna comunión de derecho, se hallaban
las comunidades itálicas de diversa nacionalidad, y además las gentes
extranjeras, de estirpe extraña, con las cuales se estaba de derecho en
eterna guerra. Fuera de los límites de la nación latina no se daba la
propiedad del suelo, ni romana ni extranjera; el que habitaba el campo,
el _hostis_, más tarde _peregrinus_, se hallaba, en principio, fuera
del derecho y de la paz; la prueba de la imposibilidad de que cesara el
estado de guerra frente a las naciones de estirpe extraña, la tenemos
en el hecho de que con las ciudades etruscas, las primeras frente
a las cuales afirmaron su distinta nacionalidad los romanos, no se
podían celebrar tratados sino a término fijo. La consideración jurídica
que los romanos daban a los prisioneros de guerra, aun tratándose de
ciudadanos romanos (pág. 47), nos demuestra también el rigor con que se
concebía esta clase de relaciones entre ambas partes. La existencia de
un derecho internacional en el sentido estricto que hoy se le da, esto
es, la coexistencia de distintas naciones, unas al lado de otras, que
se reconocen recíprocamente iguales como tales naciones y completamente
autónomas todas ellas, no fue compatible en ningún tiempo con la
organización del Estado romano, mirada esta organización de un modo
riguroso.

Pero no solo hubo entre los romanos derecho internacional y comercio
internacional, sino que los mismos desempeñaron un importantísimo
papel en la evolución política de Roma. No obstante el principio
en virtud del cual los extranjeros estaban privados de derechos,
existieron generosísimas concesiones con respecto a ellos. Las mismas
relaciones geográficas lo trajeron consigo. Las ciudades latinas no
estaban en disposición tal que pudieran apartarse y prescindir de
las etruscas, de las samnitas, de las helénicas; por otra parte, la
organización municipal de todas estas naciones, igual en sus rasgos
generales, produjo necesariamente entre ellas relaciones mercantiles
y judiciales. Cuando el estado legal de guerra era reemplazado por el
estado legal de suspensión de hostilidades, convenido para una larga
serie de años y renovado, por regla general, una vez transcurridos
estos, se calculaba quedar entablado y regulado para lo sucesivo el
comercio internacional. Los tratados fueron, seguramente, el único
medio en que podía fundarse el extranjero para exigir jurídicamente
la comunidad de derecho que los mismos le garantizasen; pero no queda
rastro ninguno de la correspondiente negociación y legalización, no
siendo inverosímil que en realidad se concediera la comunión de derecho
a todo extranjero que no perteneciera a una nación especialmente
excluida o a otra que se hallara en guerra efectiva con Roma. Así,
el _hostis_ se convirtió, de enemigo, en extranjero que vive bajo el
amparo del derecho de hospitalidad, y nuestras fuentes jurídicas más
antiguas hacen referencia, por un lado, a la contraposición entre el
comercio latino, sometido a igual derecho que el romano, y el ulterior
comercio, no sometido a esa igualdad, y por otro lado, a la estima
y aun a la situación privilegiada en que se tenía el procedimiento
jurídico internacional. Al extranjero no se le reconoció la posesión
del suelo, la prescripción adquisitiva, la igualdad en cuanto a la
testamentifacción y a la adopción, ni tampoco la capacidad para los
asuntos de comercio ejecutados por medio del cobre y la balanza,
ni para el procedimiento por jurados en su forma estricta, en la
antigua; con todo, no ha habido quizá nunca una nación que haya ido
tan lejos como la latina en facilitar la práctica de los negocios al
extranjero y en reconocer sus consecuencias jurídicas. Las necesidades
del comercio hicieron que se establecieran algunas normas simples
con relación al mismo, sobre todo en lo relativo al préstamo y a
la compra, desarrollándose, en cuanto al comercio toca, al lado del
derecho nacional romano-latino, un derecho internacional general,
sí, pero en todo caso positivo (_ius gentium_), cuyos principios y
reglas no se tomaban de las convenciones particulares, sino de la
legislación general romana, y cuyo órgano legislativo propio eran las
declaraciones del más alto tribunal romano. De igual manera, al lado
del procedimiento vigente para romanos y latinos, empezó a formarse un
segundo procedimiento, más libre que el anterior, con cortos plazos,
con el privilegio de contar los días de viaje que fuera necesario
emplear antes de que llegaran los términos establecidos para los
ciudadanos, y acaso hasta con tribunales de Jurado compuestos de
individuos de ambas naciones. A principios del siglo VI de la ciudad,
hasta se separaron los tribunales de los extranjeros y los de los
ciudadanos, encomendándose los asuntos de cada clase a un pretor, con
lo que, a la vez que se reconoció la importancia y la frecuencia del
procedimiento internacional, se creó para el mismo una legislación
independiente. El fundamento de esta notable institución jurídica,
tan rica en consecuencias, no fue otro, según parece, que la libertad
de contratar, originada del gran sentido mercantil que muy luego se
desarrolló entre los romanos, y el correspondiente tacto y discreción
para inspeccionar y poner trabas al comercio. Claro es que el Estado
romano conservó siempre el derecho de poder expulsar a todo extranjero
y de cobrar derechos de aduanas en sus fronteras y puertos; pero hasta
donde nos es posible conocer, los romanos y los latinos permitieron
cuando menos que los extranjeros pudieran comerciar en Roma y en el
Lacio, y los romanos y latinos ejercieron también el comercio por su
parte en el extranjero; de modo que en la época del apogeo de Roma, la
libertad comercial, aun con las gentes extranjeras de estirpe extraña,
constituía una de las bases de la organización del Estado.

La confederación nacional, fundamento de la organización del Estado
romano-latino, se hizo extensiva después a la península itálica, y
así la estrecha confederación de ciudades de los latinos se cambió
posteriormente en la más amplia de los itálicos. Pero si se prescinde
del cambio de principios, por virtud del cual el puesto de la ciudad
nacional de iguales vino a ser ocupado por la ciudad política de
semejantes, en todo lo demás las relaciones jurídicas continuaron
siendo en general las mismas.

A la confederación itálica pertenecieron todas las ciudades de la
Italia propiamente dicha y las de la Galia cisalpina que hubieran
celebrado con Roma una alianza perpetua análoga a la latina. También
ahora la comunidad romana celebró el pacto únicamente con cada
una de las otras comunidades, y en el caso de que estas hubieran
formado hasta aquí alguna confederación, como ocurría en Etruria, la
confederación existente tuvo que disolverse políticamente para poder
celebrar el tratado con Roma. Para hacer el tratado era necesario que
existiera una constitución de ciudad que pudiera estimarse igual a
la de la Roma republicana, fuera la tal constitución de nacionalidad
helénica, sammita o etrusca; el punto de partida de tales pactos
podemos verlo en la alianza convenida el año 428 (326 antes de J.
C.) con los napolitanos de Campania. En esta confederación no tenían
puesto los Estados regidos por príncipes, ni las comunidades no
sometidas al régimen de ciudad, como ocurría con las poblaciones de
celtas y ligures de la Italia superior. La denominación política
que se daba a los confederados era la de _socii_, correspondiente
a lo que en realidad eran, combinada con la de los latinos (_nomen
latinum ac socii_); después que este círculo, siempre en aumento,
hubo llegado, por una parte a los Alpes y por otra al mar, empezó a
usarse para ellos y para los latinos de Italia la denominación común
de _Italici_. Esta confederación tendía a asimilarse los latinos;
cuando la lengua y las costumbres latinas se fueron extendiendo
poco a poco a toda la península, señaladamente a las localidades no
defendidas por la civilización griega, superior a la latina, algunas
comunidades latinizadas y algunas otras que aspiraban a la latinización
verificaron su ingreso en la estrecha unión de los romanos, y de
esta manera es probable que fueran desapareciendo continuamente los
límites entre latinos e itálicos. Pero la condición jurídica de las
comunidades confederadas de Italia fue, como la latina, una amalgama de
la disminución en la independencia política y de la equiparación, en
ciertos respectos, de sus miembros a los ciudadanos romanos.

Las restricciones de la soberanía fueron para este círculo las
mismas que se habían establecido para el de las ciudades latinas; la
«alianza de iguales» (_foedus aequum_) otorgada a las comunidades
itálicas implicaba tanto la negación de la independencia jurídica
hacia el exterior, como la sujeción a las leyes romanas dentro de
los límites en aquella señalados. En principio, la obligación del
servicio de las armas que los confederados tenían no era diferente de
la de los latinos; de hecho, las ciudades de la confederación itálica
se dividían bajo este respecto en las dos clases de los _togati_,
obligados al servicio terrestre, y de las ciudades griegas, obligadas
a la instalación de barcos de guerra, de cuyo contingente se compuso
también, principalmente, en la época republicana, la flota de los
romanos, formada según el modelo de la griega. Pero los esfuerzos
dedicados al establecimiento de una Marina permanente de guerra,
adecuada a las exigencias de Italia, no dieron resultados duraderos,
y esta falta política, la más grave que cometió la República romana,
produjo efectos contraproducentes para soldar la menos segura de todas
las partes de la confederación, o sea la de las ciudades helénicas.
Mas por otro lado continuaron los Estados referidos disfrutando de un
gobierno completamente propio e independiente en todas las relaciones
no afectadas por lo dicho, incluso la alta jurisdicción judicial y la
exención de los impuestos romanos.

Los privilegios que en materia de comercio ultramarino adquirió el
ciudadano romano, debidos a la superioridad política de Roma, sobre
todo el de la comparecencia ante las autoridades y funcionarios romanos
residentes en los territorios a donde Roma extendía su poder, y ciertas
ventajas aduaneras, parece que se hicieron extensivos a todos los
itálicos absolutamente, y así Italia, aun antes de que sus habitantes
llegasen a adquirir legalmente el derecho de ciudadanos romanos,
existió, en materia de comercio, como nación unitaria privilegiada
frente a los extranjeros propiamente tales.

Por el contrario, aquellos privilegios que se concedieron desde luego
a los latinos en vista de su igual nacionalidad con los romanos, no
les fueron otorgados a los confederados helénicos, oscos ni etruscos,
a quienes en general se consideraba como extranjeros. Sin embargo,
aun entre los itálicos no latinos se fue abriendo camino una reforma
esencial relativa a la condición jurídica de los mismos. Según la misma
organización primitiva de los latinos, entre estos y los extranjeros
existía cierta comunión jurídica, mas no había fundamento para
considerarla necesariamente eterna. Luego que esta comunión de derecho
dejó de tener su base en la nacionalidad y que se verificó paso a paso
la unión de todos los itálicos bajo la jefatura de Roma, los ciudadanos
de las comunidades de tal manera unidas con la romana no pudieron ser
considerados ya como extranjeros; el napolitano tuvo desde entonces
un derecho todavía más restringido que el palestrino, es verdad, pero
ambos pertenecían igualmente a la unión permanente del Estado romano.
Si el latino fue juzgado desde tiempo antiguo como un individuo
perteneciente a la comunidad dirigida por Roma, lo mismo que el
ciudadano romano, aun cuando con un derecho más limitado que el de este
último, los ciudadanos de los Estados no latinos de Italia, también
eternamente federados con Roma, empiezan ahora ya a formar en cierto
modo una tercera clase próxima a aquellos y a constituir otros tantos
miembros del Reino o Estado romano. La denominación de _peregrini_,
con que siguió designándoseles, cambió de contenido, pues aun cuando
se aplicaba todavía a los extranjeros, el uso principal que de ella
se hacía era para designar a los individuos de derecho restringido
que pertenecían al Reino. El orden jurídico internacional de otros
días, esto es, el _ius gentium_ se fue gradualmente convirtiendo en
un conjunto de normas supletorias en general de los órdenes jurídicos
locales y valederas para todos los miembros del Reino.

CAPÍTULO IX

TERRITORIOS DE LA SOBERANÍA FUERA DE ITALIA

Los territorios que la soberanía de Roma tenía fuera de Italia eran los
Estados confederados dependientes y las localidades sometidas.

Los Estados confederados dependientes de Roma, fuera de Italia,
Massalia, Atenas, Rodas, etc., en la época en que Roma limitaba
el territorio de su mando a Italia, existieron frente a Roma como
Estados contractuales de iguales derechos e igual autonomía que
esta, aun cuando menos fuertes; tampoco los reyes, como por ejemplo
el de Numidia, se hallaban sometidos en un principio a protección
jurídica permanente por parte de la República romana. Pero en el
curso del tiempo, la dominación de Roma sobre Italia se convirtió
en dominación sobre el territorio mediterráneo, lo cual trajo como
consecuencia el que los Estados existentes en este territorio, o
fueron disueltos, o las antiguas relaciones federales que mantenían
con Roma se convirtieron de dependencia de hecho en dependencia de
derecho. Es característico tocante a la materia el tratado que en el
sentido dicho se les obligó a aceptar a los rodios el año 587 (167 a.
de J. C.), el cual indica, además, que la tendencia referida no se
cuidó en un principio de establecer el mando militar romano de un modo
permanente fuera de Italia. Pero sin duda, la institución de estas
llamadas provincias hubo de reclamar imperiosamente la modificación
de las antiguas relaciones federales en el sentido indicado. Hasta
tanto que no existió una permanente magistratura romana sobre el suelo
griego, la República de Atenas, por pequeña que fuera su fuerza,
pudo conservar plena autonomía. Pero tan pronto como el poderoso
confederado estableció en la provincia macedónica un mando militar,
aquella autonomía se redujo a ser cuando mucho puramente nominal,
pues, por ejemplo, fue incompatible con ella el ejercicio de un propio
y privativo derecho de defensa militar. De manera que en esta época
se abolieron completamente las alianzas efectivas de iguales para ser
reemplazadas por una forma en que, llamándose las cosas lo mismo que
antes, se llegó a plantear un estado realmente opuesto al anterior.

Con respecto a los Estados confederados dependientes, fuera de Italia,
valen en lo esencial las mismas reglas conforme a las cuales habíase
organizado la confederación itálica; el derecho de pertenecer al Reino
de Roma se desarrolló en la confederación extraitálica más tarde y más
débilmente que en la itálica.

Si la confederación itálica descansaba en la organización de ciudad de
todos sus miembros, también entabló Roma igual relación con los reinos
monárquicos fuera de Italia. Pero aquí no pudo la relación adquirir
carácter de perpetuidad, en cuanto, según la concepción romana, el
contrato celebrado con los reyes era personal y el cambio de rey exigía
la renovación de aquel, renovación que en el caso presente implica
una investidura, y si esta no fuera conferida, la consecuencia era la
privación o sustracción del territorio dependiente.

También era elemento esencial de la confederación extraitálica la
pérdida del derecho de hacer la guerra y de celebrar tratados; en el ya
mencionado contrato con los rodios es donde encontramos singularmente
la expresión jurídica de esto. Muchas veces, sin embargo, puede
haber sido suficiente con que Roma se reservase la facultad de poder
verificar de hecho la modificación. En esta esfera estuvo en principio
prohibida la igualdad de derecho, con tanto mayor motivo cuanto que la
organización de las relaciones entre las partes dependía en absoluto
de tratados especiales celebrados por las mismas; y en realidad no
hubo excepciones, de suerte que ya en los posteriores tiempos de la
República, en ninguno de los territorios a donde extendía Roma su poder
había ciudad ni príncipe que gozase de autonomía efectiva.

En el particular que nos ocupa existió la comunión con Roma en
cuanto al derecho del servicio militar; por tanto, los individuos
pertenecientes a los Estados extraitálicos confederados con Roma
podían tomar participación en las guerras que esta sostuviese. Pero
esta participación fue muy diferente de aquella permanencia efectiva
del auxilio guerrero que daba su carácter a la confederación de los
itálicos _togati_. Lo mismo que había sido concedida a las ciudades
griegas de Italia la facultad de armar barcos para la flota romana,
también se les concedió a las ciudades griegas extraitálicas, como
Rodas y Atenas. Mas ya hemos advertido que la rápida decadencia de
la Marina romana no permitió que estas prestaciones adquiriesen
permanencia, y esta anulación militar de las ciudades griegas
pertenecientes al Estado romano aceleró su anulación política. La
forma en que el auxilio guerrero se exigió de los reinos monárquicos
dependientes, fue sobre todo la de defensa de los límites del Reino
romano; por consiguiente, los mismos tuvieron más importancia que las
ciudades, pero participaban menos que estas en el auxilio guerrero
ordinario.

Mientras conservó su autonomía el Estado confederado, se le reconoció
también en principio a los extraitálicos; pero una de las consecuencias
más esenciales de ella, a saber, la exención de prestaciones
pecuniarias directas, dependía realmente de la participación en el
auxilio guerrero, de modo que si tal auxilio dejaba de existir, era
reemplazado, no injustamente, por el pago de un tributo. En este
particular todo dependía de las estipulaciones contenidas en cada
tratado, cuya evolución apenas podemos nosotros perseguir; es posible,
no obstante, asegurar que por lo menos los miembros de la confederación
no organizados bajo el régimen de ciudad, y no obligados a prestar
el auxilio de las armas permanentemente, tenían obligación absoluta
de pagar tributos pecuniarios. -- Por otro lado, a estos círculos
políticamente incongruentes y muy alejados de la comunidad romana por
las relaciones de distancia material, les estuvo reconocida de hecho
una autonomía sin duda bastante mayor que la que gozaban los miembros
de la confederación itálica, y aun mayor que la de los miembros de la
confederación latina. Es cierto que se tropiezan disposiciones de la
potencia soberana que implican injerencia de esta en la administración
interna de los distritos o círculos en cuestión, por ejemplo, relativas
a la jurisdicción y a la acuñación de moneda, y que en ningún tiempo
la potencia soberana dejó de menospreciar los derechos adquiridos y
de ejercer opresiones sobre los distritos; pero la Roma republicana
no aspiró a igualar políticamente a estos. En la época del Imperio
es cuando empezó a desarrollarse la tendencia a asimilar, no ya los
Estados confederados extraitálicos, pero sí las ciudades enclavadas en
las provincias y de hecho pertenecientes a ellas, a las comunidades
sometidas, con lo que disminuyó la autonomía de las ciudades
confederadas y al propio tiempo aumentó la de las sometidas.

Pero la soberanía de Roma no solo se ejercía sobre los distritos
confederados que gozaban de mayores o menores derechos, sino también
sobre los sometidos de fuera de Italia; de estos últimos vamos a tratar
ahora.

La relación de sumisión tenía su base en la dedición, esto es, en la
disolución efectuada por Roma de una comunidad que hasta el presente
había tenido existencia, colocando el territorio y los habitantes de
la misma, de un modo incondicional, bajo el poder del Estado romano.
En esta posición se encontraban aquellas comunidades que se sometían
al poder romano después de luchar militarmente con él, o sin lucha. El
estado de privación del derecho de ciudadano romano, en que se hallaban
las comunidades romanas de semi-ciudadanos, se aplicaba igualmente a
la dedición, como se hizo con la comunidad de Capua durante la guerra
de Aníbal. Cuando la dedición no llevaba consigo o la esclavitud o
la concesión del derecho de ciudadano romano, para ambas las cuales
cosas se requería una decisión especial del pueblo, a lo menos en
la comunidad patricio-plebeya (pág. 43), los _dediti_ mismos y sus
descendientes, _dediticii_, no eran considerados ni como ciudadanos,
ni como extranjeros, ni como esclavos, sino como hombres libres sin
el derecho de ciudadano, es decir, que no se hallaban propiamente
privados de derechos, puesto que en el recinto a que se extendía el
poder de Roma a todo hombre libre se concedía la seguridad personal
y el comercio privado, pero sí excluidos jurídicamente del goce de
todas las instituciones que implicaban el derecho de ciudadano, sobre
todo del derecho de matrimonio y del derecho hereditario, y con mayor
motivo aún del derecho de servir en el ejército, y, en general, de
toda participación en la vida política; además, carecían de derecho
frente a la comunidad romana, en cuanto esta no perdía el derecho que
originariamente le correspondiera de disponer de un modo definitivo
de las gentes que de ella dependían, por no haber hecho desde luego
uso de él. En Italia, hasta donde nosotros sabemos, de conformidad
con la naturaleza propiamente provisional de la relación jurídica de
que se trata, esta no se aplicó jamás sino de una manera transitoria;
donde únicamente pudo la misma tener un carácter permanente fue en las
localidades subalpinas. Por el contrario, el gobierno ultramarino de
los romanos se apoyaba predominantemente en el carácter de perpetuidad
efectiva de la dedición.

La denominación _provincia_, dada por los romanos a los distritos
sometidos en Ultramar, la tomaron al derecho del vencedor, cuya
expresión exacta nos la ofrece seguramente la dedición. Con respecto a
los sometidos mismos, se evitó el hacer uso de esta odiosa denominación
y por efecto de la quasi-autonomía que se les concedió y que pronto
estudiaremos, hubo de aplicárseles eufemísticamente la denominación
de miembros confederados (_socii_), que era la que se daba a las
comunidades verdaderamente autónomas.

El régimen de los sometidos fue, conforme a su indicada situación
jurídica, el de estar perpetuamente sujetos a los mandatos superiores
del jefe del ejército. Si el presidente o gobernador de la provincia
ejercía sobre los romanos que vivieran en esta igual jurisdicción que
la que ejercía el pretor en la capital, con relación a los individuos
sometidos, dicho gobernador era un comandante militar y podía por lo
tanto obrar a su arbitrio en todos los respectos.

La organización política de los sometidos continuaba sin embargo siendo
la misma que el caudillo militar romano se encontraba, pero sirviendo
en general de base para ella el régimen helénico de ciudad, habiendo
influido decisivamente para el establecimiento del gobierno provincial
las instituciones griegas que los romanos encontraron en la más antigua
provincia romana, Sicilia, y que sus antecesores en la dominación, los
cartagineses, respetaron también en lo esencial. Cuando se encontraba
alguna confederación de ciudades, regularmente era abolida, lo mismo
que la autonomía efectiva. Conservábanse a la comunidad sometida el
derecho de que sus miembros pudieran tomar acuerdos, el Consejo de
la comunidad y los magistrados de esta; la comunidad, aunque no de
derecho, sí por tolerancia, seguía también teniendo hasta nueva orden
el derecho de personas, el derecho de bienes y los tribunales que
anteriormente había disfrutado. Cuando el Gobierno romano no tropezaba
con un régimen autónomo de ciudad, como ocurrió con los celtas e
iberos, en África y en Oriente, lo que hacía era atemperar desde
luego a este régimen las instituciones existentes hasta modificarlas
y transformarlas por fin en instituciones de organización municipal.
Cuando el Gobierno romano se encontraba con un régimen monárquico,
ordinariamente no lo regía como tal, sino que, o le permitía hacer uso
del derecho de confederarse, o reemplazaba el régimen monárquico por
el de ciudad, como sucedió, por ejemplo, con el Estado de Pérgamo.
La única excepción verdadera que se estableció fue con el reino de
Egipto, agregado a Roma en tiempo de Augusto; en este reino el nuevo
dominador, la comunidad romana, se subrogó en los derechos que habían
correspondido a los anteriores monarcas, si bien en el curso del
tiempo echó también raíces aquí, a lo menos en parte, la organización
de ciudad. Augusto fue tan lejos en este punto, que organizó
corporativamente las ciudades de cada una de las provincias, y hasta
llegó a resucitar, dentro de ciertos límites, la antigua confederación
nacional de ciudades. Aun cuando esta autonomía careció de territorio
jurídicamente fijo, y no tuvo fuerza ni vida propiamente legal, y el
tribunal romano que funcionaba al lado y sobre los quasi-autónomos
magistrados municipales y excluido de derecho del círculo de la formal
autonomía de los miembros confederados, hacía imposible teórica y
prácticamente la independencia de este régimen provincial autonómico,
sin embargo, el espíritu romano-helénico no dejó de ejercer su
civilizadora misión de una manera poderosísima y beneficiosa en este
orden.

Los romanos permitieron que la propiedad territorial de las provincias
continuara desde luego existiendo igual que como ellos la encontraron;
pero solo por tolerancia, lo mismo que antes hemos dicho de la
autonomía, porque la dedición excluía por su propia naturaleza el
reconocimiento jurídico de la propiedad. Mas así como no aplicaron
a Sicilia el derecho de conquista con todas sus consecuencias, así
también no mucho tiempo después observaron la siguiente conducta con
respecto al Asia Menor, y más tarde, como medida general: la propiedad
del suelo conquistado era adquirida de una vez para siempre por el
pueblo romano, y al que hasta ahora había sido propietario de ella
se le reconocía únicamente una posesión de la índole del precario
romano, una posesión protegida y transmisible a los herederos hasta
nueva orden en contrario. Este principio fue, a partir de entonces,
uno de los fundamentales del Derecho público romano. De las alarmantes
consecuencias jurídicas que del mismo fluían, a saber, que la renta del
suelo correspondía de derecho a la comunidad romana, y que el Estado
romano podía distribuir todo el territorio ultramarino de la propia
suerte que distribuía el terreno común dentro de Italia, solamente la
segunda se llevó a la práctica, y excepcionalmente. Por una parte, el
espanto que producía semejante expropiación universal, y por otra, y,
sobre todo, la justificada tendencia a arraigar la comunidad asentada
en Italia por medio de emigraciones ultramarinas en masa, indujeron a
sentar más bien la máxima política de que la propiedad que sobre el
suelo ultramarino correspondía al Estado romano no podía ser asignada a
los particulares, como la itálica, máxima que se respetó absolutamente
durante la época republicana y a la que en los tiempos del principado
solo se faltó por lo que hace a las no muy numerosas colonias de
derecho itálico. De hecho, por consiguiente, la posesión itálica y la
ultramarina del suelo guardaron entre sí una relación parecida a la de
la propiedad con respecto a la enfiteusis.

En lo tocante a las prestaciones que unas y otras debían al Estado
romano, es en lo que se hallaba la principal diferencia entre las
comunidades confederadas y las sometidas.

Estas últimas no tenían obligación de prestar el servicio de las armas.
Solo un Estado era quien podía prestar a otro auxilio en la guerra,
y los dediticios, que carecen de Estado, eran, por tanto, incapaces
de tal auxilio, jurídicamente; sin embargo, por consideraciones
prácticas, el Gobierno romano otorgó también a los provinciales el
derecho de servicio militar. El comandante o gobernador romano de
las provincias podía utilizar también a los dediticios, cuando la
necesidad lo impusiera, para fines militares, pero esto no cambiaba en
nada la posición jurídica de los mismos. Augusto fue el primero que, al
organizar nuevamente la obligación del servicio de armas, atribuyó en
parte este servicio a los pueblos sometidos, y, por tanto, reconoció a
esta clase inferior de individuos el derecho de pertenecer al Reino, al
menos como miembros activos.

Por el contrario, el distintivo jurídico de la sumisión era la
obligación de pagar los impuestos, obligación que propiamente no
tenían las comunidades confederadas, y que a lo más fue en estas un
sustituto de la obligación del auxilio para la guerra. La contribución
que se exigía de los provinciales fue considerada desde luego como
una contribución perpetua de guerra, del propio modo que la provincia
misma se consideró también como un mando militar perpetuo; el nombre
de _stipendium_ que a dicha contribución se daba así lo indica, por
cuanto el motivo de su percepción era el pago del sueldo al ejército
victorioso. Es también de la esencia de esta contribución el que los
impuestos que se pagaban a los anteriores Gobiernos los perciba ahora
el vencedor para sí, como aconteció multitud de veces al organizar
los romanos las provincias. Pero después que el suelo provincial
empezó a ser mirado como parte de la propiedad del Estado romano,
los impuestos que sobre aquel pesaban se consideraron como la renta
inmueble (_vectigal_) pagada al propietario, y esta concepción es la
que posteriormente llegó a adquirir predominio.

Cuanto al derecho de pertenecer al Reino o ser miembros de este, los
confederados extraitálicos, una vez que el Estado extendió sus límites
más allá del mar, se colocaron en una situación igual a la de los
itálicos no latinos, y aun a la de los sometidos, ora se considerasen
estos como dediticios de derecho, ora como comunidades independientes;
no pudieron, pues, ser mirados ya como extranjeros, sino como los
miembros del Reino del peor derecho de todos, como lo da a entender
la denominación usual de _socii_ que se les aplicaba. De hecho,
durante los últimos tiempos de la República y durante el Imperio, la
peregrinidad fue una segunda forma de pertenecer al Estado.

A medida que se fue extendiendo gradualmente el círculo de los
individuos que pertenecían al Reino, fue también debilitándose, y
podemos decir que desapareciendo el Derecho internacional. Hemos
indicado anteriormente que este derecho tuvo la más alta importancia,
tanto extensiva como intensivamente, en las diferentes épocas de la
evolución de Roma; que la confederación latina se puso en relaciones
jurídicas con Cervetere y Nápoles, con Massalia y Rodas, gracias a
los tratados de amistad, y que hasta la confederación itálica entró
en relaciones mercantiles, sobre la misma base, con las ciudades y
reinos del Oriente griego. Las restricciones comerciales, como las que
nos indican en parte los tratados con Cartago, parece que fueron una
excepción; lo general y ordinario fue que la organización internacional
romana presupusiera y reclamara una amplísima comunión mercantil. Sin
embargo, la igualdad jurídica efectiva de los Estados contratantes,
igualdad de que se debe partir para la celebración de estos tratados
internacionales, no pudo subsistir mucho tiempo, dado el continuo
incremento de la supremacía romana. La alianza entre iguales, en el
recto sentido de la palabra, desapareció del Derecho público romano;
en las épocas posteriores no se conoce la alianza sino como forma
suavizada de la sujeción, y los llamados extranjeros no eran otra cosa
que individuos de derecho mermado pertenecientes al Reino romano. El
Estado romano, crecido en medio de una libertad comercial ilimitada,
concluyó su obra hacia fuera, a lo cual contribuyeron la monstruosa
extensión de sus límites y la coincidencia, por decirlo así, oficial
del Estado de Roma con el círculo de la tierra (_orbis terrarum_). Allí
donde, como en África, en Egipto, en Oriente, existían efectivamente
fronteras territoriales, el comercio encontró trabas en ciertas
limitaciones artificiales y en las aduanas. La concepción originaria,
según la cual el hombre de estirpe extranjera era un enemigo y como
enemigo debía ser tratado, hubo de resucitarla el Estado en su
decrepitud, frente a los germanos y a los persas.

CAPÍTULO X

EL RÉGIMEN DE CIUDAD DEL ESTADO UNITARIO

Hasta ahora hemos estudiado la evolución del Reino romano. Si en este
la potestad soberana era cosa perteneciente a la ciudad, la posesión
plena, inadmisible y exclusiva de dicha potestad fue un derecho
privilegiado de la ciudad de Roma, y Roma fue por este medio la que
ocupaba el punto central del edificio político, edificio que no era,
a su vez, otra cosa sino una confederación de ciudades. Lo cual es
aplicable así a la confederación de las ciudades latinas como a la de
las itálicas, y aun las comunidades extraitálicas fueron organizadas
de manera tal, que la autonomía que disfrutaban o les había sido
reconocida jurídicamente por el poder central, o por lo menos era una
autonomía concedida de hecho por el mismo. No de igual manera, pero
con análogos resultados de conjunto, coexistieron las comunidades
de ciudad subordinadas a un poder central, en todas las formas y
modificaciones por que fue pasando el Estado romano en el curso secular
de su historia. Ya dejamos examinadas las fases sucesivas de las
confederaciones latina, itálica y ultramarina; quédanos por exponer
todavía la unión final del Reino a que toda esta evolución condujo, la
transformación de la confederación de ciudades en un Estado unitario
organizado sobre la base del régimen de la unión de ciudades.

Ningún axioma se afirmó desde luego en la evolución del Estado de Roma
tan enérgicamente como el de la absoluta centralización política, que
excluye toda autonomía de las partes. Esto se ve tanto en el modo como
son consideradas las curias (pág. 27), las tribus (pág. 56), y las
categorías privilegiadas de la ciudadanía (pág. 67), como también en
todo el curso del movimiento plebeyo (página 89), movimiento que se
opone a esta unidad, y, por lo tanto, se niega a sí mismo. Pero la
condición y supuesto realmente indispensable de dicha centralización
política era la centralización territorial, por lo que tan pronto como
dentro de la ciudadanía romana se forman otros organismos locales
intermedios que gozaron de posición especial y propia en su régimen
de ciudad, empieza a disgregarse y conmoverse el fundamento referido.
Los imperceptibles comienzos del fenómeno de que se trata son casi
tan antiguos como la misma Roma. Cuando Roma adquirió su puerto, y
a él se envió un cierto número de ciudadanos para que residieran
permanentemente en el territorio particular que se les otorgara
(_colonia_), parece que la residencia de sus sacra comunes conservó una
quasi-magistratura organizada conforme al modelo de la romana; pero
no es posible todavía llamar a esto autonomía local. El comienzo de
esta autonomía lo encontramos en el siglo V de la ciudad. La colonia
de ciudadanos de Ancio, la segunda en antigüedad, fundada conforme
al modelo de Ostia, recibió, según referencias dignas de crédito, un
estatuto especial y una magistratura propia, que imitaba a la romana,
veinte años después de su fundación, o sea el año 437 (317 a. de J.
C.). Estas comunidades de ciudadanos localmente cerradas nacieron en
virtud de autorización política, pero parece que también se formaron
muchas veces, con solo el elemento de la residencia, mercados (_fora_)
y lugares de reunión (_conciliabula_), cuya población se componía
predominantemente de ciudadanos; estos _fora_ y _conciliabula_ fueron
convirtiéndose igualmente en comunidades organizadas, más o menos
rigurosamente, según el régimen de ciudad. De las comunidades de
semi-ciudadanos que por esta misma época comenzaron a tener existencia,
aquellas que antes de entrar a formar parte de la ciudadanía romana
disfrutaban de una autonomía administrativa bastante amplia,
conservaron como hemos indicado (pág. 95), un resto por lo menos de
ella, y lo mismo pudo acontecer cuando comunidades de derecho latino o
itálico, que hasta entonces habían sido autónomas, adquirían el derecho
de los ciudadanos romanos. Ahora bien: como el número de tales círculos
particulares, a los que se concedía cierta independencia hubo de ir en
constante aumento dentro de la ciudadanía romana, es claro que tuvo
que realizarse una completa transformación de la organización hasta
entonces vigente, por virtud de la cual lo que antes era excepción
vino a convertirse en regla, y el derecho de ciudadano romano, como
el conjunto de todos estos derechos de las patrias particulares, se
convirtió en el derecho del Reino. Dicha transformación fue debida,
ante todo, a la guerra social entre los miembros confederados, de la
cual resultó que todos los itálicos fueron admitidos en la ciudadanía
romana.

Trajo consigo esta transformación un cambio en la composición de las
tribus; por consiguiente, un cambio en la organización del sufragio,
puesto que este derecho se concedía a las tribus o a las centurias
condicionadas por las tribus. Si hasta ahora el ciudadano poseedor
era por regla general adscrito a la tribu en donde tenía sus bienes
inmuebles, y el no poseedor a una de las cuatro tribus urbanas, ya
antes de la guerra social aquellas comunidades que resolvían sumarse a
la ciudadanía romana eran agregadas a las tribus, no solamente en el
sentido de que su territorio era inscrito en una de estas, sino también
en el de que los individuos pertenecientes a las dichas comunidades
adquirían y conservaban para sí y para sus descendientes el derecho
de sufragio en la misma tribu a que empezaban a pertenecer. Cuando
más tarde, a consecuencia de aquella gran revolución, la inmensa
mayoría de las ciudades itálicas entraron a formar parte de la unión
de los ciudadanos romanos, y probablemente también aquellas antiguas
comunidades de ciudadanos que hasta entonces habían estado privadas
del derecho de sufragio lo adquirieron, las tribus se cambiaron,
de reuniones de poseedores de inmuebles dentro de ciertos límites
territoriales, en un conjunto de ciudades particulares a las cuales se
reconoció su propio derecho indígena. Aquel que descendía de un romano
que había adquirido el derecho de ciudadano por haber sido Venusia
admitida en la ciudadanía, adquiría de una vez para todas el derecho de
sufragio en la tribu horacia, aun cuando no fuese ya poseedor de bienes
inmuebles en Venusia, y probablemente aun cuando no fuera ya poseedor
de tales bienes en ningún sitio. A las cuatro tribus urbanas no les era
aplicable este sistema territorial, y a ellas seguían perteneciendo
esencialmente solo los ciudadanos que no se hallaran en plena posesión
de los derechos honorarios. En los Comicios dominaron de allí en
adelante, al menos en potencia, las ciudadanías de las ciudades que
tenían derecho de sufragio. Por consecuencia, a partir de este tiempo,
el ciudadano romano poseía, por un lado un derecho de ciudadanía,
indígena, especial suyo, y por otro lado, un derecho general de
ciudadano, ligado con el primero, al cual derecho de ciudadano general
no le queda ya otra cosa que el nombre de la ciudad de Roma. Esta
nueva organización de que tratamos no hubo seguramente de ponerse en
práctica, por lo general, de una manera rigurosa; sobre todo, parece
que quedaron fuera de la unión municipal las antiguas familias nobles,
tanto patricias como plebeyas, que no provenían de ningún municipio, e
igualmente se conservaron algunas otras excepciones personales. Pero
que el nuevo derecho de ciudadano romano era en realidad el derecho
político del ciudadano, lo demuestra la circunstancia de que el mismo
podía ir unido, tanto con el derecho indígena de una comunidad de
ciudadanos, como con el de una comunidad de no ciudadanos: también
la composición de las tribus tuvo ahora seguramente un carácter
exclusivamente personal. La exclusividad propia del derecho de
ciudadano de Roma se aplicó también al derecho indígena; nadie podía
ser a la vez ciudadano de Capua y de Puzol, o de Capua y de Atenas;
pero el ateniense pudo ahora ya adquirir el derecho de ciudadano romano
sin perder por eso su derecho de ciudadano ateniense.

Por tanto, luego que por efecto de la distribución de la ciudadanía,
que originariamente residía en un solo punto, en numerosos organismos
locales intermedios diseminados por toda la península itálica, la
organización primitiva, que negaba toda independencia a las partes del
Estado, vino a parar al extremo contrario, y la comunidad de Roma, o
mejor dicho, la comunidad del Reino empezó a estar constituida por
un cierto número de comunidades sometidas al régimen de ciudad,
presentose el problema de ordenar convenientemente las relaciones
que deberían guardar entre sí la autonomía de la comunidad del Reino
y la de las particulares comunidades de ciudad; o lo que es igual,
puesto que al verificarse esta transformación fue también fijada
indefectiblemente la centralización de hecho y de derecho del poder
político, se hizo preciso determinar la cantidad de derechos que de
los pertenecientes a la antigua autonomía de las ciudades confederadas
podían dejarse a las nuevas ciudades del Reino. Lo cual dio origen al
nuevo derecho municipal, esto es, al derecho de la ciudad dentro del
Estado. Los derechos que al poder central correspondían frente a las
ciudades confederadas, no solamente no fueron disminuidos, sino que se
aumentaron: para las relaciones exteriores no se conocía la existencia
de otro Estado que la del Reino unitario, no la de ninguna particular
ciudad; y si la legislación general del Reino se había inmiscuido ya
antes, por vía de excepción, en el derecho de las ciudades (pág. 103),
ahora este fenómeno se convirtió en regular, corriente e indiscutible.
El derecho de celebrar pactos federales y las altas atribuciones que
tuvieron las comunidades confederadas en materia militar debieron
desaparecer; los municipios de ciudadanos no tuvieron facultades
para celebrar alianzas con Roma, y el ciudadano del Reino, reclutado
militarmente en Palestrina, no fue ya un soldado palestrino, sino
romano. También desapareció el derecho privativo de las ciudades,
por lo menos en general. El precepto jurídico romano, hasta ahora no
aceptado por las ciudades latinas, por virtud del cual los esponsales
no producían acción, se hizo extensivo a estas cuando entraron a formar
parte de la ciudadanía romana. Es probable que continuaran existiendo
como estatutos locales algunas disposiciones que se apartaran de las
reglas generales legales; sin embargo, lo que parece tuvo predominio
fue la nivelación. Los municipios de ciudadanos perdieron también en
lo esencial la alta jurisdicción que habían conservado las ciudades
confederadas, y sus habitantes se vieron obligados, por regla general,
a comparecer y hacer valer sus derechos ante los magistrados romanos;
sin embargo, la competencia criminal que las ciudades tenían les fue
respetada en una gran extensión, y por otra parte, es probable que
para los asuntos civiles o privados de menor importancia y para los
urgentes, sobre todo para aquellos cuyo conocimiento no se encomendaba
en las antiguas comunidades de ciudadanos romanos al pretor de Roma,
sino a su vicario o representante local, se mantuviera en la ocasión
presente la jurisdicción municipal. En todo caso, al municipio
de ciudadanos se le conservaron ciertos elementos esenciales de
su anterior autonomía, y a los que nunca los habían tenido se le
concedieron ahora. El derecho de ser persona jurídica, que según la
concepción primitiva de Roma no correspondía sino al Estado mismo,
la capacidad de poseer bienes y la de recibir herencias y manumitir
esclavos los tuvieron y ejercitaron también los municipios de
ciudadanos. Los cuales tuvieron asimismo sus magistrados, sus Consejos
y sus Cuerpos consultivos, sus Comicios para las elecciones y para
legislar, su caja común, y por consiguiente la autonomía administrativa
y financiera, si bien las atribuciones de la magistratura y las de
los Comicios fueron grandemente mermadas, como se desprende de lo que
dejamos dicho.

Resulta, pues, que la forma que el Estado unitario, compuesto de
ciudadanos de igual derecho, adquirió medio siglo antes de que la
libertad romana llegara a su ocaso, solo se aplicó en un principio
a Italia, y a esta hubo de limitarse en lo esencial, por cuanto el
fundamento de toda perfecta unión política, la comunión de lengua y
costumbres, en Italia es donde ahora hubo de tener desarrollo completo.
Pero el sistema era también aplicable al territorio ultramarino, y
poco a poco fue trasponiendo los límites de la península. A principios
del siglo III de J. C., las ciudades de derecho latino y de derecho
peregrino de todo el Reino se hallaban convertidas en municipios de
ciudadanos, con lo que la confederación de ciudades, en su sentido
más amplio, dio lugar al derecho de ciudadano del Reino. Fuera de la
ciudadanía del Reino no quedaron de ahora en adelante más que los
_gentiles_ no organizados bajo el régimen de ciudad y no pertenecientes
al Reino bajo la forma de la confederación o de la autonomía tolerada,
los príncipes de los sarracenos y de los godos, los sátrapas de
Armenia, las tribus de los confines africanos y los extranjeros
residentes en las Galias y en Italia.

LIBRO II

LA MAGISTRATURA

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO DEL CARGO PÚBLICO

La capacidad de obrar, la facultad de querer y de exteriorizar la
voluntad, lo mismo que la de hacer valer esta dentro de los límites
del poder, son inherentes de un modo natural a la persona física.
Los romanos trasladaban idealmente esta capacidad de obrar a la
colectividad que hemos estudiado en el libro primero, a la ciudadanía,
al _populus_, y subordinaban la voluntad individual de todas las
personas físicas pertenecientes a la colectividad a esta voluntad
común. Sobre estas dos bases estribaba el concepto que ellos tenían del
Estado. La falta de independencia individual enfrente de la voluntad
colectiva era el criterio distintivo de la comunidad política y lo que
diferenciaba al Estado de las corporaciones, por ejemplo, de la curia y
del Senado.

Si nos es permitido aplicar aquí una de las expresiones del derecho
privado romano, diremos que la voluntad colectiva es una ficción
política. En la realidad se necesitaba, para manifestar y ejecutar
esa voluntad, una representación, de manera análoga a como sucede
en el derecho privado con respecto a los menores, incapaces de
obrar. Y así como para estos existe la tutela, así también, según el
derecho político, vale como acto de voluntad de la colectividad el
realizado por un varón que haya sido puesto para representar a esta
en el caso particular de que se trate. Pero la representación de la
comunidad va más lejos que la tutelar, en cuanto el tutor suple a una
persona con existencia física, pero que no tiene completa capacidad
de obrar, mientras el representante de la comunidad obra en lugar de
una persona que no existe físicamente. El acto de voluntad político es
siempre el acto de un hombre singular, puesto que el querer y el obrar
son indivisibles uno de otro; según la concepción romana, el obrar
colectivo por medio de un acuerdo de la mayoría es una contradicción.
El representante de la colectividad no podía ejecutar ciertos actos
sino cuando para ello estuviera autorizado por la mayoría de las partes
componentes de la ciudadanía o por la mayoría de los Senadores; pero
el acuerdo de la ciudadanía o del Senado únicamente se convierten en
actos de la comunidad cuando el representante de esta los provoca
y los ejecuta, y cuando así sucede, el acto realizado es lógica y
prácticamente un acto del representante de la comunidad.

Aquella persona singular a quien por la constitución de la comunidad
se confiere la representación de esta, ora en general, ora dentro de
ciertos límites, es un magistrado, y acciones de la comunidad son todas
aquellas que se ejecutan por el representante mismo o por encargo suyo
dentro de los límites a tal efecto señalados. Regularmente, se exige
para obrar en nombre de la comunidad una representación organizada de
un modo fijo; solo en ciertos casos, singularmente en los de perjuicios
originados a la comunidad, es cuando la constitución autoriza a todo
ciudadano para representar a esta y cuando por excepción tiene lugar
una representación de la comunidad por quienes no son magistrados.

De donde resulta que la magistratura, la encarnación del concepto del
Estado y la depositaria del poder de este, no puede concebirse como
basada jurídicamente sobre la voluntad colectiva de la ciudadanía, por
cuanto esta voluntad no puede en general ejecutarse por sí sola; más
bien, según la concepción romana, la magistratura es más antigua que
la comunidad popular que la crea, y el mandato, sin el cual no puede
ciertamente ser pensada representación alguna, se transmite desde el
antecesor a los sucesores, los cuales van ocupando el puesto que dejan
vacantes los otros, gracias al interregnado, que ya estudiaremos. Y
este estado de cosas subsistió realmente, sin interrupción, hasta
los comienzos del Principado. Después que comenzó a realizarse el
nombramiento del sucesor con intervención del antecesor en la forma
de pregunta previa dirigida a los Comicios, estos y la magistratura
contribuyeron por igual a conferir la autoridad de que se trata al
nombrado. Tal concepción de la magistratura y los Comicios, como
depositarios igualmente independientes de la voluntad colectiva, es
la que domina y penetra el derecho político de la época republicana;
pero en los tiempos posteriores de esta, los Comicios fueron poco
a poco siendo considerados como los propios representantes de la
comunidad, aun cuando nunca llegaron a serlo completamente, y entonces
la cooperación de los magistrados en la manifestación de la voluntad de
aquellos perdió la forma anterior de acuerdo con los Comicios y quedó
reducida a dirigir el acto.

La posesión de los cargos públicos de la comunidad era en sí tanto un
derecho como una obligación de los particulares ciudadanos, lo mismo
que el servicio militar y que otras prestaciones públicas. En los
primitivos tiempos hubo de emplearse coacción jurídica para obligar a
ser magistrado, como puede demostrarse que ocurrió con el sacerdocio;
a esto obedece el que en Roma no se conociera nada parecido a una
declaración formal de aceptación hecha por el magistrado nombrado, y
que, por regla general, entre el nombramiento y la toma de posesión
no mediara tiempo alguno. Pero en los tiempos históricos de la libre
República, ninguno de los cargos públicos, ni aun siquiera los no
apetecibles e indirectamente más o menos forzosos, fueron oficialmente
obligatorios, o por lo menos, no hay noticia de que lo fueran. Por
lo mismo, tampoco se habla de motivos legales de exención a fin de
ser nombrado para un cargo de la comunidad; por el contrario, a todo
ciudadano le estaba permitido, sin limitación alguna, excusarse del
cargo antes de admitirlo o renunciar al que se estaba desempeñando
antes de que transcurriera el tiempo de su duración. Había establecida
una rigurosa línea de demarcación entre las prestaciones públicas
obligatorias (_munera_) y los cargos, o según la expresión romana,
los «honores» (_honores_); no era propio del orgulloso Estado libre
de Roma el considerar el desempeño de sus asuntos como una prestación
obligatoria. Durante el Principado, es cuando por vez primera aparece
tal concepción, hija de la desaparición del sentimiento de la comunidad.

La representación de la comunidad por un miembro de ella exigía, en
su más antigua y más pura forma, la existencia de un señor único de
dicha comunidad, al cual le fuere concedida la eterna duración que
requiere la eternidad de la comunidad misma, por medio de un orden de
suceder regulado de un modo fijo. Esto fue la Monarquía, el _regnum_,
forma la más antigua del Estado romano. No vamos ahora a dilucidar
si la comunidad representada y la persona que la representaba eran
consideradas como un doble sujeto de derecho o como un sujeto único;
el hecho de que el Rey tuviera un alojamiento debido al cargo que
desempeñaba, es un motivo que nos induce a suponer con bastante
fundamento que su patrimonio y el de la comunidad no eran jurídicamente
distintos. La representación de la comunidad por su Rey era perfecta;
esta representación valía lo mismo para ante los dioses romanos y
frente al extranjero, que frente a los ciudadanos del propio Estado;
igualmente como sacerdocio supremo, que como jurisdicción judicial,
como mando del ejército y como administración del patrimonio común.
Pero ni de hecho ni de derecho era un poder ilimitado. A la comunidad
ideal pertenecía, como lo demanda su derecho a dar leyes, un poder
sin límites para dar disposiciones sobre la vida y el patrimonio de
los ciudadanos; pero los actos de voluntad de su representante solo
podían considerarse como voluntad de la comunidad en tanto en cuanto
cumplieran con los requisitos exigidos por las prescripciones de
esta, y singularmente en tanto en cuanto el Consejo de la misma y la
ciudadanía hubieran prestado su consentimiento en aquellos casos en que
este era necesario por la constitución. Cuando el Rey no obrara como
representante legítimo de la comunidad, su acto no era un acto de esta.

Nuestra tradición no se remonta hasta la época de la Monarquía, y
por tanto, no es posible hacer una exposición histórica de ella;
pero las organizaciones que de la misma se derivaron, y que vemos en
tiempos posteriores, nos remiten y conducen a la existencia de un
poder originario perfectamente pleno. A la Monarquía sucedió lo que
en nuestro modo de hablar llamamos República; mas los romanos, para
quienes _res publica_, que corresponde exactamente al _common wealth_
inglés, era sencillamente el nombre con que se designaba la comunidad,
parece que cuando cambió la constitución del Estado no tuvieron un
nombre con qué designar la nueva constitución de una manera positiva,
y la consideraban y designaban, negativamente, como la abolición de
la unicidad y de la vitalicidad del representante de la comunidad,
igualmente que como la supresión del nombre que hasta el presente
había llevado[4]. La magistratura suprema republicana fue considerada
como igual jurídicamente al Rey, como lo demuestra bien claramente el
_interregnum_, que siguió existiendo. La concepción de la organización
nueva como el comienzo de la soberanía del pueblo, de la omnipotencia,
cuando menos teóricamente, de los Comicios, fue, como ya se ha notado,
la concepción de la República que se democratiza[5]. Menos exacto
aún es concebir la abolición de la Monarquía como la fundación y
establecimiento de la libertad, de la _libertas_, pues la medida de
la sujeción de los ciudadanos con respecto al Estado, no dependía del
número de los representantes ni de la duración del cargo, y por otra
parte, la ciudadanía de tiempo de Numa no parece haber sido ciertamente
una reunión de esclavos, puesta en parangón con la que hubo de venir a
sucederla. La revolución que dio origen a la soberanía de los cónsules
no se dirigió contra el poder real como tal, sino contra el abuso del
mismo, supuesto que depuso a los señores de la comunidad culpables y
suprimió la unicidad y la vitalicidad del cargo, que eran los motivos
conocidos de tal abuso. El identificar la organización republicana
con la «libertad» del pueblo, igualmente que el concebir al soberano
vitalicio como _dominus_, esto es, como el «propietario» del Reino,
fueron cosas debidas a la oposición de los tiempos cesarianos y a la de
los del Imperio, al orden de ideas de los asesinos de César y de los
admiradores y partidarios de estos.

[4] En Livio, 2, 1, se encuentra esta concepción traslaticia y
exacta.

[5] Esta concepción la representa, v. gr., Cicerón, _De re pub._,
1, 31, 47. Por lo demás, los representantes de esta teoría no
pretendieron en manera alguna prescindir de la época de los
Reyes, por cuanto ellos hacen remontar aun a esta la situación
que posteriormente tuvieron los Comicios. (V. Hermes, 16, 147.)

En este libro vamos a tratar de la magistratura de la República. No
hay duda de que en los tiempos de esta no existía ya la identidad
jurídica entre la función y el funcionario, identidad vigente acaso
durante la Monarquía, porque esa identificación no se compadece con el
interregnado, y es enteramente incompatible con la pluralidad de los
magistrados. El alojamiento inherente al cargo únicamente perteneció
durante la República a la mortecina sombra de Rey que hubo de seguir
existiendo para los fines religiosos; en esta época los locales donde
ejercían sus funciones los que ocupaban cargos eran de propiedad de la
comunidad, y los individuos que desempeñaban tales funciones residían
en su casa particular y seguían en su posición de meros individuos
privados. En nuestro estudio vamos a ocuparnos, primeramente de la
distribución del régimen sacral o religioso entre los sacerdotes y la
magistratura (capítulo II), y luego de la oposición entre el régimen o
gobierno de la ciudad y el de la guerra (cap. III). Después trataremos
del nombramiento de los magistrados (cap. IV) y de las condiciones
requeridas al efecto (capítulo V); de la colegialidad y la colisión
de los magistrados (cap. VI); de la duración de la magistratura, toma
de posesión y cesación en los cargos (cap. VII); de los derechos
honoríficos y emolumentos de los magistrados y servidumbre de los
mismos (cap. VIII); finalmente, de los auxiliares, sustitutos o
suplentes y consejeros de los magistrados (cap. IX). En el libro III se
hablará de las particulares magistraturas históricamente consideradas,
y en el IV, de los particulares órdenes o clases de asuntos
encomendados a los funcionarios. Pero antes nos parece indispensable
hacer una explicación de la terminología que vamos a emplear.

Con la palabra _imperium_, cuya etimología no explica suficientemente
la idea a que se refiere, se designaba la declaración de la voluntad de
la comunidad en la forma anteriormente dicha, es decir, el derecho de
mandar en nombre de la comunidad. El _imperium_ lo usaba exclusivamente
el poder eminente del Estado sobre los ciudadanos, y solo se atribuía
a aquel a quien correspondiera plenamente este poder; de manera que en
la palabra _imperium_ parece encarnado el concepto primitivo del cargo
público. A los representantes de la voluntad de la comunidad que no
pertenecían a la organización romana primitiva, y a los cuales se les
concedía una competencia limitada, se aplicaba una expresión análoga a
la anterior, pero más general que ella y hasta de frecuente uso en el
derecho privado: la _potestas_.

Los depositarios de esta absoluta voluntad de la comunidad no eran
designados de otro modo que por el especial cargo que desempeñaban; no
existía un nombre común aplicable a todos ellos, pues el de _imperator_
tuvo bien pronto un sentido técnico y restringido, habiéndose permitido
aplicar esta denominación a los individuos que poseían el _imperium_,
solamente cuando su mandato en nombre de la comunidad hubiera conducido
a la victoria en una batalla.

_Magister_, que posteriormente fue una calificación aplicada a todo
representante, sobre todo a los que funcionaban solos, y que más
todavía que para las relaciones políticas se usó para las religiosas
y para las de derecho privado, debió aplicarse también en los tiempos
antiguos a los que poseían _imperium_, pues el abstracto _magistratus_,
derivado del _magister_, y a cuya raíz hay por fuerza que referirlo, se
aplicaba a todo el que poseía _imperium_, aun a aquellos que no estaban
sometidos a elección popular, tales como el dictador, el _interrex_,
el jefe de los caballeros y el vicario o prefecto de la ciudad. Esta
denominación derivada conservó el valor y la significación política
que con el tiempo perdió la radical, y en ella es donde encontró su
expresión adecuada la antítesis rigurosa entre el Estado y cualquiera
otra comunidad; pues cuando se hablaba de magistrados plebeyos y de
magistrados municipales, con la palabra _magistratus_ no se quería
decir más que la plebe pretendía ser un Estado dentro del Estado, y
que la ciudad que pertenecía al Reino romano era dentro del mismo un
Estado que en otro tiempo fue soberano y cuya existencia no se ha
borrado completamente en el Reino de Roma. Ahora, la prueba de que en
el proceso evolutivo de la comunidad romana el centro de gravedad del
poder soberano pasó desde la magistratura suprema a la Asamblea de los
ciudadanos, o por lo menos aquella lo compartió con esta, la tenemos
en que si bien la denominación de _magistratus_ se siguió aplicando
a los cargos supremos que no eran de elección de los Comicios, y que
anteriormente hemos nombrado, se hizo extensiva también a todos cuantos
individuos recibían alguna comisión de la comunidad por medio de la
elección de los Comicios, y por el contrario, no se daba a ningún
individuo que hubiere recibido comisión o encargo de una autoridad o
que hubiera sido instituido exclusivamente por esta; así que, por
ejemplo, de los suplentes o vicarios del pretor para la administración
de justicia y de los jefes de legión, todos los cuales tenían igual
competencia y título, solo recibían el nombre de magistrados los
nombrados en los Comicios. De igual modo, aunque en sentido menos
técnico, se aplicaba el _honor_; designábase como tal el cargo público,
en tanto en cuanto la colación del mismo por los Comicios era una
distinción para el elegido. En el estudio que vamos a hacer de la
magistratura emplearemos en general el concepto de esta en el sentido
que posteriormente se dio a la misma, no en el primitivo, si bien
los límites trazados son puramente exteriores, y no es prácticamente
factible el hacerse cargo en la exposición de los puestos que, a
comenzar desde el momento dicho, van siendo, a medida que el tiempo
corre, confiados al nombramiento de los Comicios.

Si atendemos a las clases o categorías de magistrados, veremos que
la oposición entre el _magistratus patricii_ o _populi romani_ y
el _magistratus plebeii_ o _plebis_ no significa propiamente más
sino que el representante de la plebe, en un principio de hecho
y después también de derecho, no era considerado como magistrado
efectivo de la comunidad. La rigurosa e importante contraposición
entre la magistratura ordinaria y la extraordinaria no tenía una
correspondiente terminología: llamamos magistrados ordinarios a
aquellos cuya competencia se determina y regula de una vez para
siempre y para los cuales hay una denominación fija; en tanto que
son extraordinarios aquellos cuya competencia se determina en cada
caso particular, ora se hiciera esta determinación al mismo tiempo
que se les elegía, ora, y esto era lo regular, por medio de una
ley especial anterior al nombramiento: estos magistrados no tenían
denominación alguna, ni general siquiera. A la primera categoría
pertenecían, por ejemplo, el cónsul, el dictador, el censor; a la
segunda, v. gr., los duunviros nombrados para cada particular proceso
de alta traición, y los decenviros para dar una constitución a la
comunidad. Los cargos públicos ordinarios podían ser permanentes,
cuando, según la constitución, hubieran de estar siempre funcionando,
y procedían regularmente de elecciones anuales (_magistratus annui_),
y no permanentes, como sucedía con la dictadura, que solo tenía
lugar en especiales circunstancias, y con la censura, que según la
constitución no funcionaba más que intermitentemente. La separación en
magistrados mayores (_magistratus maiores_) y menores (_magistratus
minores_), regularmente se refería solo al mayor o menor poder anejo
a las distintas magistraturas; pero los poseedores del _imperium_ y
los censores que procedían de las elecciones iguales de las centurias
se consideraban en posesión de los _auspicia maiora_, mientras que a
los elegidos en los Comicios por tribus solo les correspondían los
auspicia minora, y en general eran menos considerados que los otros.
La denominación de _magistratus curules_, tomada de la silla judicial
que usaban, se aplicó a todos los cargos públicos que participaban del
_imperium_, aun a los ediles de categoría superior, que no poseían sino
una jurisdicción limitada; los censores no tenían este _imperium_, pero
en los tiempos posteriores también se pudieron contar entre los que lo
poseían.

La organización republicana no conoció cargos públicos sin potestad
pública, o a lo más los conoció con respecto a los magistrados que
habiendo sido abolidos, continuaron encargados de las cosas religiosas,
como sucedió con el _rex sacrorum_ en la comunidad romana y con otras
muchas instituciones semejantes en los Estados latinos que iban
ingresando en la misma. Por el contrario, parece haber sido frecuente
la existencia de potestad pública sin cargo. Esta potestad se expresaba
por medio de la denominación general _pro magistratu_, o por la
especial correspondiente _pro consule_, _pro praetore_, etcétera, y por
lo regular la usaban los particulares adornados de funciones públicas,
y también los magistrados inferiores adornados de funciones superiores,
sin que hubiera diferencia terminológica entre los particulares
que, transcurrido el tiempo de la función que habían ejercido, la
continuaban ejerciendo de derecho, y los lugartenientes que funcionaban
como magistrados en virtud del mandato recibido (cap. IX). Sin embargo,
por modo excepcional, aun después que se suprimieron las condiciones
legales necesarias para el nombramiento de los magistrados, se conoció
la promagistratura; por ejemplo, los tribunos militares, instituidos
para prestar auxilio a la administración de la magistratura suprema,
fueron considerados como promagistrados. La denominación de que se
trata tuvo, pues, en el Derecho político un puro valor negativo,
significando solo la carencia de función en ciertos magistrados, y si
queremos comprender también la categoría últimamente mencionada, la
carencia de función ordinaria en algunos magistrados.

CAPÍTULO II

EL RÉGIMEN SACRAL

Si la tradición nos hubiera conservado una imagen de la más antigua
organización de la comunidad, probablemente veríamos que su fundamento
fue la compenetración de las cosas divinas y las humanas; una
jurisdicción igual e igualmente poderosa bajo ambos respectos, una
jurisdicción unitaria, compuesta del sacerdocio y de la magistratura.
Aquella organización que nosotros llamamos republicana, por
contraposición a la anterior de la época de los reyes, representa lo
contrario de esta, o sea, una rigurosa separación entre el sacerdocio
de la comunidad, _sacerdotes publici populi Romani_, y la magistratura
de la comunidad, _magistratus publici populi Romani_, y una manera
análoga de considerar ambos círculos u órdenes; y no ya simplemente la
exclusión completa del sacerdocio del manejo de los asuntos temporales,
sino además la subordinación del mismo, en tanto en cuanto lo exigiera
la organización unitaria de la comunidad, a la magistratura. Esta
secularización, tan acentuada como fue posible, de la magistratura,
fue acaso lo más esencial y característico de la nueva organización
republicana, y a ella fue debida también la introducción en la
comunidad romana del predominio de la omnipotencia del Estado, gracias
al cual consiguió Roma la hegemonía en la civilización antigua.

Que ambos los indicados círculos estaban sujetos a iguales normas,
se demuestra, sobre todo, por la circunstancia de que a sacerdotes
y magistrados correspondían las mismas insignias exteriores. Al
sacerdote del templo de Júpiter le estaban concedidas las insignias
de los magistrados, en especial la silla curul, y acaso también el
asiento en el Senado que se concedía a la persona revestida de la
magistratura suprema. Al presidente del colegio de los pontífices, que
ocupaba en el sacerdocio una posición semejante a la del cónsul dentro
de la magistratura, le estaba permitido usar, igual que a este, los
distintivos propios del poder público, o sea los lictores (_lictores
curiatii qui sacris publicis apparent_). La púrpura en el vestido,
vestigio heredado del pleno poder de los Reyes, la tenían tanto los
sacerdotes como los magistrados; pero aquellos llevaban la _pretexta_
solo mientras practicaban los actos religiosos de la comunidad, y
estos, siempre que se presentaban en público. Por lo que a los honores
toca, ambas clases se hallaban bajo un pie de igualdad, puesto que
ninguna tenía legalmente preferencia sobre la otra; sin embargo, en la
época republicana predominó absolutamente el _sacerdotium_ en cuanto
a los honores, en tanto que durante el Imperio ocurrió lo contrario;
sobre todo, la consideración del pontificado supremo como el más alto
puesto honorífico dentro del Estado, fue cosa de que se aprovecharon
los nuevos monarcas.

El sacerdocio y la magistratura coincidían también personalmente por
lo general, es decir, que eran desempeñados por las mismas personas;
la carrera política se hacía regularmente en ambas direcciones en
todas las épocas. La doble aristocracia que en la Edad Media hubo de
aparecer y desarrollarse, efecto de la contraposición entre el Estado
y la Iglesia, fue desconocida en toda la antigüedad, cuyos dioses se
hallaban dentro del Estado total y necesariamente. Si en el antiguo
Estado patricio es probable que no se exigieran especiales condiciones
ni para optar a los cargos públicos, ni para aspirar al sacerdocio,
en el patricio-plebeyo, como ya dejamos dicho (págs. 69-70), ambas
cosas le estuvieron reservadas en un principio a la nobleza, hasta
que poco a poco fueron los simples ciudadanos consiguiendo, ya la
participación, ya la posesión exclusiva de algunos puestos. Ahora, si
los plebeyos no se apoderaron de los puestos sacerdotales tan pronto
ni tan completamente como del gobierno de la comunidad, obedeció el
hecho, menos al temor de introducir innovaciones en las cosas divinas,
si bien esto contribuyó a ello, que a la poca importancia política de
semejantes puestos; por eso, todavía en la época del Imperio, ciertos
sacerdocios meramente decorativos y sin significación alguna desde el
punto de vista político, le estaban reservados en buena parte a los
nobles.

El sacerdocio de la época republicana se hallaba más estrechamente
ligado por su contenido a la organización primitiva que no la
magistratura; por eso continuó siendo vitalicio y unitario, y en cierto
sentido, hasta centralizado.

Durante la República, la magistratura se convirtió en perfecta y
estrictamente anual; al sacerdocio no se hizo extensivo tal carácter,
sino que, por el contrario, siguió siendo vitalicio y unitario, lo
mismo que lo había sido el cargo de Rey.

Lo propio hay que decir del segundo principio republicano de la
colegialidad, que hacía iguales a los que desempeñaban cargos iguales,
y que, por tanto, en caso de conflicto, ellos mismos lo resolvían. La
colegialidad sencillamente, esto es, la pura igualdad en el mandato,
tuvo también su expresión perfecta en el sacerdocio de los más antiguos
tiempos; pues cuando comenzó a existir la Roma trina, coexistieron unos
al lado de otros, y con igual autoridad, varios observadores y adivinos
de las aves. Pero cuando no se trataba de dar un consejo en asuntos
religiosos, sino de practicar algún acto sacral, lo ordinario era que
estuviese obligado a realizarlo un solo sacerdote; aun cuando había
casos excepcionales en los que todo el sacerdocio era llamado a obrar
colectivamente y en nombre de la comunidad, como sucedía a los salios,
por ejemplo, en el servicio de Marte, tenemos, por el contrario, que
los flámines obraban todos particularmente, y tenemos, sobre todo, que
al lado del heredero religioso de la monarquía, del presidente del
Colegio pontifical, no había ningún otro sacerdote con iguales derechos
que él, lo que indica que no había nadie que pudiera interponer contra
el mismo su oposición o _intercessio_.

El nombramiento de los reyes, según ya se ha observado y más adelante
desarrollaremos, estuvo encomendado a ellos mismos. Cuando en la época
de la República se separaron el sacerdocio y la magistratura, la
ciudadanía adquirió quizá inmediatamente, pero a lo menos muy pronto,
el derecho de intervenir en la designación de sucesor que hacían
los magistrados, hasta que poco a poco concluyó por abolir de hecho
esta facultad que la magistratura había tenido; por el contrario, el
sacerdocio, aun después de la organización republicana, se renovaba
absolutamente por sí mismo. Con respecto al nombramiento de los
sacerdotes, se hallaba el Colegio pontifical en una situación análoga,
aunque superior, a la que ocupaba el Senado patricio con respecto al
nombramiento de los magistrados: ese Colegio tenía el derecho de irse
renovando interiormente, nombrando para ocupar las vacantes que en él
ocurrieran, y la jefatura o presidencia del sacerdocio correspondía
al miembro que al efecto eligiesen sus compañeros. Todos los demás
sacerdotes de la comunidad parece que no eran en el sentido jurídico
otra cosa que auxiliares de esta cabeza sacerdotal, del propio modo que
los oficiales del ejército de ciudadanos eran auxiliares del cónsul;
y así como los sacerdotes de la época de los reyes eran en general
nombrados por estos, durante la republicana hubieron de serlo por el
pontífice supremo. Pero desde bien pronto formaron una excepción a esta
regla los Colegios sacerdotales de varones, cuya renovación interior
la hacían ellos mismos, lo propio que acontecía con los pontífices, y
los cuales, por tanto, se nos presentan como independientes de hecho de
estos. Con respecto a otros nombramientos, encontramos que en tiempos
posteriores el pontífice supremo se hallaba obligado a atenerse a
una lista de candidatos que le daban hecha, o también a emplear el
sistema del sorteo. En el nombramiento de los sacerdotes no tenían
intervención los magistrados, ni tampoco tenía participación alguna
en su establecimiento la ciudadanía, habiendo contribuido seguramente
a esta exclusión, por una parte el miedo a la intervención de la
multitud indocta en el servicio divino, que solo debía hallarse bien
desempeñado por los avisados, y por otra, la idea política de tener
forzosamente separados el régimen de las cosas profanas y el de las
religiosas. El poder soberano de la ciudadanía fue adquiriendo cada
vez mayor intervención con respecto a la magistratura; en cambio, en
el régimen sacral no tenían derecho a mezclarse los Comicios: solo
el magistrado electivo era el depositario del poder popular de los
Comicios, no el sacerdote, que entraba en funciones por nombramiento o
cooptación (_cooptatio_). Después de la primera guerra púnica es cuando
la soberanía popular comenzó a ir penetrando poco a poco también en
este campo, que hasta entonces le había estado vedado: primeramente,
el pontífice supremo y el presidente de los demás Colegios que tenían
importancia política fueron elegidos de entre sus colegas por las
pequeñas mitades de las tribus, bajo la dirección pontifical; luego,
fueron elegidos de esta misma manera los miembros de los tales
Colegios; con lo cual se dejó a un lado el antiguo principio, acudiendo
a la escapatoria de decir que el director del acto no era magistrado y
las pequeñas mitades de la ciudadanía no eran la ciudadanía.

El poder del sacerdocio de la época republicana puede decirse que
era, en la cabeza o jefe del mismo, un poder equivalente al de los
magistrados, por cuanto en él se daban los dos elementos esenciales del
pleno poder de estos, o sea el _auspicium_ y el _imperium_, y además
la función pública que el jefe de los sacerdotes desempeñaba era en
ciertos respectos igual o análoga a la del supremo magistrado. De
hecho, sin embargo, la competencia del sumo pontífice, comparada con el
_imperium_ general de los magistrados, no puede ser incluida entre los
poderes políticos efectivos.

Cuando los auspicios fueran necesarios, el magistrado los consultaba
siempre él mismo, en su nombre y en el de la comunidad, y solo acudía
al sacerdote cuando así le conviniera. El supremo pontífice solo por
excepción consultaba los auspicios; por ejemplo, cuando los reclamaba
para la inauguración de ciertos sacerdocios con la asistencia de la
ciudadanía.

El _imperium_, esto es, el derecho de reclamar obediencia, y en su caso
constreñir a ella, le correspondía al magistrado sencillamente por
serlo; al pontífice supremo solo tenían los ciudadanos que prestarle
obediencia en aquellos casos particulares en los que su posición
le daba el derecho de mandar, especialmente cuando se trataba del
establecimiento de un puesto sacerdotal o de la insumisión de un
sacerdote. En este caso le pertenecía también la coerción propia
de los magistrados pero solo la menor, o sea la coerción al pago
de una multa y a tomar prenda, y cuando de esta coerción pudiera
apelarse ante la ciudadanía, el pontífice podía convocar a los
Comicios al efecto competentes y debatir con ellos. También en cuanto
a las sacerdotisas de Vesta, que se hallaban como tales excluidas
de toda familia, correspondía al pontífice supremo el ejercicio del
procedimiento criminal doméstico, que era lo que representaba con
respecto a las mujeres al tribunal penal ordinario, y tratándose de
delitos contra las familias, podía hacerse extensivo el procedimiento
dicho a los varones que en tales delitos hubiesen tenido participación.
Pero los delitos materialmente religiosos no se llevaban ante
sacerdotes, sino ante la magistratura, porque en casos tales no era
únicamente la divinidad quien sufría la ofensa, sino que también la
sufría la comunidad. El robo de los templos se consideraba lo mismo
que la traición a la patria; el hurto nocturno de los frutos del campo
ofendía lo mismo a Ceres que a la comunidad; aun el aborto no podía
ser considerado sino como la eliminación de un ser perteneciente a la
comunidad. Los dictámenes del sacerdocio pueden haber servido realmente
de norma en casos de esta naturaleza, pero el procedimiento era cosa de
la magistratura. El pontífice supremo no tenía facultades para debatir
con el Senado, y el derecho de provocar una resolución de los Comicios
políticos solo le correspondía en el caso excepcional antes mencionado.
Por el contrario, las curias, que en la comunidad patricio-plebeya
no tuvieron ya el derecho que antes habían tenido de tomar acuerdos
políticos, eran convocadas por el supremo pontífice, el cual acordaba
juntamente con ellas acerca de los actos privados que las mismas
conservaron por vía de privilegio, singularmente el testamento, antes
de que este revistiera una forma puramente privada, y las adrogaciones.

Toda la organización de los negocios sacrales de la comunidad
pertenecía a la magistratura, con la cooperación a veces del Senado
y de los Comicios, según se expondrá más extensamente luego, en el
capítulo dedicado al estudio de los negocios sacrales encomendados a
la magistratura (lib. IV, cap. I). Los sacerdotes no tenían facultades
para disponer por sí mismos de semejantes asuntos, ni en tiempo alguno
las tuvieron tampoco para señalar el día en que había de celebrarse
una fiesta permanente, pero no fijada por el calendario. Los más
notables de los Colegios sacerdotales, aun cuando sus componentes no
pertenecían en manera alguna, como tales, al Senado, hubieron, sin
embargo, de funcionar de hecho como comisiones permanentes de este, con
especialidad los pontífices respecto a todos los asuntos religiosos
del Estado y los augures con respecto a todas aquellas importantes
cuestiones, que no eran pocas en el terreno político, dependientes de
los auspicios; y no solo se sometían previamente a su deliberación y
consejo los asuntos que en el respecto indicado llamaran la atención,
sino que hasta ejercían realmente en semejantes casos la iniciativa,
pues el Presidente del Senado no podía negarse a darles la palabra
cuando la pidieran sobre tales asuntos. Aquí es donde principalmente
estribaba la influencia política de estos Colegios sacerdotales; pero,
nunca pretendieron ellos ejercer otros derechos de carácter político
que, a lo más, el de presentar proposiciones al Consejo de la comunidad.

Así como la organización de los negocios sacrales de esta no constituía
un derecho de los sacerdotes, tampoco lo constituía el de ejecutar
dichos negocios; por el contrario, esta ejecución correspondía de
derecho a los magistrados llamados a tener la representación de
la comunidad, a no ser que hubiese algún precepto especial que lo
impidiera. Pues, en efecto, los actos religiosos permanentes estaban
de ordinario encomendados a sacerdotes instituidos a la vez, también
de un modo permanente, para ejecutarlos. La mayoría de los sacerdocios
romanos vinieron a la vida de esta manera, tanto los sacerdotes
particulares de la época más antigua, nombrados por el pontífice
máximo, como también buen número de corporaciones sacerdotales, por
ejemplo, las dos de los Salios para el servicio de Marte, la de los
Lupercios, para el de Fauno, y la de los Arvales para el de la diosa
Dea Dia. De igual modo, los espectáculos permanentes, los cuales no
eran otra cosa más que una forma de las solemnidades religiosas, eran
en un principio, mientras fueron permanentes, considerados de esta
manera y ejecutados por Colegios de sacerdotes: tal sucedía con los
Consuales, con los espectáculos de los Arvales y con los Seculares.
En esto se diferenciaban los actos religiosos permanentes de los
negocios sacrales que desempeñaban los magistrados. Por el contrario,
cuando se trataba de actos extraordinarios, la regla era que los
ejecutasen los magistrados: lo cual fue causa de que los espectáculos
más importantes, que se convirtieron de fiestas religiosas celebradas
extraordinariamente para conmemorar una victoria en fiestas populares
permanentes, tanto el pueblo como la plebe se las quedaran reservadas
a los magistrados, mientras los actos del culto que a estas fiestas
iban unidos les fueran encomendados en parte a los sacerdotes, como se
ordenó, v. gr., que se hiciese con los sacrificios en los espectáculos
de Apolo. La presidencia en estas fiestas era un derecho honorífico
muy codiciado, y servía para adelantar en la carrera política. Vese,
pues, aquí también bien de resalto la preponderancia política de la
magistratura sobre el sacerdocio.

Después de lo dicho, apenas es necesario demostrar extensamente
que la Hacienda religiosa estaba establecida en beneficio, sí, del
sacerdocio, pero que no era este quien por sí mismo la manejaba.
Las instituciones políticas estaban organizadas de tal manera, que
los sacerdotes tenían seguro el importe de los gastos que envolvía
el desempeño de sus funciones. A lo que parece, de la época de los
reyes pasó a la de la República un impuesto que gravaba sobre el
procedimiento privado y en beneficio de los pontífices, una multa
divina (_sacramentum_) impuesta a todos los que en aquel eran parte
y quedaban vencidos, la cual se pagaba en un principio en forma de
aportación de animales y posteriormente en dinero, y era destinada, sin
duda, a que en los sacrificios públicos, encomendados al _Collegium_
hubiera las ovejas y bueyes necesarios. Además, en los más antiguos
tiempos, las prestaciones económicas indispensables para cada santuario
pueden haber sido derramadas entre los particulares ciudadanos año
por año, no por los sacerdotes, sino por los magistrados (_magistri
fanorum_). En los tiempos ya mejor conocidos, la tendencia a librar en
lo posible de cargas permanentes tanto a la caja de la comunidad como
a los particulares ciudadanos, hubo de proyectarse también en esta
esfera, y entonces parece que los santuarios de la comunidad, o mejor
dicho, cada uno de los sacerdotes a quienes les estaba encomendado el
proveer al culto, igualmente que los Colegios sacerdotales, adquirieron
una congrua fija, constante, gracias a habérseles asignado pedazos
de terrenos fructíferos; pero como la propiedad de los mismos siguió
perteneciendo al Estado, su arrendamiento no correspondía a los
sacerdotes, sino a los magistrados de la comunidad. Jamás se concedió
independencia financiera a los sacerdocios, fuese cual fuese su clase.
Cuando hubiere lugar a alguna contienda jurídica entre el templo y
un particular, o entre el templo y la comunidad, el conocimiento
y resolución de la misma no se sometía al procedimiento propio y
verdadero por jurados, sino al procedimiento administrativo ante
un magistrado. No solo no tenían los Colegios sacerdotales derecho
para percibir impuestos, sino que parece que ni siquiera les estuvo
permitido recibir emolumento alguno; y de igual manera, en la época
republicana, a ninguna divinidad romana que tuviera templo, quizá con
la excepción de Vesta, le estuvo reconocido el derecho de recibir
herencias ni legados.

Quédanos todavía por exponer la situación, no ya del sacerdocio en
general, sino la del pontífice máximo, con respecto a las lesiones
jurídicas, así religiosas como privadas.

Ya se ha hecho notar que el sumo pontífice no tenía una jurisdicción
penal propia, excepto cuando se tratara de delitos o crímenes de
los sacerdotes, y que, por el contrario, cuando hubiese que penar
criminalmente una injusticia religiosa, esta punición se verificaba
lo mismo que la de otra cualquiera injusticia. No sucedía lo mismo
cuando se tratara de faltas e infracciones religiosas que el Estado
no persiguiera, pero que acusaran la conciencia del agente. Con
respecto a estas faltas, las normas y tradiciones religiosas guardadas
preferentemente por el Colegio pontifical formaban en cierto modo
una ley (_ius pontificium_) -- las llamadas leyes regias o reales,
nacidas acaso hacia el final de la República, deben ser consideradas
como un sistema piacular o expiatorio general establecido por los
pontífices con el nombre real, -- y el mismo Colegio constituía al
efecto el tribunal correspondiente, el cual, en forma mas o menos
procesal, determinaba ante todo los elementos constitutivos del hecho,
y declaraba después si la injusticia cometida merecía o no expiación,
y en el primer caso, qué es lo que el culpable tenía que hacer para
recompensar o comprar la pena a los dioses y, por consecuencia,
aplacarles (_piare_). El mismo procedimiento puede haberse empleado
también con relación a las acciones primeramente indicadas, como cuando
el Colegio designaba a petición de parte las acciones expiatorias
indispensables para la traslación de una sepultura. No puede decirse si
y cuáles serían las consecuencias jurídicas que produjera una sentencia
de esta especie. Puede ser que, singularmente en los casos en que
sirvieran de base a la sentencia del Colegio disposiciones vigentes
fijas, la multa o expiación impuesta se hiciera efectiva por vía de
acción popular privada. También puede haberles estado concedido a los
pontífices el derecho de postergar en el culto público, o de excluir de
él, a aquellos que hubieren cometido una injusticia no susceptible de
expiación, o que no hubieren pagado la multa que deberían pagar para
expiar su deuda. Pero en la mayor parte de los casos este procedimiento
expiatorio fue esencialmente un juicio de conciencia, y como tal debe
haber tenido sin duda importancia en la época de creencias arraigadas.
No hay que pensar que se aplicara a las relaciones o asuntos políticos.

Se ha sobreestimado quizá el influjo ejercido por el Colegio pontifical
sobre el derecho y el procedimiento privados. Sin duda, la organización
del calendario, dirigida desde luego a la santificación de los días
festivos, y el señalamiento de los días fastos y nefastos fueron
realmente atribuciones del Colegio de los Pontífices, aun cuando las
vacilantes disposiciones que para ello servían de principal base eran
fijadas jurídicamente por los magistrados, y los términos procesales
se contaban también seguramente tomando en cuenta la fecha de cada
día. Pero la formación del derecho privado dependió del calendario en
la misma pequeña medida que de la entrega de las multas del vencido
en juicio a la caja del sacerdocio; y la suposición de que el Colegio
fue en general el depositario de la tradición, no solo en lo tocante
al derecho divino, sino también con respecto a las normas generales
del Derecho, y que ese Colegio llegó a tener facultades para declarar
cual era el Derecho, se compadece mal con la conducta adoptada por la
magistratura de la República de tener alejados a los sacerdotes de
los asuntos profanos, y mal también con los vestigios que sobre el
particular han llegado hasta nosotros. La fuente del derecho privado
fue esencialmente la facultad de dictar edictos que los magistrados
tenían; el Colegio pontifical no careció de esa facultad, pero de
los edictos dictados por el mismo, cuyo contenido fuera de derecho
privado, no nos queda el menor resto. Los individuos particulares,
fueran o no magistrados o funcionarios públicos, es difícil que
pudieran reclamar dictámenes del Colegio de que se trata; más bien
parece que estos dictámenes colegiados no se mandaban sino al Senado, y
que los dictámenes esencialmente jurídicos, que son los que desde los
más antiguos tiempos contribuyeron al desarrollo del derecho privado
romano, se daban siempre por individuos particulares. Es posible que
en la época primitiva los dieran principalmente los pontífices; pero
desde que empiezan a sonar nombres sobre el asunto, advertimos que en
modo alguno pertenecen todos ellos a este Colegio: por ejemplo, no
pertenece a él el autor de los _tripertita_, P. Aelius Catus, cónsul
en 552 (202 a. d. J. C.). Toda la evolución del Derecho, y la misma
antítesis entre el _ius pontificium_ y el _ius civile_, antítesis que
comienza a existir desde bien pronto, están indicando que este último
no trae su origen de los pontífices, sino de los magistrados.

CAPÍTULO III

EL RÉGIMEN DE LA CIUDAD Y EL DE LA GUERRA

La ciudadanía era un cuerpo armado, apto para la coexistencia pacífica,
donde no se permitía tomarse uno la justicia por su mano, sino
acudiendo al tribunal arbitral concedido al magistrado supremo; pero
no menos apto para reunirse, en caso necesario, bajo la dirección de
la misma magistratura suprema, a fin de defenderse y atacar al enemigo
exterior. La significación política del recinto murado (_pomerium_) que
la misma ciudadanía instaló dependía de que estaba confiada de derecho
a este baluarte la protección de la paz y de las acciones pacíficas;
por lo que todos los negocios públicos, siempre que no pertenecieran
a cosas de la guerra, debían ser ejecutados en el interior de este
recinto. De aquí resultaba una verdadera dualidad de régimen según el
lugar de que se tratara, una antítesis entre el _imperium domi_ y el
_imperium militiae_, antítesis que tenía su expresión visible cuando el
magistrado salía fuera del recinto murado con formalidades y ceremonias
religioso-militares.

La contraposición entre el régimen de la ciudad y el régimen de la
guerra no estribaba en las condiciones objetivas de los actos de los
magistrados, sino tan solo en el lugar donde se realizaran estos actos.
Todo acto ejecutado dentro del recinto murado se hallaba sometido a las
leyes del primer régimen, y lo mismo sucedía con los que se ejecutaran
dentro del espacio exterior a los muros hasta una distancia de mil
pasos de cada una de las puertas, o, lo que es igual, hasta la primer
piedra miliaria de las carreteras o vías que partían de Roma. Más allá
de este límite, o más allá del propio muro de la ciudad, en el caso
de que el magistrado hubiera traspasado el recinto murado con las
formalidades a que acabamos de referirnos, comenzaba el régimen de la
guerra, al cual se hallaba sometido, por consiguiente, tanto el campo
de la ciudad, como todo el territorio extranjero. Para los efectos de
las funciones oficiales no eran tomados en cuenta los límites de hecho
entre el asiento de la ciudad y el campo, los cuales, por lo demás,
estaban continuamente variando.

La necesidad de que los negocios públicos no pertenecientes a la guerra
fueran ejecutados dentro de la ciudad, fue, sin duda, originaria,
remontándose su nacimiento al origen mismo del recinto murado. Esa
necesidad tenía, desde luego, su expresión en la circunstancia de que
aquellos actos de los magistrados a cuya realización cooperaban el
Consejo o la ciudadanía habían de ser ejecutados en todo tiempo dentro
de la ciudad, pues ni el Senado ni los Comicios se podían reunir en el
campo de la guerra. En lo que al Senado concierne, jamás se faltó a
este requisito, pues aun a los contra-Senados que durante las épocas de
revolución se reunieron a veces fuera de la capital, no se les atribuyó
nunca más que una pura importancia de hecho. Lo mismo se dice de las
antiguas y solemnes formas de las asambleas de ciudadanos por curias o
por centurias. Alguna vez se intentó reconocer a la ciudadanía derecho
para reunirse por tribus en el campo, pero una decisión del pueblo, del
año 397 (357 a. de J. C.), lo prohibió, y posteriormente no se volvió
de este acuerdo.

Aquellos negocios pacíficos que podían ser ejecutados por el magistrado
solo, no hubieron de estar unidos a la ciudad de una manera tan
absoluta como los anteriores; pero en principio sucedía con ellos
lo mismo que con estos, como se ve claro sobre todo si se tiene en
cuenta que cuando se verificaban en el campo de la guerra revestían un
carácter excepcional.

La formación del ejército de ciudadanos y, por consiguiente, todos
los actos comprendidos bajo el nombre de censo, eran operaciones que
habían de realizarse, sin género alguno de duda, dentro de la ciudad,
a lo que contribuyó seguramente la circunstancia de que las mismas
fueron encomendadas desde muy temprano a magistrados especiales que
no funcionaban más que en la ciudad. El reclutamiento efectivo de los
ciudadanos, singularmente para la caballería, se verificaba también,
por regla general, dentro de la ciudad; pero ya se comprende que en
esto tuvo que haber frecuentes excepciones, y que el magistrado, cuando
lo estimase necesario, tomaría al ciudadano obligado al servicio
militar allí donde lo encontrase.

También el tribunal pertenecía de derecho a la ciudad; hasta bien
entrado el Imperio estuvo en vigor la regla jurídica, según la cual,
el procedimiento civil perfectamente valedero (_iudicium legitimum_)
solo podía tener lugar dentro de Roma. Es difícil que en la más antigua
organización jurídica se conociera un procedimiento civil en el campo
militar, o por lo menos, cuando la vida y la disciplina militares
lo hicieran necesario, por ejemplo, para corregir el hurto, este
procedimiento no se consideraba como verdaderamente jurídico. Cuando la
conquista de territorios ultramarinos hizo indispensable la institución
en ellos de tribunales locales para los ciudadanos romanos residentes
en aquellos, se aprovechó para el ejercicio de esta jurisdicción el
_imperium_ de los jefes del ejército; de otro lado, organizado el
mando, por medio de una legislación excepcional privose a los miembros
del tribunal de la ciudad de una parte de los negocios encomendados a
ellos, la cual pasó al conocimiento de magistrados subordinados. Pero
toda sentencia de esta especie tenía su fundamento jurídico, no en la
ley, sino en el arbitrio y beneplácito de los magistrados supremos
(_imperio continetur_), y su fuerza jurídica no fue igual a la de la
sentencia dada en la ciudad ni aun en época bastante adelantada.

Una cosa análoga debió acontecer con el procedimiento criminal. La
insubordinación, y en general toda ofensa a la disciplina militar,
dentro de los límites prudenciales que los mismos jefes del ejército
apreciasen, quedaba sometida al sistema de la guerra, y la coerción que
podía emplear al efecto el jefe del ejército no era cosa perteneciente
al régimen de la ciudad: a este último régimen correspondía, por el
contrario, todo otro proceso contra los ciudadanos que cometieran
delitos. Esta contraposición tuvo poco relieve mientras el régimen de
la ciudad fue tan incondicionalmente autoritario y tan absoluto como el
militar, que es lo que debe suponerse que ocurrió, por lo menos, en los
comienzos. Sin embargo, tanto el natural desenvolvimiento de las cosas,
como la tradición, nos enseñan que la antítesis entre el procedimiento
penal militar y el de la ciudad se remonta hasta los más lejanos
tiempos, pues a los delincuentes convictos y condenados no podía el
magistrado perdonarles sino con el consentimiento de la ciudadanía;
por lo tanto, ese perdón no podía verificarse sino en el procedimiento
de la ciudad.

Esta separación originaria entre el régimen y gobierno de la ciudad
y el de la guerra, separación conciliable con la plenitud de poder
que tenían los reyes, hubo de aumentarse de un modo esencial al
advenimiento de la República, por la razón de que las limitaciones
que entonces se imponen a la magistratura afectaron desigualmente a
una y otra de las dos esferas, no refiriéndose verdaderamente más que
a la primera. Preciso es que especifiquemos más sobre el asunto, si
bien aquí solo podemos hacerlo a manera de anticipación de lo que más
adelante ha de decirse.

El derecho de coerción del magistrado, examinado antes, siguió siendo
absoluto en el régimen de la guerra, mientras que en el de la ciudad
experimentó esenciales restricciones, consistentes en que el antiguo
derecho de la ciudadanía a perdonar su pena al delincuente condenado
se hizo independiente de la aprobación del magistrado sentenciador, y
este, por otra parte, no tenía más remedio que admitir la provocación
del condenado ante los Comicios. No se atendía tampoco para esto a
la índole del delito, sino al lugar en que el proceso se hubiera
seguido; y así, mientras en el régimen de la guerra podía el jefe
del ejército librarse de la provocación a los Comicios, no tan solo
por parte de los soldados, sino también, legalmente a lo menos, por
parte de otro cualquiera procesado, en cambio dentro de la ciudad no
podía sustraerse a dicha provocación por los delitos militares, v.
gr., el de desobediencia militar. Para representar exteriormente el
de tal manera mermado poder de los magistrados, se aminoró el número
de los instrumentos penales propios de los lictores; de manera que la
antítesis entre la obediencia limitada y condicional del ciudadano y
la incondicional del soldado encuentra ahora su expresión externa en la
circunstancia de usar los lictores en el régimen de la ciudad solamente
varas, mientras en el régimen de la guerra usaban varas y hachas, y en
la circunstancia de recibir estas últimas el magistrado cuando salía de
la ciudad. En el libro cuarto (capítulo II) trataremos de ciertas otras
modalidades de este importante derecho de provocación.

El nuevo carácter de anualidad que se dio a la magistratura se extendió
a ambos círculos mencionados de funciones, al de la ciudad y al de la
guerra, pero no tan absolutamente al uno como al otro. En el primero,
los magistrados cesan de derecho en sus funciones tan pronto como
llega el límite de tiempo señalado a las mismas, y en el caso de que
no tengan un sucesor legítimo, se aplica, también de derecho, el
interregno. El ejercicio de funciones una vez pasado el plazo estaba
prohibido de manera tan rigurosa, que ni una vez sola lo autorizaron
los Comicios. También en el régimen de la guerra cesaban en iguales
casos los cargos y los títulos propios de los mismos, al menos según
las ideas que en tiempos posteriores dominaron, pero no cesaba el
desempeño de los negocios propios de cada cargo ni las insignias
del mismo; la promagistratura (pág. 148) continuaba hasta tanto que
el sucesor entrase en el campo donde iba a ejercer sus funciones
y tomase personalmente posesión del mando militar; aquí no había
interregno. Pero desde bien pronto empezó la costumbre de prolongar
el cargo (_prorogatio_) hasta un término posterior al ordinario, y
en este caso se le aplicaba una denominación o título de categoría
inferior; hacíase esta prorrogación en un principio por virtud de un
acuerdo especial del pueblo, mas posteriormente se hizo muchas veces
con una simple orden del Senado. En la práctica, la anualidad de los
cargos fue tan rigurosa en el régimen de la ciudad, como laxa en el
de la guerra. Sobre todo en este último, no era raro el caso en que
la prorrogación de las funciones públicas llevase consigo un cambio
de competencia: a los funcionarios públicos de la ciudad, al concluir
la época de sus funciones, se les daba muchas veces un mando militar;
también a los que tenían uno de estos mandos se les solía cambiar por
otro, con lo que más bien que una continuación del cargo lo que llegó
realmente a originarse de esta suerte fue una creación o nombramiento
de magistrados, siendo este uno de los caminos por donde el Senado se
apropió la facultad de nombrar magistrados, que por la constitución no
le estaba reconocida.

Una cosa análoga sucedió con la colegialidad de los magistrados
superiores. En el régimen de la ciudad, la colegialidad se perfeccionó
todo lo posible, así en el terreno de los principios como en el de la
práctica: en este régimen se llevó el principio de la colegialidad
a su consecuencia última, la de dar origen a la colisión entre los
magistrados de iguales atribuciones, a la anulación del mandato de un
magistrado por la intromisión (_intercessio_) del colega; pero se hizo
de modo que ambos magistrados superiores colegas funcionasen juntos,
y que la intercesión fuera realmente posible. Por el contrario, en el
régimen de la guerra la intercesión colegial se suprimió en principio,
permitiendo dar mandatos superiores que modificaran los de los
colegas y que también obligaban a estos, y de hecho se logró también,
hasta donde fue posible, que los poderes iguales de los colegas no
se hallaran en conflicto, dividiendo entre ellos las tropas y los
distritos sobre que habían de ejercer mando.

La intercesión de los tribunos de la plebe, imitada de la colegial, y
que en la práctica hubo de ser una de las más esenciales limitaciones
del _imperium_, no podía ejercerse tampoco más que en el régimen de
la ciudad. En el régimen de la guerra nunca adquirió, por lo general,
fuerza alguna la contraposición entre la nobleza y la ciudadanía.

Finalmente, el principio según el cual las funciones públicas no
pueden ser desempeñadas sino por los magistrados hubo de conducir
en el régimen de la ciudad a la exclusión de las lugartenencias o
delegaciones voluntarias. En este régimen solo puede echarse mano de la
lugartenencia cuando haya necesidad de ello; por ejemplo, en el caso
de que todos los magistrados se hallaren en el extranjero, se nombra
un vicario judicial; por el contrario, cuando el magistrado se hallare
ausente en otro sitio que no sea el extranjero, o enfermo, o impedido
por cualquier otra causa, la función queda en suspenso. En el régimen
de la guerra aquel principio no se aplicó con igual rigidez, y por eso
al jefe en campaña se le consintió, en semejantes casos, nombrar un
lugarteniente, que no era un magistrado, pero que desempeñaba el cargo
por el magistrado.

Es innegable que estas limitaciones impuestas al régimen de la ciudad
suponen que esta se halla realmente en paz y bajo el imperio de
las leyes ordinarias, como lo es igualmente que tales limitaciones
contradicen en cierto modo el principio anteriormente desarrollado,
según el cual, para la separación entre ambos órdenes no se atiende a
la índole de la acción que el funcionario ejecute, sino al sitio donde
se realiza. Por privilegio, en los días de fiestas conmemorativas de
alguna victoria, solía concederse al magistrado dentro de la ciudad
el mismo poder que le correspondía según el régimen de la guerra, lo
que hace pensar desde luego en las hachas de los lictores; ahora, con
mayor motivo ha debido hacerse necesaria una situación excepcional
análoga a esta cuando hubiera precisión de hacer la guerra dentro del
recinto murado. Sin embargo, la tradición no nos dice nada de esto, y
el orgullo y arrogancia de la época republicana no se avienen sino con
la idea de la realización práctica de la eterna paz dentro del contorno
de la ciudad romana. Verdad es que la sólida República romana tenía en
algún modo derecho a ignorar que la ciudad había sufrido sitios y que
había habido guerras civiles. Prácticamente, esta laguna la llenó hasta
cierto punto en el primitivo régimen de los magistrados el instituto
de la dictadura, el cual tenía competencia aun dentro del régimen de
la ciudad; pues la dictadura no era esencialmente otra cosa más que
el poder del jefe militar, libre de las limitaciones dichas. Y en la
época de la soberanía del Senado, se colmaba el vacío dicho mediante
el derecho que el Senado llegó a adquirir de revestir de poderes
excepcionales a los magistrados que funcionaban dentro del recinto de
la ciudad.

Paralelamente a la separación teórica entre las funciones públicas
propias de la ciudad y las de campaña, se fue desarrollando el
principio de la unión de unas y otras en las mismas personas. Por
tanto, lo mismo que del rey se pensaba, hubo de pensarse también de
los más antiguos magistrados de la República, y así los cónsules como
los cuestores funcionaban igual en la ciudad que en el campo, y aun
en los casos en que predominaban dentro los fines militares, como
acontecía con la dictadura, no se privó al correspondiente magistrado,
o sea al dictador, del régimen de ciudad. Pero con el tiempo esta
situación de cosas hubo de cambiar, y los dos círculos referidos de
funciones públicas fueron poco a poco siendo distintos aun por parte
de las personas que las ejercían. Los jefes de la plebe, que en un
principio no eran seguramente magistrados, fueron los primeros que se
consideraron exclusivamente capaces para las funciones de la ciudad.
Los ediles plebeyos tenían limitada su esfera de acción a la ciudad, y
esta limitación hubo de ser luego aplicada también a sus más recientes
semicolegas patricios. Y lo propio debe decirse de la censura, como ya
queda advertido. Al aumentarse el número de puestos de la magistratura
suprema y de la cuestura, varios de aquellos quedaron limitados a
ejercer funciones solo en la ciudad, al paso que el poner restricciones
jurídicas al círculo de los cargos de la _militia_ era opuesto a la
esencia de la magistratura romana, esquivándose el hacerlo hasta en
tiempos posteriores con pocas excepciones, prefiriéndose con frecuencia
nombrar particulares funcionarios para el manejo de tales asuntos. La
denominación de _urbani_, que se aplicaba a algunos magistrados, parece
que no significó desde luego que tales funcionarios administrasen los
negocios de la ciudad, sino la obligación impuesta a los mismos, al
revés de lo que sucedía con sus colegas, de no abandonar Roma mientras
durasen sus funciones.

CAPÍTULO IV

NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS

Como la comunidad es eterna, claro está que se necesita una
representación igualmente eterna e ininterrumpida de la misma. Pero
la exigencia teórica no puede ser completamente realizada en la
práctica: cuando la fuerza de los hechos da origen a interrupciones
en la continuidad jurídica, entonces las lagunas que se produzcan en
la sucesión de las magistraturas determinadas por la ley se llenan
por medio del mando en estado de necesidad, de la propia suerte que
cuando las personas carecen de protección jurídica se colma este vacío
por medio de la legítima defensa. Así en el régimen de la ciudad como
en el de la guerra, cuando no hay persona alguna llamada al desempeño
de una función, o el llamado se niega a desempeñarla, todo ciudadano
está autorizado para ponerse al frente de los demás y dar aquellas
reglas que la necesidad reclama; pero son llamados con preferencia para
llevar esta dirección los hombres más notables, esto es, los Senadores
en la ciudad y los oficiales del ejército en campaña. En el orden
militar, sobre todo luego que los romanos llegaron a tener organizada
una jerarquía de jefes y oficiales, aconteció esto con frecuencia
con respecto a las divisiones de tropas que se quedaban sin guía por
falta del depositario del _imperium_ a quien había correspondido
antes esa dirección, pues tal depositario solía ser único; pero aun
en el propio régimen de la ciudad se sintieron también semejantes
lagunas y se conoció semejante modo de llenarlas espontáneamente, v.
gr., al aparecer Aníbal ante los muros de Roma, en la catástrofe de
los Gracos y en otras ocasiones análogas de trastorno, en las cuales
alternaron seguramente el uso y el abuso, como siempre sucede al
emplear la defensa propia. El orden jurídico de la comunidad no pudo
desconocer que existían estas situaciones excepcionales y regularmente
transitorias; pero ese orden jurídico solo se cuidó de exponer las
reglas relativas a los cambios normales y ordinarios de representantes,
esto es, las normas pertinentes a las variaciones de los magistrados.

La continuidad ininterrumpida que exige la representación de la
comunidad no existe sino en la suprema magistratura permanente, que
es donde, propia y esencialmente hablando, la representación está
concluida, perfecta. Aquí, la continuidad dicha es independiente
del cambio de la persona, sea que este cambio se verifique por la
muerte del que ocupa el cargo, cuando el cargo es vitalicio, sea
que tenga lugar por haber transcurrido el tiempo necesario, como
acontece en los cargos anuales; es no menos independiente también
del cambio de denominación, en cuanto los diferentes depositarios
de la magistratura suprema: el rey, el interrex, los cónsules y los
distintos magistrados que temporalmente ejercían el poder consular,
formaban todos ellos una cadena que no sufría interrupciones. -- Los
magistrados permanentes inferiores, como los cuestores y los ediles,
también formaban una serie análoga; sin embargo, como durante el
interregno las magistraturas inferiores quedaban en suspenso, esa
serie no era ininterrumpida; ni necesitaba tampoco serlo, porque estas
magistraturas subordinadas no llevaban aneja la perpetuidad de la
representación de la comunidad. -- Otra cosa sucedió con el tribunado
del pueblo, por cuanto la plebe quiso formar un Estado por sí misma y
reclamó al efecto una representación perpetua de ese Estado; faltole,
no obstante, para ello una institución análoga al interregno, y la
perpetuidad del tribunado solo pudo conseguirse de hecho, después de la
interrupción producida por el decenvirato, gracias a un bien organizado
y administrado orden de suceder en el cargo. -- En las magistraturas
ordinarias no permanentes, lo mismo que en todas las extraordinarias,
la continuidad, o podía interrumpirse y se interrumpía, o en general no
era necesaria.

La continuidad de la suprema magistratura, o, lo que es igual, la
circunstancia de estar asegurada la inmediata reocupación de la
misma tan luego como quedara vacante, dependía del Senado patricio,
el cual, justamente para este efecto, se transmitió inalterable
a la organización patricio-plebeya de la comunidad. Ahora, como
de sus reuniones trataremos en el libro quinto (cap. II), al cual
nos remitimos, nos bastará con indicar aquí que esta corporación,
perpetuamente renovada y dispuesta para durar eternamente, llevaba, por
decirlo así, el monarca dentro de sí misma. Es cierto que los miembros
de ella no pueden ser considerados como reyes en el sentido ordinario
de la palabra, porque el poder real exige unicidad en la persona que
lo ejerce (pág. 140); pero en caso de estar vacante la monarquía, son
llamados todos ellos, uno después de otro, como sucesores, estando
limitada la soberanía de cada uno de ellos a una duración de cinco
días. La serie de personas que en caso de vacante de la monarquía
habían de ir ocupando esta se determinaba, bien por sorteo, bien --
y este medio hubo de convertirse posteriormente en regla general --
designando probablemente por votación al primer interrex, y ocupando el
puesto cada uno de los siguientes por designación del antecesor, hecho
lo cual, se interrogaba a los auspicios, y de esta suerte se obtenía
para la elección el beneplácito de la divinidad. Como quiera que debe
de haberse pensado que entre el _imperium_ vacante y el establecimiento
del primer interrex no podía darse jurídicamente tiempo alguno, y como
para el procedimiento dicho no se daba plazo, claro es que habría de
ponerse gran diligencia en cubrir el puesto vacío y en que la serie
referida de personas no tuviera interrupciones o lagunas.

Pero esto no era un verdadero nombramiento de sucesor, sino más bien,
como lo está demostrando la misma denominación del soberano por cinco
días, una institución interina, preparatoria del establecimiento de
la nueva magistratura. La forma jurídica al efecto consistía en la
designación de sucesor hecha por el poseedor actual del supremo poder;
el magistrado crea al magistrado. De este principio fundamental es
de donde partió el derecho político romano, principio que, aun en
los tiempos posteriores, pudo ser oscurecido, mas nunca abolido por
completo. Mas es difícil que al soberano vitalicio se le concediera
el derecho de nombrar a su sucesor, sino abdicando al mismo tiempo
su soberanía: un nombramiento a plazo del sucesor, ni se aviene bien
con la concepción jurídica general que tenía en los primeros tiempos
el pueblo romano, ni puede tampoco conciliarse con el procedimiento
interregnal. También puede haber contribuido a ello la idea religiosa,
según la cual la necesaria desaparición del poder soberano del
individuo y la consiguiente traslación del gobierno al Senado patricio
de la comunidad extinguía las culpas que el soberano individual
hubiere podido cometer, y el _imperium_ pasaba puro y rejuvenecido al
nu

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