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using this eBook.

Title: Compendio del derecho público romano

Author: Teodoro Mommsen

Translator: Pedro Dorado Montero

Release Date: June 1, 2022 [eBook #68220]

Language: Spanish

Produced by: Ramón Pajares Box and the Online Distributed Proofreading
Team at https://www.pgdp.net. (This file was produced from
images generously made available by Biblioteca Digital
Hispánica/Biblioteca Nacional de España.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK COMPENDIO DEL DERECHO
PÚBLICO ROMANO ***

NOTA DE TRANSCRIPCIÓN

* Las cursivas se muestran entre _subrayados_ y las versalitas se han
convertido a MAYÚSCULAS.

* Los errores de imprenta han sido corregidos.

* La ortografía del texto original ha sido modernizada de acuerdo con
las normas publicadas en 2010 por la Real Academia Española.

* Las notas a pie de página han sido renumeradas y colocadas tras el
párrafo que contiene su llamada.

* Las páginas en blanco han sido eliminadas.

BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA, FILOSOFÍA E HISTORIA

COMPENDIO
DEL
DERECHO PÚBLICO ROMANO

POR
TEODORO MOMMSEN

TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
POR
P. DORADO
PROFESOR DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MADRID
LA ESPAÑA MODERNA
Cuesta de Santo Domingo, 16.

ES PROPIEDAD

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE IDAMOR MORENO,
_Calle Blasco de Garay, 9._

PRÓLOGO

El deseo que se me ha manifestado por diferentes y atendibles
conductos, de ver expuesto el Derecho público romano en forma clara
y suficiente para que lo conozcan los juristas que no son a la vez
filósofos, es lo que me ha ofrecido ocasión para escribir este libro
sobre aquel Derecho. Tan evidente es que para la concepción viva y
la inteligencia fundamental del Derecho privado y del procedimiento
privado romanos, no basta con saber que el pretor era un magistrado
encargado de la administración de justicia, y que el jurado se llamaba
_iudex_, como lo es también la inutilidad que para los prácticos del
Derecho tienen la mayor parte de las particularidades del Derecho
público del Estado romano y su tan necesario como fatigante aparato
filológico-arqueológico. En este libro se ha intentado exponer
ordenadamente los elementos esenciales del Derecho público de los
romanos, haciendo caso omiso de las pruebas o documentos, que no
corresponden a una reducción estricta. Es verdad que no está uno
autorizado para hacer públicamente afirmaciones sin demostrarlas; pero
cuando ya anteriormente se han presentado las pruebas en una obra
extensa, según al presente ocurre (excepto en lo que hace referencia
a la corta sección última), bien puede uno, en un trabajo sin
pretensiones como es este, remitirse a tal obra.

Del Derecho público romano se puede decir que no ha desaparecido de
la vida, lo mismo que del privado. Cierto que del primero no tenemos
la unilateral y por desgracia exclusiva tradición que nos resta del
segundo; pero la tradición histórica y aun la pseudohistórica existe
suficientemente, y en muchos respectos exagerada. Especialmente en
lo que toca a las épocas más antiguas, respecto de las cuales nos
está vedado el conocimiento en las cosas fundamentales del Derecho
privado, nos ofrecen aquí las instituciones y las tradiciones una
pintura sin colorido, sí, pero no sin contornos fijos. La ciencia
indagadora, mediante la explicación genética, libra a los juristas de
la trivialidad de aquella investigación histórica que juzga deberse
prescindir de todo cuanto no haya acontecido en tiempo ni en lugar
alguno.

El objeto de esta exposición es la comunidad romana, desde el Rey
Rómulo hasta el Emperador Diocleciano, y aun una ojeada rápida a la
restauración de Diocleciano; la evolución política de una nación
muy bien dotada políticamente y que más que ninguna otra se fundó
y estableció por sí misma, evolución ininterrumpida, que, según el
cómputo romano, abarca milenario y medio, habiendo sido probablemente
más bien abreviada que alargada por dicho cómputo esa duración.

El buen orden es la clave de toda inteligencia; mas ese buen orden
encuentra aquí dificultades no acostumbradas. Aun en mayor grado
que en el Derecho privado nos encontramos en el público entregados
a nuestras solas fuerzas, pues no poseemos una tradición, ni
siquiera aproximadamente sistemática, de las antigüedades relativas
al Derecho del Estado. Los particulares institutos se han originado
históricamente, por tanto, de una manera no racional; es preciso
exponerlos uno a uno, así en su existencia independiente como en sus
funciones políticas, a menudo muy varias. Sobre todo, la cooperación
de la Magistratura con los Comicios y el Senado, piedra angular de la
organización romana, hace difícil las divisiones indispensables para la
exposición, y al propio tiempo, las repeticiones no pueden evitarse; a
lo más, se pueden economizar.

En esta obrita, con más cuidado aún que en la exposición detallada
a que va unido el aparato, he procurado presentar, en un cuadro
sistemático y claro, la ciudadanía y el reino (libro I); la
Magistratura en general (II); las Magistraturas o funcionarios
en particular (III); las diferentes funciones públicas (IV); los
Comicios y el Senado (V). Acaso una ventaja de la brevedad que este
resumen requiere, sea la de presentar más comprensible y claro en su
organización el orden político.

T. MOMMSEN.

Berlín. Mayo de 1893.

LIBRO PRIMERO

LA CIUDADANÍA Y EL REINO

CAPÍTULO PRIMERO

LA FAMILIA Y EL PRIMITIVO DERECHO DE CIUDADANO

Aun cuando el Derecho político romano, que, como todo Derecho,
presupone la existencia del Estado, debe prescindir de toda hipótesis
acerca de las situaciones antepolíticas, sin embargo, ha de ser
permitido indicar respecto del asunto que el llamado matriarcado, el
cual significa el desconocimiento de la generación para determinar el
estado jurídico de las personas y basa el orden social simplemente
sobre el hecho del nacimiento, no puede considerarse como el grado
primitivo de la comunidad política romana, sino que más bien la célula
germinal del Estado romano habrá sido el matrimonio, y probablemente el
matrimonio monogámico con todas sus consecuencias jurídicas, ya que la
poligamia pasajera no deja huella alguna. Sobre el matrimonio descansa
la familia[1], que se funda y establece por sí misma, la cual, según
todas las apariencias, fue el grado originario del Estado romano;
el Estado romano de los más antiguos tiempos que conocemos no puede
ser concebido sino como una reunión de familias que coexisten unas al
lado de otras, aunque, al contrario, tampoco la familia romana podemos
pensarla más que en el Estado.

[1] _Geschlecht_, linaje; _gens_, familia. En la presente
traducción usaremos siempre esta última palabra. -- _N. del T._

La familia comprendía todas las personas de uno y otro sexo que
descendían, por línea de varón y por legítimo matrimonio, de un
ascendiente común, o que se reputaban descender de él, bastando
como prueba de esta descendencia, en el caso de que no se pudieran
señalar determinadamente los ascendientes intermedios, la presunción
jurídica derivada del hecho de llevar el mismo nombre patronímico.
La pertenencia era forzosamente exclusiva: como solo se puede tener
un padre, solo se podía pertenecer a una familia. Aun cuando la
pertenencia a una familia se fundaba sobre el hecho de la generación,
que es asimismo lo que daba origen al nombre, la generación, sin
embargo, era una idea jurídica, por cuanto tenía su fundamento en
el matrimonio legítimo, con todas las presunciones de derecho que
consuetudinariamente iban anejas a él.

Como la familia misma, según se ha dicho, tampoco la situación de las
personas dentro de ella se origina primitivamente en el Estado, sino
que la adquieren con la familia. Esa situación se halla condicionada
por la adquisición del derecho de propiedad, cuyo carácter originario,
que tuvo gran predominio ya antes en la evolución griega, conservó
hasta tiempos muy adelantados la soberanía doméstica romana. La mujer
puede formar parte de la comunidad doméstica, y en el terreno del
Derecho privado ocupa una posición esencialmente igual a la del marido;
pero aun cuando puede tener propiedad suya, ella misma es siempre un
objeto de propiedad. Esta idea se aplicaba a la mujer con tanto rigor
y crudeza, que todavía según el Derecho de las Doce Tablas, la esposa
podía ser adquirida por usucapión mediante la posesión de un año,
lo mismo que cualquiera otra cosa mueble. Y hasta la sujeción de la
mujer, en la organización más antigua, únicamente podía cambiar, nunca
concluir: de la propiedad del padre pasaba a la del marido, y, cuando
ambos faltaban, a la de los más próximos parientes por línea masculina,
cuya potestad sobre la mujer, igualmente que la administración de
los bienes de esta y el ejercicio sobre ella de facultades penales,
tuvieron originariamente carácter de soberanía doméstica. Si el «señor»
(κύριος) griego no fue en los tiempos históricos nada más que el tutor
de la mujer, el derecho dominical sobre esta en la evolución romana,
igualmente que la gradual desaparición de los nombres propios de la
mujer y la adquisición por parte de ella del nombre de la familia a
que en cada momento pertenecía, y el contarla en el número de los
hijos, demuestra que, por lo menos en la desconsiderada aplicación
de la teoría que en la época más rigurosa de la evolución romana se
hizo, hubo de hacerse sentir, y más bien fortalecido que debilitado,
el influjo de las instituciones helénicas en este punto, hasta bien
entrados los tiempos. -- No menor, sino más fuerte aún, era la potestad
de los ascendientes sobre los descendientes en el campo del Derecho
privado: también esta soberanía doméstica era sencillamente una
propiedad, que permitía al ascendiente hasta enajenar los hijos y los
nietos. En la más antigua organización fue siempre tan inadmisible
esa potestad, que durante la vida del padre no podía, ni siquiera con
la voluntad de este, ponérsele término alguno. Disuélvese, sí, por la
muerte del padre, con respecto a los hijos mayores desde luego; y en
cuanto a los menores de edad, la tutela que en tal caso comienza a
existir, se halla reducida a ser una pura guarda, y, además, tiene un
término. Los varones mayores de edad pertenecientes a la familia se
hallan en una situación independiente unos de otros, y bajo un pie de
igualdad.

Como el pueblo romano admite la institución de la familia, admite
también los principios de la incapacidad de la mujer para tener
potestad propia y del derecho de propiedad correspondiente al
padre sobre ella y sobre los hijos; pero al mismo tiempo deja de
aplicarse el último para el establecimiento del Derecho dentro de la
comunidad. Desenvuélvese el doble concepto de la capacidad jurídica
plena y de la meramente política: al lado de los esclavos y de los
extranjeros, que en el campo del Derecho privado están sometidos a
propiedad o pueden caer en ella, y los cuales carecen de capacidad
jurídica, así privada como política, se hallan las personas sometidas
a potestad, las cuales en el terreno del Derecho privado están en
propiedad ajena, pero públicamente tienen capacidad, y por lo mismo se
denominan _liberi_, en contraposición a los esclavos domésticos. La
ciudadanía[2] la constituyen, pues, todos los miembros de las familias
unidas políticamente; la pertenencia a la misma no es otra cosa que
la pertenencia a una familia de las que componen la comunidad romana:
todo _gentilis_, como tal, es un _quiris_, que es la manera más antigua
de designar al ciudadano, en contraposición, tanto al hombre que
pertenece como cosa al Estado romano, esto es, al esclavo, cuanto a los
extranjeros, que también están fuera del Estado romano. La exclusividad
pasa también, necesariamente, de la familia al pueblo: la adquisición
del derecho de ciudadano romano es incompatible con la posesión de
otro derecho de ciudadano reconocido por Roma; y por el contrario,
la cualidad de ciudadano romano cesa de derecho cuando el ciudadano
ingrese en otra ciudadanía que Roma reconoce como válida jurídicamente.

[2] _Bürgerschaft_, conjunto de los ciudadanos, cuerpo o
colectividad de los ciudadanos. Este es el sentido en que
usaremos siempre la palabra en el curso de la presente obra, como
lo hace el autor de ella. -- _N. del T._

Cuando la congregación familiar y la ciudadanía dejan de ser una misma
cosa, y el círculo de la última alcanza una mayor extensión, como se
indicará en el capítulo IV, pierde terreno la denominación de _quiris_
ante la posterior de _civis_; entonces ocurre, con respecto a los
miembros de las familias (los cuales desde este momento ocuparon una
posición privilegiada, como nobleza hereditaria, entre los ciudadanos,
y por efecto de esto, fueron los únicos que, en el estricto sentido
de la palabra, pudieron contraer matrimonio legítimo y tener patria
potestad jurídica, verdadera, propia) que comienza a dárseles la
denominación distintiva de «padres», _patres_, usada por las Doce
Tablas, y también la de «hijos de padres», _patricii_, que fue la que
luego se empleó.

La capacidad de obrar les está vedada a las familias incorporadas
al Estado. Si en la época antepolítica les perteneció, hubieron de
perderla cuando se incorporaron al Estado, pasando entonces a este.
La familia no tiene capitalidad (_hauptlos_) frente a los magistrados
y a los Comicios del Estado, y los miembros de ella no pueden tomar
acuerdos; es una comunidad que tiene su culto, pero no jurisdicción
sacra; que tiene usos propios, mas no leyes privativas. La garantía
del derecho de la familia, lo mismo que la fijación de las variaciones
que necesariamente habían de ir apareciendo en el orden general
familiar, es cosa que no pertenecía a las particulares familias, sino,
como después veremos, a la reunión de todas las familias, esto es,
al Estado, por medio de sus sacerdotes y magistrados y finalmente
por sus Comicios. Así, al menos, se nos presenta la familia en los
tiempos históricos. Si a esta sumisión de la misma a la colectividad
precedieron luchas y crisis, y si la falta de capacidad de la familia
fue conquistada en un principio quizá a consecuencia de penosos
esfuerzos, la verdad es que ni aun el recuerdo de tal cosa se ha
conservado; la idea política fundamental, según la que la unidad del
Estado excluye la independencia de sus partes componentes, fue ya
concebida y perfeccionada en Roma en estos primeros y acaso difíciles
momentos de su evolución política. Por el contrario, en lo que toca
al Derecho privado, la consideración de la familia como un sujeto
unitario de derecho, persistió por largo tiempo; ciertas consecuencias
de tal afirmación llegaron hasta bien adentro del Imperio. Respecto
a la posesión territorial, es probable que en el origen el poseedor
no fuera el ciudadano privado, sino la familia; y si, como no ha
podido menos de acontecer, el servicio militar ha correspondido en
algún tiempo exclusivamente a los patricios, era cabalmente porque
tal servicio iba unido ya entonces a la propiedad privada del suelo.
Aunque esta posesión familiar de los inmuebles cedió ya en los tiempos
antehistóricos ante la propiedad individual del suelo, todavía el
derecho hereditario de la familia, igualmente que la tutela familiar,
se hallaban reconocidos en las Doce Tablas, y bastante tiempo después
eran prácticamente aplicados. Ciertamente, no se piensa que la familia,
como tal, sea el sujeto jurídico, sino que los llamados a ejercitar
estos derechos, ya concurrentemente ya por modo electivo, eran el
conjunto de los miembros de la familia y los agnados de igual grado.
Ninguna huella queda tampoco de que la familia, como tal, tuviese
representación ni aun en el terreno del Derecho privado.

La familia no puede ser creada por el Estado y sus leyes; pero una
vez que presente la homogeneidad nacional, la familia que pertenezca
a un Estado de la misma estirpe puede ser separada de este y unida
al romano, y del propio modo varias comunidades de la misma estirpe
pueden reunirse en una sola. Según todas las probabilidades, la Roma
patricia se fue extendiendo por espacio de mucho tiempo por uno y
otro procedimiento, juntando cada vez mayor número de familias. De
semejantes agrupaciones de familias, sobre todo de la aparición en
Roma de tres comunidades, y de la aceptación de los claudios entre
las familias romanas, se han conservado noticias en los comienzos de
la tradición histórica, noticias que parecen dignas de crédito. Pero
esta recepción de nuevas familias cesó tan pronto como la comunidad
de los patricios perdió el derecho de legislar y dejó en general de
funcionar, según veremos más adelante; la ciudadanía patricio-plebeya
podía, sí, conceder el derecho de ciudadano a los individuos, pero
a partir de este momento faltó un órgano encargado de recibir e
introducir a las familias en el grupo de los patricios -- recepción
e introducción que no han existido en los tiempos históricos. -- Del
propio modo que la familia no puede ser creada por el Estado, tampoco
puede ser suprimida por este; sigue en pie hasta que se extingue. En
cambio, es jurídicamente admisible la separación por el ingreso de
una familia romana en otra unión política; esto habrá ocurrido en los
tiempos más antiguos con el cambio de territorio, si bien los anales
patrióticos no dicen nada del caso. -- En ningún tiempo, por tanto, se
puede haber dado un número fijo y cerrado de familias. La primitiva
leyenda romana, también en esto esquemática, dice que el germen de la
comunidad fueron cien hombres no pertenecientes a ningún otro Estado,
y cien mujeres que los mismos adquirieron por robo, y así, haciendo de
estas cien parejas las más antiguas comunidades familiares, explica
el concepto de la descendencia agnaticia, fundamento de la familia.
Esta ficción jurídica no ha de desorientarnos para reconocer que, aun
según la concepción romana, la familia, lo mismo en su existencia que
en su desaparición, es independiente del Estado y, por consiguiente,
se halla sustraída a la regulación legal. Tampoco el número de
individuos-cabezas pertenecientes a las familias puede haber sido nunca
ni aun aproximadamente igual.

El derecho de familia no puede adquirirse más que ingresando en alguna
de las familias existentes; la adquisición independiente de una familia
por un individuo traería como consecuencia la creación subitánea de una
familia nueva, cosa jurídicamente inadmisible, según lo dicho. Pero
sobre este particular cambiaron las cosas al comienzo de la Monarquía,
permitiéndose la concesión individual del patriciado, de manera que
al nuevo patricio se le consideraba igual al senator de Rómulo, esto
es, como cabeza de familia. Después que en la época republicana el
patriciado se hubo convertido en nobleza hereditaria, la Monarquía le
asoció la nobleza titulada, pero sin que la institución adquiriese una
significación esencial. Constantino abolió estos derechos de nobleza
hereditaria, y desde entonces los títulos de patricio se concedieron
por el Gobierno con elevado rango, pero como la más alta nobleza
personal.

El ingreso en la familia tiene lugar ordinariamente, lo mismo que
el ingreso en la patria potestad, por la procreación verificada
por un individuo romano perteneciente a una familia, y en legítimo
matrimonio, debiendo tomarse como norma para este último concepto el
orden jurídico existente en el momento de que se trate; por tanto, con
respecto al estado jurídico de la madre solo se exige que tenga con el
padre comunidad de matrimonio (_connubium_). -- Independientemente de
la procreación, se podía entrar en la familia:

1.º Probablemente por el matrimonio antiguo. En efecto, como el
matrimonio solemne rompe de derecho la patria potestad a que se halla
sujeta la mujer, igualmente que el poder tutelar cuando se trata de
mujeres sin padre, y en cambio origina el vínculo de la autoridad
marital, es claro que si el marido pertenece a otra familia, o también
a otro Estado que la mujer, no puede esta continuar disfrutando del
mismo derecho de familia, y en su caso del mismo derecho de ciudadano
que antes de casarse. Por el contrario, el matrimonio no solemne
solamente concede la autoridad marital cuando esta se ha adquirido
por compra o usucapión de la mujer, en cuyo caso probablemente el
derecho familiar de esta permanece intacto; pues aun en los antiguos
vestigios de la _confarreatio_ ha desaparecido generalmente de nuestra
tradición el cambio de familia por el matrimonio, y no se trata más que
una simple conjetura que no puede ser fácilmente rechazada. -- En la
condición de los bienes de la mujer encontramos una confirmación del
supuesto según el cual, en la época más antigua, cuando la comunidad
familiar aún se hallaba en pleno vigor, la comunidad matrimonial, o
connubio, regularmente se hallaba limitada a los miembros de la misma
familia, y el tránsito de la mujer a otra familia diferente de la suya
constituía un caso excepcional. Pues, en efecto, para el matrimonio
con un individuo que no perteneciera a la familia, la hija de familia
solo había menester, como para todo matrimonio, de la autorización del
padre, por cuanto dicha hija no podía tener bienes propios; por el
contrario, si la contrayente fuese una mujer capaz de tener bienes, no
solo se requería la aprobación de los tutores, esto es, de los miembros
de la familia más cercanos a aquella, sino además un acto legislativo
que le diese permiso para celebrar el matrimonio fuera de la familia.

2.º La aceptación de una persona como hijo produce, claro está, los
mismos efectos que la generación, y puede, por lo tanto, dar también
origen al cambio de familia; pero solo es permitida, por un lado,
con la aprobación del nuevo padre y del nuevo hijo hecha ante la
ciudadanía reunida en asamblea, y por otro, con la aprobación de la
ciudadanía misma. Como los miembros de las familias eran los únicos
que gozaban del derecho de ciudadanos, el acto de que se trata, esto
es, la _adrogatio_, no podía tener lugar al principio más que entre
patricios; posteriormente, sin embargo, se hizo extensivo también a los
plebeyos, probablemente porque cuando las curias perdieron la facultad
política de legislar, la competencia para el acto de que se trata pasó
a la Asamblea de los patricios, competencia que esta conservó cuando
más tarde se extendió a los plebeyos el derecho de votar en ella. Pero
siempre estuvo prohibida la adrogación a las mujeres, a los menores y
a los no romanos, por la razón de que tales individuos no podían hacer
declaraciones ante los Comicios romanos, y además los hijos de familia,
porque aun con la autorización del padre no podían disponer de sí
mismos.

3.º La aceptación de una persona como hijo podía tener lugar también
después de la muerte del nuevo padre; entonces, en el acto comicial, en
vez de la declaración del nuevo padre, se presentaba la disposición de
última voluntad del mismo.

4.º El hijo de familia que se hallare bajo potestad podía cambiar
de señor, lo mismo que el esclavo, por medio de un acto privado en
forma de mancipación, siendo entregado, sin perder su libertad como
ciudadano, a otra persona, en cuyo poder se colocaba en la misma
situación de carencia de libertad privada en que se encontraba frente a
su padre. En tiempos posteriores se permitió al adquirente manifestar
que tomaba al individuo, no como esclavo (_causa mancipii_), sino
como hijo de familia, aceptación (_adoptio_) que se equiparaba en sus
efectos a la adrogación cuando, mediante tres compras consecutivas
del hijo, según una disposición de las Doce Tablas, este saliera
definitivamente del poder de su padre, y además, por un procedimiento
ficticio, el nuevo padre fuera judicialmente reconocido como tal. Por
esta vía, no solamente podía llegar al patriciado el hijo de familia
de todo ciudadano romano, aun el del liberto, sino que hasta los hijos
de los latinos podían adquirir la ciudadanía romana. Parece que en
esto no tenía intervención alguna el Estado; no obstante, pudieron
existir ciertas disposiciones prohibitivas respecto del particular, que
nosotros no conocemos. En todo caso, esta adopción no era seguramente
derecho originario, sino una de las numerosas invenciones jurídicas que
ayudaron a nacer al antiguo derecho de familia.

La separación de la familia tiene lugar, prescindiendo del caso de
muerte, o cambiando de familia, caso ya examinado, o perdiendo el
derecho originario de ciudadano, con el cual coincidía el derecho
familiar. Esta pérdida acontece, tanto cuando uno se hace plebeyo como
cuando pasa a otra comunidad que, según la concepción romana, tenía
derecho propio, bien el tránsito llevare envuelta la pérdida de la
libertad, ora no. Luego (págs. 47 y 48) se examinarán ambos casos,
únicos respecto de los cuales poseemos testimonios positivos.

Fuera del orden o clase de los patricios, no se da la comunidad
familiar romana, en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, aun
dentro de la ciudadanía plebeya existen igualmente grupos regulares y
ordenados, unidos no meramente por el vínculo del parentesco natural,
que también se llaman _gentes_, aun cuando no llevan este nombre en el
estricto rigor con que se usa. Las casas que descienden de una familia
patricia, pero que posteriormente se han hecho plebeyas por haber
perdido la nobleza de alguno de los modos que después examinaremos,
tienen comunidad entre sí y no pueden perder sus vínculos con los
consanguíneos patricios; por su parte, las numerosas familias nobles de
las ciudades latinas incorporadas a la ciudad romana habrán asegurado
también la conservación de esta nobleza. Si el patricio no puede menos
de ser miembro de una familia, los plebeyos pueden haber tenido derecho
para, acaso por indicación del Colegio de los pontífices, constituir
uniones familiares con valor en el Derecho privado. Los gentiles
plebeyos están excluidos de los derechos políticos, reservados a los
verdaderos y genuinos miembros de las familias. Por el contrario, no
es inverosímil que la propiedad gentilicia inmueble, mientras existió,
no fuera exclusiva de los patricios; más seguro es que el derecho
hereditario gentilicio y la tutela gentilicia no pertenecieran solo a
estos.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PATRICIA

Si de las divisiones topográficas de la ciudad en _montes_ y del campo
en _pagi_, divisiones que, según todas las probabilidades, servían
para fines sagrados, y de los veintisiete distritos de las capillas
argeas de la ciudad es posible prescindir en el Derecho público, por el
contrario, el estudio de la organización política es cosa que pertenece
al concepto del Estado; la capacidad de obrar de la colectividad
depende de que la misma se distribuya en partes fijamente reguladas
y de que las diferentes partes obren de un modo análogo y, en cuanto
sea posible, contemporáneamente. La más antigua, y originariamente la
única denominación, la común a todas las poblaciones latinas, la que
se aplicaba a las diversas divisiones y grupos de la comunidad entera
capaces de obrar políticamente, es la de _curia_, denominación afín
de la de _quiris_ que se daba al ciudadano en los tiempos primitivos.
También esta agrupación tiene su base en la familia, supuesto que
cada una de las curias se dividía, de una vez para todas, en cierto
número de familias; por tanto, así como el _populus_ representaba la
asociación general de familias, la _curia_ significaba una asociación
familiar más restringida. No obstante que la curia se nos ofrece como
un grupo personal, bien puede decirse que, a lo menos en un principio,
hubo de existir en ella también vínculo local, supuesto que las
nominaciones de los romanos, en cuanto de ellas conocemos, son locales;
y puede conjeturarse que era así, porque el poseedor más antiguo de los
bienes privados territoriales parece haber sido la familia (pág. 16),
y la unión personal de cierto número de familias era por necesidad, a
la vez, una unión territorial. Después de la individualización de la
propiedad del suelo, esta base desapareció, y las particulares curias
comprendieron, sí, todavía a todos los Emilios o a todos los Cornelios;
pero ya no tuvieron relación con la tierra. En el respecto personal,
la colectividad general y las curias, traduciendo las relaciones
entre el todo y las partes, marchan paralelamente, y cada ciudadano
pertenece de derecho a una curia, pero solo a una; al extenderse la
ciudadanía por la agregación de nuevas familias, o se crearon nuevas
curias para estas, o las nuevas familias fueron incorporadas a las
curias existentes. Mientras el derecho de familia y el derecho de
ciudadano coincidían, siendo una misma cosa, las curias comprendieron,
como miembros activos, a todos los patricios, como pasivos, a todos
los que dependían de ellos; más tarde, cuando los últimos adquirieron
el derecho de ciudadanos, se extendió también a estos el carácter de
miembros activos de las curias. Por tanto, si la curia descansa en el
concepto de la familia, se desvanece dentro de ella la familia y la
casa, como igualmente dentro del _populus_, componiéndose de un número
de miembros de familia que se hallan entre sí bajo un pie de igualdad.

Conforme al antiquísimo sistema decimal latino, el número fundamental
de las divisiones del pueblo es el número diez: toda comunidad se
compone de diez curias. Y como en la primitiva época había tres
comunidades latinas, los Titienses, Ramnes y Luceres, que se mezclaron
entre sí para formar un Estado único, conservando cada una de ellas
sus diez curias, resultó una comunidad total y única, compuesta de
treinta curias. De aquí tomó origen la posterior contraposición entre
las _tribus_, originariamente el campo de la comunidad, y el _populus_,
que en un principio era el ejército de la comunidad; conceptos,
esencialmente idénticos, que en los tiempos históricos vinieron a
diferenciarse en que _tribus_ significó el concepto intermedio entre
el todo y la parte, el tercero de la ciudadanía y de la tierra, y
el _populus_ representó la comunidad trina. Lo cual significa que
la unión no fue completa y que cada uno de los tercios conservó
cierta independencia, a lo menos en un principio; cosa que encuentra
confirmación en el hecho de que, en la comunidad de las treinta curias,
en cuanto era posible hacerlo sin perjuicio del régimen monárquico,
el procedimiento de los factores reunidos resultaba idéntico, sobre
todo en la formación del sacerdocio y en la organización militar.
Pudiera, sin embargo, verse cierta jerarquía en las tribus, puesto que
tenían señalado un orden fijo de proceder, como igualmente en muchas
particularidades, especialmente en lo que toca a las instituciones
sagradas, hubo entre ellas preferencias o postergaciones; mas no
puede caber duda alguna respecto a la igualdad esencial de derecho
de todas las partes o grupos. Después no se siguió igual camino de
unión incompleta. No se formaron luego ulteriores todos-partes, sino
que cuantas comunidades o partes de comunidad vinieron a agregarse
a la ciudadanía romana disolvieron sus agrupaciones familiares, y
estas fueron incorporadas a las treinta uniones o grupos existentes.
Parece que, más tarde, y en todo caso en época muy avanzada, hubo de
mezclarse con la comunidad palatino-capitolina otra segunda comunidad,
acaso la ciudad sobre el Quirinal, de tal manera que sus familias se
distribuyeron entre todas las treinta curias, pero distinguiéndose, en
cada una de ellas, estas gentes relativamente nuevas, que se llamaron
_gentes minores_, para no confundirlas con las antiguas; lo cual
se haría extensivo a las singulares familias que todavía más tarde
hubieron de agregarse. Esta organización es lo que serviría de norma
para regular el orden que habría de seguirse en las votaciones del
Senado. Con todo, es seguro que una distinción propiamente jurídica no
ha existido jamás entre las antiguas y las nuevas familias. La fuerza
asimiladora de la totalidad, el principio según el cual la comunidad
no puede componerse, a su vez, de comunidades, sino únicamente de
personas, es el que ha dominado de un modo exclusivo la evolución
política de Roma hasta la decadencia del Estado libre, cuyas últimas
crisis dan expresión a la opuesta tendencia en la organización
municipal (cap. X, págs. 127 y sigs.)

Precisamente de conformidad con tal principio se permitió, o más bien
se exigió, que se organizara la comunidad; pero la falta de capacidad
de obrar (_Handlungsunfähigkeit_) y la imposibilidad de formar cabeza
(_Hauptlosigkeit_) fueron tan rigurosas con respecto a los miembros
particulares de la comunidad como lo fueron para las familias.

La curia tiene, sí, una organización religiosa, como también aun a
la familia se la considera como una comunidad sagrada, y hasta se le
concede jurisdicción sacerdotal; mas de un culto privativo de cada
curia, nosotros, a lo menos, no tenemos noticia alguna, y parece
que esta institución hubo de convertirse en un culto general de la
comunidad, organizado por curias. En el respecto político, la falta de
capitalidad (_Hauptlosigkeit_) de la curia llegó a hacerse absoluta; ni
aun se le concedía la analogía con una magistratura.

No puede decirse por completo lo mismo de los tres todos-partes, los
cuales se resistieron de hecho al principio de la asimilación. Es digna
de notarse, por su posición singular, la corporación de los hermanos
ticios, introducida seguramente para la conservación de los antiguos
sacra de la primera de las tribus. Según ya se ha observado, conforme
a las más antiguas organizaciones, había tres pontífices, porque cada
tribu exigió el suyo. También en el respecto político encontramos el
_tribunus militum_, como jefe del ejército de a pie, y el _tribunus
celerum_, como jefe de los caballeros de cada uno de los tres
tercios, pues sin duda alguna esto es lo que fueron originariamente.
Pero, a lo menos en los tiempos históricos, hasta el recuerdo de
la posición política independiente de cada una de las tribus se ha
borrado. El número tres ha continuado en estas instituciones; pero ni
cada pontífice pertenece necesariamente a un determinado tercio, ni
representa a este, sino a la comunidad; tampoco los tribunos suelen ser
puestos por las tres tribus, y cada uno de ellos no guía el contingente
de una tribu, sino la infantería y la caballería de la comunidad total.
Y así, aunque la falta de capitalidad difícilmente acompañó en los
orígenes a las tribus, se fue haciendo perfecta en estas en el curso de
la evolución.

Análogos fenómenos encontramos en aquella organización de la
colectividad que reconocemos en algún modo como orden de defensa, pero
que verosímilmente sirvió también para los impuestos y las votaciones.
En la época del Estado patricio puede ser considerada la curia como un
círculo de percepción o leva; cada una de ellas establece un cierto
número de soldados de infantería y de caballería, los primeros de
los cuales son llamados en casos de guerra, y los segundos hacen su
servicio permanentemente, percibiendo por él una retribución adecuada.
Según el esquema, cada curia establece diez _decurias_ o una _centuria_
para el servicio militar de a pie, y una _decuria_ para el de a
caballo, y cada tribu diez centurias de soldados de aquella clase y una
centuria de los de esta. Al duplicarse la comunidad por la agregación
de las llamadas «pequeñas familias», se duplicó también la caballería
permanente, de modo que cada tribu establecía dos centurias, _priores_
y _posteriores_. No podemos saber si al hacer aplicación política del
número fundamental indicado, el alistamiento de todos los ciudadanos en
las centurias, alistamiento que no puede menos de haber tenido lugar,
se habrá hecho conservando las divisiones y traspasando el número
esquemático de plazas, o si, por el contrario, se habrá conservado
el número esquemático y formado ulteriores centurias. Si con esta
organización quedaron estrictamente separados los todos-partes, pudo
la misma conservarse todavía para la aplicación política del orden de
las curias aun en tiempos posteriores, con tanta mayor razón cuanto la
misma hubo de ser bien pronto casi enteramente suprimida. Pero debe
notarse que en la aplicación militar de estas organizaciones, que en
la caballería permanente persistió por largo tiempo, las centurias
que se establecieron con arreglo a la división en tribus y que se
conservaron para lo tocante a las votaciones, fueron, por el contrario,
reemplazadas, para lo concerniente al servicio militar efectivo, por
la _turma_, formada por las tres decurias de las tres tribus. Por
consecuencia, también por este lado hubo de verificarse posteriormente
la asimilación de los todos-partes que originariamente estaban
separados.

Finalmente, ni la curia como tal ni la tribu como tal tenían capacidad
de obrar; según todas las probabilidades, ni a la una ni a la otra
competía la facultad de tomar acuerdos, cosa que se sigue forzosamente
del hecho de no reconocerles capitalidad. Solamente en cuanto la curia
es la parte de la comunidad jurídicamente reconocida y en cuanto las
curias todas son llamadas y preguntadas, unas después de otras, por
el magistrado de la comunidad total, el acuerdo de la mayoría de las
partes viene a ser un acuerdo, no de un cierto número de curias, sino
de la comunidad.

CAPÍTULO III

LA CLIENTELA

Ha existido quizá una época en la que los miembros de las familias
romanas o ciudadanos de la comunidad solo tenían como opuestos a ellos,
por un lado, los romanos no libres, y por otro, los extranjeros no
romanos. Pero hasta donde nuestra investigación alcanza, encontramos
siempre, entre la primera y la segunda categoría, una clase media que
fluctúa entre la libertad y la carencia de ella, clase para la cual en
rigor no existe una denominación valedera, a saber: los «dependientes»,
_clientes_, o la «multitud», _plebeii_. Clientela y plebeyado coinciden
tanto en el concepto como en la realidad; clientela es la dependencia
más efectiva, plebeyado la más nominal; esta procede de aquella; la
clientela forma la antítesis al derecho del ciudadano del originario
Estado gentilicio; el plebeyado es la antítesis al derecho de los
nobles, de los antiguos ciudadanos, es la clase que posee el derecho
de ciudadano romano de los tiempos históricos. Estudiándose el derecho
de ciudadano en el capítulo siguiente, conviene que nos hagamos
cargo en este de la evolución de las relaciones de dependencia, y
ante todo de la clientela. Y debe partirse de lo siguiente: los
dependientes se hallan en oposición, tanto a los extranjeros como a
los ciudadanos completos; el carácter de exclusividad que acompaña
al hecho de la pertenencia a la comunidad, es igualmente absoluto
para ambas categorías, y en cuanto los dependientes romanos pueden
ser considerados como personas libres, son no menos romanos que los
patricios.

Los orígenes jurídicos de la dependencia o clientela son los siguientes:

1.º El hijo nacido de una romana fuera de matrimonio romano legítimo
queda fuera de la sociedad familiar, pero no pertenece a otra alguna
comunidad, ni tiene tampoco señor alguno; verosímilmente, se le
consideró como semilibre desde antiguo.

2.º Cuando se disuelve una comunidad que ha sido hasta ahora
independiente, los hasta aquí ciudadanos de la misma pueden adquirir
el derecho de ciudadanos romanos entrando en las familias romanas,
o pueden ser hechos esclavos según el derecho de la guerra. Estos
individuos, desde la dedición hasta el ingreso en una o en otra de las
divisiones a que han de ir destinados, hallándose en una situación
transitoria, tienen la consideración de extranjeros que no pertenecen
a ningún Estado extraño. Sobre esto hemos de volver en otro capítulo
(página 119). Pero en los tiempos antiguos, estos dediticios, muy
probablemente con frecuencia, y aun acaso como regla general, eran
colocados en un estado permanente de protección; se hallaban dentro
de la comunidad romana, pero fuera del grupo familiar y sin señor
personal. Es seguro que la dedición que conducía al estado de
protección, de que acaba de hablarse, hubo de suministrar a la plebe
romana un contingente de importancia, tanto por el número como por la
consideración.

3.º El extranjero, especialmente el latino, que, con arreglo al
contrato celebrado entre el Estado romano y el suyo, se trasladaba a
Roma bajo la égida de su derecho nacional, gozaba aquí de libertad y
protección, garantizadas por el dicho contrato.

4.º El esclavo romano manumitido por testamento, es decir, por medio de
una decisión del pueblo, en el momento de la muerte del señor alcanzaba
protección contra los herederos del derecho de este, de manera que
estos no podían reclamarlo como propiedad suya; pero ni pertenecía a
ninguna familia ni tenía el derecho de ciudadano.

5.º La manumisión verificada por medio de actos privados no podía
originariamente producir efectos jurídicos, de manera que no podía
impedirse al señor ni a sus herederos que hiciesen revivir su
derecho de propiedad. Pero en los tiempos históricos esta manumisión
fue equiparada a la hecha ante los Comicios (que es la de que se
acaba de hablar), siempre que la misma fuese ordenada en testamento
mancipatorio, cuyos efectos legales se igualaron posteriormente a los
del hecho en los Comicios, o que el propietario reconociera la libertad
del esclavo, ya en un proceso ficticio que tenía lugar ante el pretor,
ya ante el censor al formar el censo. La gran masa de los plebeyos, a
lo menos en los tiempos claramente históricos, salió del poder de los
señores gracias a estas donaciones de libertad.

6.º Era jurídicamente imposible que el padre diese libertad al hijo,
porque este gozaba ya de la libertad política, y la patria potestad,
según la primitiva concepción, no podía cesar nunca. Sin embargo,
cuando, como hemos visto respecto de la adopción (págs. 20-21), a
consecuencia de la celebración de tres ventas consecutivas, el hijo
enajenado no podía volver a poder del padre, el adquirente del mismo
podía darle la libertad, y si ese hijo había gozado hasta ahora del
derecho patricio o del latino, entraba desde luego, lo mismo que otro
cualquiera liberto, en la plebe romana. Este acto complicado, que lo
mismo que la adopción fue ideado seguramente por los juristas para que
produjera como resultado la ruptura de la patria potestad legalmente
invariable, pero que ya estaba reconocido por las Doce Tablas, esto
es, la emancipación, no perjudicaba realmente en nada al emancipado y
trajo, en cambio, al plebeyado una gran parte de sus mejores elementos.

7.º Es verosímil que por el derecho estricto no estuviera permitido
a los individuos pasar desde el patriciado a la plebe por una simple
declaración de voluntad, por cuanto el ciudadano no puede dejar de
serlo por su voluntad privada. Pero parece que semejante acto hubo
de ser a lo menos tolerado, sin previa adopción ni emancipación, muy
frecuentemente por motivos políticos.

8.º Todas las anteriores causas jurídicas de originar la dependencia
hubieron de extenderse también a la descendencia, porque, como ya se
indicará, la capacidad para el matrimonio fue uno de los derechos
más pronto conquistados por los dependientes, y también dentro de
este círculo, el hijo sigue regularmente la condición del padre. Del
propio modo, los plebeyos pueden celebrar aquellos actos cuyos efectos
se equiparan legalmente a los de la generación dentro de matrimonio
legítimo, o sea la adrogación (pág. 20) y la adopción (págs. 20-21),
tan luego como existen las condiciones necesarias para ello; por tanto,
pueden verificar la adrogación desde el momento en que adquieren el
derecho del voto en los comicios curiados, y la adopción tan luego
como este acto fue considerado en general como legalmente admisible.

La esencia del híbrido instituto de la dependencia consiste en unir
la libertad personal por un lado, y la sujeción a un ciudadano
completamente libre por otro. Es parecida a la sujeción en que se
halla, en el círculo de los ciudadanos completamente libres, el hijo de
familia con respecto al padre; y hasta el modo de designar técnicamente
a los hijos de familia políticamente libres y personalmente sometidos,
_liberi_, con su doble oposición, por una parte a los esclavos y
por otra a los ciudadanos independientes, los aproxima a aquellos
semilibres, como lo indica muy especialmente la más antigua fórmula
que se usaba para la manumisión testamentaria. La misma posición que
ocupan los _liberi_ patricios con respecto al padre ocupan también
con relación al _patronus_ los _liberi_ que están fuera del círculo
de la familia. Indisputablemente, la subordinación de cada uno de
estos últimos a uno o varios patronos es de derecho necesaria, y
la transmisibilidad hereditaria de la clientela, que con el tiempo
se desarrolló, se corresponde justamente con la transmisibilidad
hereditaria del patronato. La organización de la familia se amplió con
los dependientes, y al menos cuando las relaciones del cliente con
el patrono se hicieron más estrechas, como aquel llevaba el nombre
gentilicio de este, se le consideraba como miembro de su familia.
Con todo, relativamente a esta institución, de la que en los tiempos
históricos solo quedan inseguros restos, no podemos decir con seguridad
a quién ha pertenecido el derecho de patronato de las diferentes
categorías de personas antes mencionadas. El hijo nacido fuera de
matrimonio ha de haber estado sometido al poder o tutela de la madre.
Respecto a la dedición, hay vestigios de un patronato ejercido por
aquel magistrado romano que la había pactado. Cuanto a los latinos
domiciliados en Roma, hay testimonios explícitos de que se sometían
aquí a un patrono (_applicatio_). En las diferentes formas de donación
de la libertad, el patronato corresponde, claro es, al donante y a
sus herederos. Es de la esencia de esta institución el que en la
subordinación que la misma implica haya grados efectivos, siendo de
advertir que la transmisibilidad hereditaria de que se ha hecho mérito
contribuyó a relajarla más y más, y que la misma se aproxima por un
lado a la no libertad y por otro lleva a la libertad plena, como lo
indican las mismas denominaciones de _clientes_ y _plebeii_.

Solo aproximadamente y por conjeturas podemos decir cuál fuera la
situación jurídica de los dependientes en el Estado de familia. Son,
no obstante, tantos y de tal importancia los restos de la antigua
dependencia que se conservan aun en los tiempos históricos, que nos
parece posible definirla, al menos en sus rasgos generales.

En el campo del derecho privado, el dependiente romano es igual al
ciudadano pleno, puesto que se le aplican en idéntica forma que a este
todas las instituciones, así del derecho de las personas como del
de las cosas: matrimonio, señorío doméstico o poderes del padre de
familia, tutela, propiedad, obligaciones, derecho hereditario, etc. Si
la forma religiosa de la unión matrimonial les estuvo verosímilmente
vedada a los plebeyos, cuando menos en los tiempos primitivos, sin
embargo, como queda advertido, ya desde época bastante antigua se
equiparó jurídicamente el matrimonio consensual sin formalidades a la
confarreación en cuanto al efecto de dar origen a la paternidad, y aun
cuando la potestad que en el matrimonio legítimo nacía no iba unida
a aquel otro que se celebraba sin formalidades, es lo cierto que se
facilitó la adquisición de la misma a los dependientes por las formas
legales de adquirir la propiedad. Pero esto solo hubo de aplicarse en
un principio a los matrimonios celebrados por los dependientes entre
sí o por un dependiente varón con una ciudadana; entre un ciudadano
y una dependiente no existía connubio todavía a la época de las
Doce Tablas, habiéndoseles concedido después, hacia el año 309 (445
a. de J. C.), por medio de un acuerdo del pueblo. En la esfera del
derecho de los bienes, difícilmente han existido diferencias entre
el dependiente y el ciudadano, sino que uno y otro tenían iguales
derechos en cuanto al comercio y a la administración patrimonial. En
los comienzos, la posesión territorial no ha podido pertenecer más
que a la familia, y el derecho de disfrute de aquella no pudo ser
concedido en un principio a los dependientes; sin embargo, los señores
de la tierra tuvieron que admitir desde luego a sus dependientes en
la porción que se les concedió en el campo de la familia, bajo las
formas de posesión suplicada, y cuando menos de hecho se les otorgó
también el aprovechamiento hereditario independiente en el mismo.
Cuando después empezó a practicarse la propiedad individual de la
tierra, este derecho de propiedad individual se concedió quizá desde un
principio también a los dependientes, y en todo caso se hizo extensivo
a ellos muy pronto. -- Los dependientes estuvieron sin duda privados,
en general, de los derechos de aprovechamiento correspondientes al
ciudadano, especialmente del aprovechamiento de los pastos comunes por
medio de manadas y rebaños y de recibir una parte en donación cuando
se adjudicaban porciones de los terrenos de la comunidad; no obstante,
según parece, se conseguían regularmente en tales casos especiales
disposiciones, mediante las cuales los no ciudadanos vinieron acaso
desde bien pronto a disfrutar de aquellos derechos. -- En la esfera del
derecho hereditario, los dependientes son, como hemos visto, iguales a
los ciudadanos, solo que cuando el dependiente carece de personas que
estén autorizadas para tomar directamente la herencia, son llamados
a heredarle el señor que le protege y tras él sus parientes y los
miembros de su familia. Mientras el testamento solamente podía hacerse
a virtud de una decisión del pueblo y los plebeyos estuvieron excluidos
de los Comicios curiados, claro está que no pudieron estos otorgarlo;
mas tales limitaciones desaparecieron bien pronto, y a partir de este
momento, se igualaron también bajo este respecto a los ciudadanos
plenos.

En conjunto, pues, los dependientes no se diferencian de los ciudadanos
desde el punto de vista del Derecho privado. Para hacer valer sus
derechos y para defenderlos de todo ataque, pueden también reclamar la
protección de los tribunales de la comunidad; pero asimismo se hace
indicación a este efecto de la cooperación del señor que les tiene bajo
su protección, sin que podamos decir cuál sea el valor que haya de
darse a estas dos reglas. La cooperación del patrono puede haber sido
un acto por el cual, a falta de persecución judicial independiente,
postergara de un modo esencial al cliente en el acto del juicio; pero
quizá era la misma más bien una obligación que un derecho del señor,
y acaso el dependiente estuviera facultado para solicitar semejante
protección, en tanto que el magistrado no tuviera derecho a rehusar el
amparo judicial al cliente cuando este no hubiera pedido u obtenido la
protección debida por el patrono.

Las relaciones jurídicas entre el patrono y el dependiente quedan ya,
por tanto, indicadas en lo esencial. Uno y otro se hallan ligados más
bien por vínculos morales que jurídicos. Tanto el protector como el
protegido se deben recíproca fidelidad (_fides_). Aun la dependencia
de este de aquel es dependencia de hecho. Quizá lo más esencial que
sobre este particular existiera fuese la dependencia económica derivada
forzosamente de la posesión suplicada de los pequeños agricultores;
el dependiente debe haber estado obligado a prestar ciertos servicios
o hacer ciertos pagos al señor, ya en forma de trabajo, ya entregando
una parte de los productos del suelo. La pertenencia religiosa de los
clientes a la familia del patrono se manifiesta por la participación
de los mismos en las fiestas públicas de la curia a que el señor
pertenecía. Ya se ha hablado de la adjunción procesal de los
dependientes al señor en lo tocante al derecho patrimonial. No debe
haber tenido el patrono jurisdicción verdadera sobre el cliente por
los hechos penables cometidos por este; lo que se ha mencionado con
relación al liberto indica, cuando menos, que puede ser atacada la
manumisión por acto _intervivos_. Es muy significativa, para conocer
la naturaleza de este instituto, la prohibición de persecuciones
judiciales entre el patrono y el cliente, y el considerar sencillamente
como un delito la infracción de las relaciones de fidelidad. En este
caso, quizá el patrono mismo debía ser quien castigara al cliente
culpable; y si el culpable era el patrono, el magistrado tenía
facultades para llevarlo ante el tribunal del pueblo. En el importante
y frecuente caso de que se disputara sobre si uno era no libre o
dependiente libre (_causa liberalis_), lo ordinario era, sobre todo
en los primeros tiempos, en que había instituido para el caso un
tribunal especial (_decemviri litibus iudicandis_), que este otorgara
la protección jurídica a aquel individuo que reclamaba su condición de
dependiente libre.

Fácilmente se comprende que, en teoría, los no ciudadanos estuviesen
privados de todos los derechos políticos, igualmente que de los
correspondientes deberes. Mas en la práctica quizá nunca fue aplicado
en toda su extensión este principio, sino que con toda seguridad fue
sufriendo graduales limitaciones, hasta perder por completo todo su
esencial contenido antiguo. Desde bien pronto estuvieron obligados los
dependientes al pago de los impuestos, y fácil es de comprender que
luego tuvieron la obligación de contribuir con todas las prestaciones
políticas que pesaban sobre los hombres libres pertenecientes al
Estado y protegidos por él. La denominación de _aerarius_, que desde
los más antiguos tiempos se daba al romano que no pertenecía al grupo
de ciudadanos armados, indica la existencia de un impuesto que en
el Estado gentilicio gravaba sobre todo el haber del no ciudadano;
pero nuestro conocimiento de la Hacienda romana es tan deficiente,
que no podemos dar noticias detalladas y claras sobre el particular.
Más seguro es que, tan luego como comenzó a existir una propiedad
personal, y esta pudo ser también adquirida por los clientes, el
impuesto real (_tributus_), que tomaba por base capital la estimación
de los inmuebles, afectara a todo propietario de un pedazo del suelo
romano, fuera ciudadano pleno, dependiente o extranjero latino. --
Posteriormente se asoció con esto la obligación de las armas y el
derecho de sufragio, ambos los cuales coincidieron en Roma desde un
principio. Parece que por largo tiempo esta obligación y este derecho
estuvieron unidos al derecho de los ciudadanos, y, por consiguiente,
solo correspondían a los patricios; cuando, por el contrario, se
unieron a la posesión del suelo, todo poseedor del mismo, con tal de
que no fuese extranjero, fue incluido en los grupos formados para el
servicio de las armas y el pago de los impuestos. Acaso el fenómeno
fue realizándose por grados: pudo ocurrir que los dependientes fueran
en un principio empleados como cuerpos auxiliares de la legión, y que
más tarde concluyeran por ser equiparados a los antiguos ciudadanos
en materia de armas y de impuestos, por lo menos en cuanto a la
infantería, no identificándose completamente ambas masas respecto
a la caballería. Entonces, los que hasta aquel momento habían sido
dependientes se convirtieron en ciudadanos de la comunidad, si
bien no seguramente con iguales derechos que los otros; en efecto,
la antigua ciudadanía mantuvo un derecho preferente de voto por
largo tiempo todavía, y asimismo el disfrute único, o cuando menos
preferente, de las magistraturas y del sacerdocio. Sin embargo, en
principio, el cambio estaba establecido: la ciudadanía antigua fue
gradualmente convirtiéndose en nobleza privilegiada; la clase de
personas que hasta ahora habían sido dependientes, y cuya sujeción
personal desapareció, hubo de afirmarse como _plebes_, _plebeii_, al
lado de la de los _patricii_; el _quiris_, especial manera de ser
designado el ciudadano patricio, dejó de existir; _populus_, que quizá
significó en algún tiempo la comunidad de los patricios, comenzó ahora
a designar el conjunto de los patricios y los plebeyos; _liberi_ no son
ya exclusivamente los dependientes, sino los ciudadanos en general;
invéntase para designar a estos la igualitaria denominación de _cives_,
que los comprende a todos, a los ciudadanos antiguos y a los nuevos. En
el siguiente capítulo se desarrollará más este concepto.

La clientela no fue propiamente abolida, sino que más bien continuó
formalmente en vigor. Sin embargo, en la época de Mario hubo de
sentarse el principio de que el plebeyo sale de la clientela cuando
desempeña una magistratura romana, a causa del quasi-patriciado que
con estas iba unido. También llevaba consigo la clientela, así por
su origen como por su esencia, la postergación del liberto, que no
tiene padre y sí únicamente un patrono, a aquel otro individuo que ha
nacido libre, al _ingenuus_; esta postergación fue asimismo suprimida,
si bien sus efectos continuaron existiendo en buena parte en tiempos
posteriores. Claro está que no puede existir una formal distinción
entre el que ya no es cliente y el que todavía se halla en dependencia;
bueno es decir, sin embargo, que los hijos de primer grado del liberto
se consideraban como dependientes en los tiempos antiguos y que, por
el contrario, desde mediados del siglo VI de la ciudad, fueron mirados
como completamente libres. La descendencia de los libertos en los
grados ulteriores no se diferenciaba jurídicamente en nada, en los
tiempos históricos, de los patricios, con respecto a los cuales no se
admitía en general que procedieran de alguna persona no libre.

CAPÍTULO IV

LA CUALIDAD DE CIUDADANO (_Civität_).

Con la abolición de la híbrida categoría de los dependientes, la
organización romana, si se prescinde de los esclavos, los cuales se
contaban entre las cosas, volvió a su originaria sencillez, teniendo
solo dos clases de personas, los ciudadanos y los no ciudadanos. Vamos
ahora a examinar el derecho de los ciudadanos e inmediatamente a
establecer las causas por las cuales se adquiere y se pierde.

La ciudadanía nueva es una ampliación de la antigua comunidad
gentilicia, de modo que esta va incluida en aquella; pero además se
ha añadido a ella otra totalidad. Los dos círculos se excluyen entre
sí por exigencia jurídica, ya que ningún individuo puede pertenecer
a ambos; de modo que cuando por excepción un patricio ingresa en el
plebeyado o un plebeyo alcanza el patriciado, tanto el primero como
el segundo, por este simple hecho, renuncian a su anterior posición
en la ciudadanía. Tenemos, por tanto -- lo cual debe advertirse para
lo que toca a la adquisición y pérdida del derecho de ciudadano --
que hacer esencialmente las mismas deducciones para el patriciado que
para la dependencia; sin embargo, solo en parte coinciden las de uno y
otro. Especialmente la dedición, que en los antiguos tiempos traía como
consecuencia, probablemente no de un modo necesario pero sí frecuente,
la dependencia protegida, o sea la clientela, no dio posteriormente
origen al plebeyado que de la clientela procedió, y por consiguiente,
de la dedición debe hablarse, como ya se ha indicado, al tratar de las
organizaciones de los no ciudadanos.

Las causas que dan ingreso en la ciudadanía son las siguientes:

1.ª El nacimiento dentro de matrimonio legítimo, según las reglas
vigentes así para el patriciado (página 18), como también en lo
esencial para la dependencia (pág. 33).

2.ª El nacimiento fuera de matrimonio legítimo, según las normas de la
dependencia (pág. 31).

3.ª La adopción como hijo de un hijo de familia de derecho latino,
según las normas vigentes para el patriciado y el plebeyado (págs. 20
y 33). La adrogación (página 21) presupone que el hijo adrogado es
ciudadano, y por lo tanto no puede otorgársele este derecho.

4.ª La traslación de un latino a Roma bajo la égida de su derecho
nacional, lo cual, sin embargo, hubo de sufrir muchas limitaciones en
los tiempos posteriores de la República, y en el año 659 (95 a. de J.
C.) fue abolido por la ley licinio-mucia. Al tratar de los latinos
volveremos sobre este privilegio.

5.ª La liberación, no solamente de la esclavitud, sino también de
la situación de aquellos hombres libres que se hallaban en lugar
de esclavos, según las normas vigentes para la dependencia, sea la
liberación hecha por testamento, séalo por alguna de las formas
jurídicas prescritas para la liberación o manumisión entre vivos (pág.
32).

Adviértese en los anteriores modos la tendencia a no conceder el
ingreso en el gremio de los ciudadanos a los ciudadanos de origen
extranjero; no existe igual limitación con relación a los esclavos.
Además, prescindiendo del modo ordinario del nacimiento, la cualidad
de ciudadano no puede realmente conseguirse sin aprobación de la
ciudadanía, y esto sucedió aun en el antiguo gremio de ciudadanos;
pero también encontramos la posibilidad de adquirir dicha cualidad sin
preguntar a la ciudadanía, y la encontramos tanto en la adopción como,
sobre todo, en la manumisión, cuando esta no se verifica por medio
del testamento comicial. Las normas relativas a la dependencia, y que
para esta no tienen nada de extraño, han sido, por tanto, trasladadas
al derecho de ciudadano, lo cual solo puede explicarse teniendo en
cuenta la poca estimación que originariamente se hacía del mismo en la
organización patricia.

6.ª La concesión del derecho de ciudadano en la forma antigua de
recepción de una familia en el gremio de los patricios (págs. 16-17)
es cosa que no puede acontecer ya en la comunidad patricio-plebeya;
en su lugar se hace uso de la concesión individual del plebeyado,
concesión que difícilmente podía admitirse en el Estado gentilicio.
Para esta concesión era absolutamente preciso el consentimiento de la
ciudadanía romana, y además, probablemente, el de la persona interesada
y el de la comunidad nacional a que, hasta el presente, hubiera la
misma pertenecido, en el caso de que esta comunidad tuviese celebrado
contrato con Roma y en ese contrato no se autorizaran de una vez
para siempre tales concesiones. También acontecía a veces, por el
contrario, que la comunidad romana se obligase con otra, por medio de
un contrato, a no conceder a los individuos pertenecientes a esta el
derecho de ciudadanos. En los casos en que se tratara de conceder el
derecho de ciudadano a toda una comunidad, era jurídicamente necesario
el consentimiento de la misma con mayor motivo que cuando se tratase
de un solo individuo, a no ser que, como acontece en la dedición, el
tratado celebrado al efecto dejase al arbitrio de la comunidad romana
el determinar la situación jurídica de los miembros de la comunidad
disuelta. -- Por lo que a la forma de la concesión respecta, pueden
distinguirse estos casos:

_a_) Concesión general del derecho de ciudadano con ciertas
condiciones, lo cual apenas tuvo lugar más que en favor de los latinos,
sobre todo después que hubo de sufrir limitaciones, y finalmente, ser
abolido el antiguo derecho de cambiar de domicilio. De esto trataremos
al ocuparnos del derecho latino (pág. 107).

_b_) Concesión especial a algunas personas, o también a un grupo
particular, o a una ciudadanía que, aun bajo su forma colectiva, es
jurídicamente como un individuo, con tal de que en ella no se designen
con un nombre las personas, sino tan solo por una señal jurídica.

_c_) Concesión mediata, que tenía lugar en la época republicana dando
poderes plenos al efecto a un particular funcionario; pero no se
verificó sino en límites reducidos, permitiendo a los fundadores de
colonias, y a menudo también a los jefes del ejército, admitir con
ciertas limitaciones al gremio de ciudadanos a los que no lo eran. En
la época del Imperio, solamente el Emperador concedía el derecho de
ciudadano en virtud de la autorización general e ilimitada que para
ello tenía.

Como signo exterior del derecho de ciudadano, sirve la declaración de
los distritos de ciudadanos, que luego examinaremos, los cuales dan
un nombre a los varones, mientras, a no ser así, se les llamaría con
la denominación nacional, común a las estirpes latinas en general.
Conforme a esto, para la demostración del derecho de ciudadano en una
persona, sirve, en primer término, la lista o catálogo de ciudadanos
formada por distritos al hacer el censo, como lo prueba señaladamente
el hecho de existir una forma de manumisión consistente en inscribir
como ciudadano en aquella lista o censo al esclavo a quien se quería
dar libertad. Después que el censo del Reino[3] desapareció, debieron
ocupar su puesto las listas o censos municipales, tanto más, cuanto
que entonces el derecho de ciudadano del Reino coincidió regularmente
con la pertenencia a un municipio de ciudadanos romanos. Mas no debe
entenderse lo dicho en el sentido de que el hecho de figurar o no en
estas listas de ciudadanos tuviese un valor definitivo, ya positiva,
ya negativamente, sino que más bien, en todos los casos en que se
pusiera en cuestión el derecho de ciudadano de una persona, se dejaba
a la apreciación del magistrado competente el concederlo o negarlo.
Hubo establecidas algunas instituciones para prevenir la usurpación del
derecho de ciudadano: a las comunidades confederadas cuyos ciudadanos
se dijeran sin razón romanos, se les concedió una acción civil contra
los mismos, y de un modo general se reconoció a cada una de ellas, en
la época posterior a Sila, la facultad de perseguir por el más severo
procedimiento del Jurado (_quaestio perpetua_) a los peregrinos que se
atribuyeren falsamente el título de ciudadanos romanos. Todavía en la
época de la República se echa de menos una institución autorizada para
declarar de una vez para todas cuándo se poseía y cuándo no la cualidad
de ciudadano, si bien las de que acabamos de hablar remediaron en
alguna manera tal vacío; en los tiempos posteriores, el Emperador tuvo
facultades para resolver definitivamente sobre los casos dudosos.

[3] _Reich._ El autor emplea esta palabra, no para significar
país monárquico, sino como sinónima de Estado. Así lo haremos
también nosotros siempre que nos sirvamos de ella. -- _N. del T._

El derecho de ciudadano se pierde, aparte del caso de muerte, o por
entrar en esclavitud el individuo que hasta ahora disfrutaba de tal
derecho, o por la agregación jurídicamente válida a otro Estado
con el cual Roma tuviere celebrado convenio, y esto, por la ley de
incompatibilidad de varias nacionalidades. Los casos particulares son
esencialmente ejemplificativos, bastando con examinar aquí los más
importantes.

1.º Cuando el ciudadano romano que se hallare bajo la potestad de otro
o en lugar de esclavo fuere enajenado por su señor a un miembro de
otra nación por alguno de los actos que en Roma se consideran válidos,
perdía definitivamente la libertad, y, por consecuencia, el derecho de
ciudadano. Autoenajenaciones de esta clase no fueron conocidas en el
Derecho.

2.º Cuando un prisionero de guerra ha sido entregado al enemigo
en virtud de un tratado de paz, o ha muerto en el cautiverio, la
prisión se considera como un hecho por el cual se pierde la libertad
jurídicamente y que, por tanto, da también origen a la pérdida del
derecho de ciudadano. Si, por el contrario, el prisionero, ya sea por
virtud del tratado de paz, ya por otro cualquier modo, se librara del
cautiverio, en tal caso, a su retorno (_postliminium_) se le reintegra
de derecho en su anterior estado y se considera que el tiempo que ha
estado sin libertad no ha existido.

3.º Cuando el ciudadano romano independiente fuera adjudicado a otro
romano o a un latino por sentencia judicial y colocado en lugar de
esclavo (_in causa mancipii_) a causa de un delito o de una deuda,
o el ciudadano romano domésticamente sujeto fuera entregado en
propiedad por su señor a un romano o a un latino para que quedara en
lugar de esclavo, esta pérdida de la libertad era considerada en el
antiguo Derecho como equivalente a la del prisionero de guerra; es
decir, que el derecho de ciudadano, y en los patricios el derecho de
familia, quedaba en suspenso. Pero como esta suspensión no producía
el efecto de entregar a la persona a un Estado extranjero donde
perdiera su libertad, y no estaba sometida a limitaciones de tiempo,
sino que estaba permitido concluirla en cualquier tiempo, aun por los
descendientes del preso, al adquirir de nuevo este su libertad se
consideraba que no la había perdido nunca. En los tiempos posteriores,
dulcificada ya la concepción primitiva, el que una persona se colocara
en lugar de esclavo no ejerció generalmente ningún influjo sobre el
derecho de ciudadano.

4.º La adquisición de este derecho en alguna comunidad extranjera
reconocida por Roma hace cesar el derecho de ciudadano romano, aun
cuando la ciudadanía romana lo hubiera aprobado. Esto tiene especial
aplicación a la fundación de nuevas ciudades confederadas de Derecho
latino. La concesión unilateral del derecho de ciudadano extranjero a
un romano no le hacía perder su propio derecho de ciudadano.

5.º En virtud de los pactos federales celebrados con las ciudades
latinas y con los demás Estados confederados de mejor derecho, existió
entre estas comunidades libertad de capacidad; esto es, se reconoció a
todo el que de derecho perteneciera a cualquiera de ellas la facultad
de perder su derecho nacional, lo mismo si fuera patricio que plebeyo,
y entrar en otra comunidad nueva como ciudadano o pariente protegido,
sin más requisito que pasar a residir en ella, y aun por la mera
declaración hecha de querer residir. La residencia en una ciudad de las
que no hubieran celebrado semejantes pactos con Roma no llevaba consigo
la pérdida del derecho de ciudadano romano, a no ser que la ciudadanía,
por medio de un acuerdo especial, diera excepcionalmente valor a esta
marcha o expatriación. Las causas a que la expatriación (_exilium_)
obedeciera eran indiferentes desde el punto de vista jurídico; sin
embargo, cuando en los tiempos posteriores el derecho de ciudadano
obtuvo cada vez mayor estimación y aprecio, no era fácil que nadie
se expatriara sino con el objeto de librarse de una condena judicial
que exigiera como condición la pérdida del derecho de ciudadano
del demandado. Mas como esta expatriación, cuando el expatriado se
agregaba a una de las comunidades latinas, no excluía por sí misma
la posibilidad de readquirir el derecho de ciudadano romano, y como
además en Roma se garantizaba aun al extranjero por regla general el
derecho de elegir libremente el lugar de su residencia y el expatriado
se hallaba en situación, cuando menos, de poder seguir teniendo su
domicilio en Roma, hubo de acudirse al medio de negar el agua y el
fuego al que se hubiera expatriado con el fin de sustraerse a una
condena criminal, lográndose de este modo extrañar realmente de Roma al
expatriado que se hubiera hecho extranjero.

6.º Un acuerdo de los Comicios podía privar del derecho de ciudadano,
tanto a las personas singulares como a todo un distrito, según se
desprende de la naturaleza misma del Estado político, omnipotente,
y de los actos de cesión de un determinado territorio, realizados
algunas veces, como igualmente de la dedición. Mas el tribunal del
pueblo no dio jamás sentencias en esta forma; privó al ciudadano, sí,
de la vida, pero nunca de la libertad ni del derecho de ciudadano. El
posterior procedimiento criminal, acaso ya el del tiempo de Sila, pero
con seguridad el de la época del Imperio, incluyó entre las penas la
de pérdida del derecho de ciudadano conservando la libertad personal.
En el procedimiento civil podía también privarse al ciudadano de su
libertad incapacitándolo para realizar actos de derecho privado, mas
no era posible privarle definitivamente de su situación o estado de
ciudadano; solo con respecto a la _addictio_, establecida por la ley
para el hurto calificado, se ha discutido si el condenado por tal hecho
no caería en esclavitud. Acaso la inadmisibilidad de la cualidad de
ciudadano cuando alcanzara toda su completa fuerza fuese en la época
republicana ya avanzada.

La pura renuncia del derecho de ciudadano no produce efectos jurídicos,
pues ni el ciudadano puede por sí mismo, unilateralmente, romper sus
relaciones con la comunidad, ni para la confirmación por parte de
esta de un acto semejante, completamente negativo, ha existido forma
jurídica ninguna.

CAPÍTULO V

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PATRICIO-PLEBEYA

La organización mediante la cual se hizo posible que la ciudadanía
cumpliera sus fines administrativos, especialmente el servicio de las
armas y el de impuestos, y participase en el Gobierno, la tenemos en
el Estado patricio-plebeyo, en cuanto a partir de este momento la
ordenación por curias del Estado gentilicio en la forma dicha (pág. 25)
comprende también a los plebeyos y penetra en el ampliado círculo de
la ciudadanía. Pero de esta ordenación por curias no se hizo uso más
que para ciertos actos de Gobierno de orden subordinado, especialmente
para la adrogación y el testamento; toda la administración y la parte
esencial de la autonomía gubernativa, la legislación y la elección para
los cargos públicos tuvieron en la nueva ciudadanía otro fundamento, de
conformidad con el cual fue nuevamente organizada la ciudadanía misma.

Este fundamento fue la posesión inmueble, la propiedad privada del
suelo. Junto a la obligación de las armas y de los impuestos que
comprenden a todos los ciudadanos, tenemos el servicio militar con
armas propias y el impuesto territorial basado en la posesión. Además,
el pueblo armado reunido en Asamblea se considera como la comunidad
que se determina por sí misma. Con lo cual la curia, o lo que es lo
mismo, la familia, desaparece bajo el aspecto político: si en otro
tiempo solo el patricio como tal era llamado a servir militarmente y a
pagar impuestos, y su lugar en la milicia y entre los contribuyentes
lo indicaba la familia, ahora ya, en las cosas capitales -- en la
caballería le quedan aún a los miembros de la familia algunos derechos
privilegiados -- no se tiene en cuenta la distinción entre nobles y
ciudadanos, y cada uno ocupa el lugar que le corresponde según el
círculo en que se halla colocado por razón de los bienes inmuebles que
posee.

La denominación dada a los círculos de posesión es la misma con la
cual se designaban los tres más antiguos Estados de familia que,
mezclados, componían un todo (pág. 25); pero estas nuevas tribus,
las denominadas servianas, se diferenciaban completamente de las
romulianas, tanto en su esencia como en su número. La tribu antigua
era un compuesto de cierto número de familias; por tanto, su lazo
era personal, hallándose unida territorialmente solo en cuanto y
mientras estas familias se hallaban aposentadas unas al lado de otras
en propiedad inalienable; la tribu nueva es esencialmente local,
es el compuesto de aquellos ciudadanos que poseen una determinada
porción del territorio del Estado, por lo que su personal cambia
frecuentemente. Si las primeras fueron todos propiamente políticos,
y solo se convirtieron en partes por la evolución synokística, las
segundas, en cambio, sin la menor duda fueron consideradas desde un
principio como barrios de ciudadanos. Conforme a lo cual, mientras las
antiguas tribus se nos presentan, por sus denominaciones, como grupos
de población, los círculos posesorios son denominados topográficamente,
y así, aquellas tres tribus de Ticios, Ramnes y Luceres, nada tienen
de común con los cuatro cuarteles Suburana, Palatina, Esquilina y
Collina, que es la forma más antigua en que los conocemos. Y que dichos
cuarteles, como lo indican sus nombres, fueron desde luego distritos
de la ciudad, puede inducirse conjeturalmente por la circunstancia
de que la evolución de los círculos de posesión se verificó desde
un principio, según todas las probabilidades, paralelamente a la de
la propiedad privada del suelo, y la propiedad sobre la casa y el
jardín se estableció mucho antes que la del suelo cultivable. En esta
forma, la división en cuarteles se puede haber remontado hasta la
época del Estado familiar, y puede haber carecido en un principio de
importancia política. Es inútil hacer conjeturas sobre las relaciones
que pudieran existir entre las casas de la ciudad que se hallaron
en posesión particular y la porción correspondiente a sus dueños en
el campo cultivable de la familia (pág. 16), pues no nos queda de
ello vestigio alguno que pueda ni siquiera ponernos en camino de
averiguarlo. Los cuarteles adquieren reconocidamente importancia
cuando la tierra se desliga de los grupos de familias, y cada casa de
la ciudad, lo propio que todo pedazo de tierra, pueden ser adquiridos
en plena propiedad romana por todos y cada uno de los ciudadanos de
la comunidad patricio-plebeya. La obligación gentilicia del servicio
militar dependía de la posesión gentilicia del suelo; la propiedad
privada del suelo trajo consigo la obligación privada de tal servicio.
La tradición histórica no se remonta hasta el origen de esa propiedad
privada; pero el establecimiento de veinte tribus, formadas de los
cuatro cuarteles primitivos de la ciudad y de dieciséis distritos
territoriales denominados con nombres de los antiguos campos arables
de las familias, indican claramente este tránsito, debiendo notarse
que, como el número de familias era mucho mayor, cada distrito abarcó
una multitud de tales cotos arables, tomando su denominación de los
Emilios, Cornelios, Fabios y otras familias de las más distinguidas.
De conformidad con este punto de partida, la división de los distritos
se hizo de tal suerte, que cada porción asignada del campo romano,
es decir, cada pedazo de tierra que el Estado declaró para propiedad
particular, fue adjudicado a una tribu, quedando fuera de estos
el campo de la comunidad. Para atender a este fin, por un lado se
añadieron a los antiguos veinte distritos otros nuevos: primero,
probablemente en el año 283 (471 a. de J. C.), el Crustumina, y luego,
en el año 513 (242 a. de J. C.), el Velina y el Quirina, con lo que se
llegó a alcanzar la cifra, no traspasada, de 35 distritos; por otro
lado, el Areal nuevamente añadido se inscribió en un distrito de los
ya existentes. Las cuatro antiguas tribus urbanas fueron delimitadas y
cerradas topográficamente, delimitación que pudo también servir de base
a la primera introducción de las tribus posteriormente formadas; pero
no fue permanente y fija, y sobre todo después que concluyó de formarse
el número de tribus, en el año 513 (241 a. de J. C.), fue por completo
abolida.

La tribu del Estado patricio-plebeyo se halla, pues, unida al terreno,
y en relación con este es invariable; pero también se enlaza con
la persona, supuesto que esta, en cuanto propietario territorial,
se halla obligada a hacer prestaciones al Estado. Ese enlace sufre
ya ampliaciones, ya limitaciones: el hijo de familia del ciudadano
poseedor pertenece a la tribu lo mismo que el padre, porque también a
él le coge la obligación del servicio militar; por el contrario, como
no tienen esta obligación la mujer propietaria ni el latino poseedor,
no pertenecen a la tribu. De la propia manera, aquel que es poseedor
en varios distritos, como solo le corresponde en uno la obligación del
servicio de las armas, solo a una tribu puede pertenecer. Enlázase
con esto también el ingreso o la cancelación o el cambio de tribu en
el censo; las autoridades no pueden alterar el hecho de la posesión,
pero pueden perfectamente modificar en los casos singulares las
consecuencias jurídicas de aquella, especialmente la obligación de
las armas. -- Por consecuencia de lo dicho, en los primeros tiempos
de la República la ciudadanía se dividió en dos categorías: la de los
ciudadanos que tenían derecho para prestar el servicio militar con
armas propias, y, por tanto, el de pertenecer a tribus personales, y la
de aquellos otros que no eran _tribules_ y que recibían la denominación
de _aerarii_, porque para lo que principalmente se les tenía en cuenta
era para la tributación.

Esta contraposición no llegó a consolidarse. Si en casos particulares
el magistrado negaba al poseedor el derecho de pertenecer a las tribus
personales, y acaso también llegaba a reconocer por excepción este
derecho al no poseedor, el año 442 (312 a. de J. C.) el censor Appio
Claudio inscribió en las tribus a todos los ciudadanos no poseedores
en general, según parece en globo y por voluntaria elección de las
tribus, con lo cual la obligación del servicio militar con armas
propias se hizo independiente del patrimonio y no mucho después de la
posesión inmueble, y por consecuencia, la contraposición de _tribules_
y _aerarii_ quedó borrada. Es verdad que los censores del año 450
(304 a. de J. C.) limitaron los ciudadanos no poseedores a las cuatro
tribus urbanas; pero todo pleno ciudadano romano quedó formando parte
de una tribu y (prescindiendo de una clase de semi-ciudadanos que luego
examinaremos) ya no hubo, por tanto, _aerarii_, ni la obligación del
servicio militar fue de aquí en adelante exclusiva de los poseedores.
Por el contrario, en el respecto político estos conservaron todavía en
lo sucesivo su preeminencia, porque la gran mayoría de los distritos
votantes siguieron siendo suyos.

En el último capítulo de este libro (pág. 130) se tratará de la
conexión de las tribus con la comunidad de ciudadanos de época
posterior, tal como hubo de originarse principalmente a consecuencia
de las guerras entre los miembros que constituían la confederación, y
del cambio de tribus desde los signos de la variable posesión al del
derecho fijo de nacionalidad o de la patria, requisito para gozar del
derecho de ciudadano del Reino.

La tribu territorial corresponde en lo esencial a la antigua curia,
solo que, como más joven y menos orgánicamente formada que esta,
carece por completo del culto divino común. La ley rigurosa de la
centralización política, que no puede consentir que se conceda facultad
de determinarse por sí mismas a las partes del Estado, tuvo también
aquí aplicación. La tribu se estableció primitivamente como grupo
secundario o auxiliar, carácter que conservó en cierta medida aun
después de ser abandonada la relación de proximidad local, sobre todo
porque en esta circunstancia se apoyaba la cualidad de común que tenía
el voto que le correspondía y porque los particulares distritos fueron
utilizados como corporaciones electorales independientes. Pero la
organización de distribuciones y limosnas públicas por distritos en los
últimos tiempos de la República, y más todavía durante el Imperio, dio
a la tribu un carácter corporativo contrario a su propia esencia. Cada
tribu tenía un jefe. En materia de impuestos es en lo que especialmente
obraban las tribus, las cuales parece que no tuvieron significación
política.

El distrito estaba destinado, parte a administrar, singularmente
los asuntos relativos al servicio de impuestos y al de las armas,
practicando las operaciones necesarias al efecto; parte a procurar que
la voluntad general de la ciudadanía tuviese su legítima y adecuada
expresión, mediante la organización de los Comicios. La organización
de la ciudadanía patricio-plebeya por tribus y por centurias, que más
o menos sobre las tribus se apoyaban, lo mismo que la contraposición
entre _tribules_ y _aerarii_, contraposición que todo lo dominaba,
no pueden ser explicadas de otro modo que penetrando en la manera de
hallarse organizados los impuestos y sobre todo el ejército de la época
más antigua: supuesto que la tribu es el distrito de percepción y leva,
y por ella se regula la paga y la posición del soldado de a pie y el
impuesto necesario para este fin, y la centuria comprende el efectivo
de las tropas de la caballería permanente y las unidades o individuos
jurídicamente disponibles para cada uno de los cuerpos de tropa de la
infantería no permanente, pero ambas, tribu y centuria, expresan en
conjunto la totalidad de los ciudadanos que tienen la obligación de
servir en el ejército. De esto depende la forma que ha de darse a la
Asamblea de los ciudadanos, esto es, a los Comicios, cuya naturaleza
examinaremos en el libro quinto.

Solo por excepción se hacía uso del distrito para los fines económicos
de la comunidad, puesto que por regla general esta economía, lo
mismo que la economía doméstica de los particulares, se servía de
recursos propios, esto es, de las utilidades de la posesión común,
rendimientos de pastos, diezmos de los frutos, aduanas marítimas y
otros recursos análogos, además de los productos y adquisiciones de
las guerras, de modo que en la más antigua época los particulares
tenían que soportar pocas cargas impuestas por la comunidad. Como el
terreno de esta se hallaba fuera de los distritos, la organización de
los distritos nada tenía que ver tampoco con la administración del
patrimonio de la comunidad. Los ciudadanos no tenían que soportar más
impuestos permanentes, en beneficio de la comunidad, que los que fueran
necesarios para suplir los gastos originados por el servicio militar.
En este sentido, las mujeres y huérfanos que poseyeran un patrimonio
independiente estaban obligados a contribuir al pago del sueldo de los
caballeros. Es también probable que por todo el tiempo que el servicio
de las armas solo recayó sobre los ciudadanos poseedores, esto es,
hasta mediados del siglo V de la ciudad, los ciudadanos no inscritos
como poseedores estuvieran obligados a pagar un impuesto permanente, en
razón de lo cual se les llamó _aerarii_. Por el contrario, no tenemos
noticia alguna de que el extranjero que vivía en Roma en virtud del
derecho de hospitalidad, estuviese obligado al pago de semejantes
impuestos. Pero en los tiempos más antiguos encontramos en la paga de
los soldados una carga de distrito que, a lo menos de hecho, puede ser
considerada como permanente. Originariamente, cuando los jefes del
ejército no pagaban los gastos hechos por los soldados de a pie de las
adquisiciones realizadas en la guerra, este pago había que hacerlo
por medio de impuestos dentro del círculo o distrito, probablemente
de tal manera, que cada pedazo de terreno de los que no tenían la
obligación de empuñar las armas soportase un recargo compensatorio
en beneficio de los que la tenían, siendo el presidente del mismo,
que para esto era el _tribunus_, el que hacía el cómputo al efecto a
cada ciudadano, _aerarius_. Luego que, hacia el año 348 (406 a. de J.
C.), la paga de los soldados dejó de percibirse de los distritos y se
cobraba de la caja del Estado, siguió existiendo esta institución, pero
de tal manera, que desde entonces la caja del Estado indicaba a los
presidentes de distrito la suma con que les correspondía contribuir.

Si pues, en un principio la comunidad, como tal, no recibía
ordinariamente prestaciones económicas de los ciudadanos, sin
embargo, pudo la misma exigir de estos por modo extraordinario, tanto
servicio o prestaciones personales (_operae_), especialmente trabajos
manuales y de yuntas y caballos para las obras públicas, como también
ingresos en dinero (_tributus_), y lo mismo los unos que las otras
formaron sin duda parte esencial de la vida de los ciudadanos en los
primeros siglos de Roma. Pero los servicios personales fueron muy
pronto abolidos y los ingresos extraordinarios en la caja del Estado
llegaron también a hacerse con el tiempo innecesarios, sin que nosotros
podamos decir, sobre algunas cosas de un modo absoluto y sobre otras
insuficientemente, qué marcha se siguió en esto, y, sobre todo, nos
está vedado perseguir de una manera exacta la aplicación que para tales
fines se hizo de la organización de los distritos.

Esta afirmación vale incondicionalmente por lo que a los servicios
personales se refiere. De cuánta importancia han debido ser los mismos,
puede sospecharse por las construcciones colosales de los muros de las
ciudades, cuyo origen indica su denominación, tomada prestada a las
«obligaciones» (_moenia_, _munera_); es probable que estas obligaciones
se exigieran ante todo a los ciudadanos poseedores, y también a los
extranjeros que tuviesen bienes inmuebles (_municipes_); pero no
tenemos noticia ni tradición alguna respecto a la dirección y a la
distribución de los trabajos. En los tiempos históricos, la forma de
ejecución de las obras públicas fue seguramente la de contrata.

El pago extraordinario de dinero a la comunidad, el _tributus_, no
era propiamente un impuesto, sino una suscripción o desembolso que la
comunidad obligaba a hacer a los ciudadanos en el caso de hallarse
temporalmente incapacitada para hacer sus pagos, y cuyo importe les
devolvía más tarde, siempre que a su juicio se hallase en disposición
de poder verificarlo. La facultad para obrar de este modo debe de
haber existido desde muy temprano. Pero ya se comprende que esta carga
debe haber aumentado considerablemente cuando el pago de las tropas
de infantería pasó a la caja del Estado. La denominación de este
desembolso, así como su conexión con el censo formado por distritos,
no ofrece duda alguna de que los distritos eran los que servían de
base para tales percepciones. Está demostrada la participación de los
jefes o presidentes de las tribus en el censo, y la percepción del
desembolso ellos eran los que la llevaban a cabo. Mientras las tribus
estuvieron compuestas únicamente de ciudadanos poseedores, parece lo
natural que solo ellos fueran los que tuvieran que pagar el _tributus_,
y no debe tampoco extrañar esto, porque no se trata de percibir un
impuesto, sino de una prestación forzosa, y puede haber existido
otra manera adecuada para hacer que contribuyeran los ciudadanos
no poseedores. Luego que, hacia mediados del siglo V de la ciudad,
se impuso a los ciudadanos en general la obligación de defender la
patria con las armas y dejaron de existir los _aerarii_ en el antiguo
sentido, el desembolso o suscripción de que se trata se impuso a todos
los ciudadanos en proporción al patrimonio registrado a este efecto
en la tribu a que pertenecían. No se tiene noticia de que sobre los
más grandes patrimonios pesaran las cargas en proporción relativamente
más alta que sobre los pequeños; lo que sí existe es un límite del
impuesto, en cuanto que el que tuviera un patrimonio de más de 1500
ases quedaba sometido al desembolso como «constante» (_adsiduus_) o
«capaz de pago» (_locuplex_), mientras que, por el contrario, el que
figurara en el censo con menos de aquella cantidad solo formaba parte
de las listas «por la persona» (_capite census_) y como «padre de sus
hijos» (_proletarius_), considerándosele, en cambio, como desprovisto
de patrimonio para los efectos del pago del impuesto. Durante los
siglos en que el poder romano fue en aumento, el desembolso creció
con frecuencia y no pocas veces la ciudadanía estuvo en peligro de
desaparecer bajo tal carga, pero la comunidad romana supo utilizar su
gran poderío universal, una vez que lo hubo conquistado, principalmente
para bastarse a sí misma en el terreno económico y librar a los
ciudadanos de todo gravamen de esta índole. Desde el año 587 (167 a.
de J. C.) hasta el Emperador Diocleciano, solo una vez, durante la
confusión que siguió al asesinato de César, el año 711 (43 antes de J.
C.), se cobró el desembolso.

De un modo análogo a la de los impuestos se organizó la obligación del
servicio militar, y por consiguiente, la Asamblea de los ciudadanos
aptos para la defensa nacional pudo ser convocada por tribus. Pero si
estas han de ser consideradas como círculos o distritos de percepción
y se subrogaron en el lugar de las curias, lo que se tomó como unidad
militar base de la ciudadanía militarmente organizada, mejor dicho, del
_exercitus_, así en el Estado gentilicio como en el patricio-plebeyo,
fue la _centuria_, tanto con respecto a la infantería como a la
caballería. Si la _centuria_ vino a ser suplantada, para el servicio
de campaña, en la caballería por la _turma_, en la infantería por
el _manipulus_, esta nueva organización, por lo mismo que no era
aplicable a los Comicios, puede considerarse como puramente militar y
prescindirse de ella en el derecho político. A la originaria división
de la ciudadanía en poseedores (_tribules_) y no poseedores (_aerarii_)
corresponde el establecimiento de 188 centurias para el servicio
militar de los ciudadanos obligados a él, mientras cuatro centurias
más comprenden las personas destinadas a prestar en el ejército
los servicios de su profesión, los carpinteros (_fabri tignarii_),
los herreros (_fabri ferrarii_), los trompeteros (_liticines_ o
_tubicines_) y los tocadores de bocina (_cornicines_), y en otra
centuria se reunía toda la masa de los suplentes desarmados (_velati_),
los cuales, alistados (_adcensi_) como auxiliares o sustitutos de
aquellos que tenían la obligación del servicio militar, solo por
excepción y no a su propia costa podían prestar este servicio. Pero el
ejército de ciudadanos comprendía todos los varones adultos que fueran
miembros de la comunidad. Las centurias no guardaban una relación fija
con las tribus; más bien, las particulares centurias se componían
regularmente de tribules de distintos distritos, mezclados entre sí
todo lo posible, tanto militar como políticamente. Del conjunto de los
obligados a prestar el servicio de las armas se separaba desde luego
la caballería permanente, organizada en diez y ocho centurias, seis de
las cuales eran las reservadas a la comunidad patricia (pág. 28), y las
doce restantes se formaban eligiendo al efecto las personas que por su
patrimonio e idoneidad se considerasen más adecuadas para prestar el
privilegiado servicio de caballería. Los demás obligados al servicio
militar fueron divididos por su edad en un primer grupo que abrazaba
a los individuos obligados a ir a campaña, desde los diez y ocho a
los cuarenta y seis años cumplidos, los _iuniores_, y en un segundo
grupo de los más viejos, los _seniores_; a cada uno de estos grupos se
le asignaron ochenta y cinco centurias, pero cada mitad se dividió,
con arreglo a la cantidad de posesión territorial, en los enteramente
obligados al servicio, o sea los _classici_, que comprendían cuarenta
centurias, y los que servían con armamento aminorado (por tanto, _infra
classem_), los cuales se agruparon en cuatro grados, de diez, diez,
diez y quince centurias. Parece que la distribución de los ciudadanos
en las particulares centurias, cualificados por su edad y patrimonio
para formar los referidos grupos de centurias, dependía del arbitrio
del Magistrado. Como el número de las divisiones se fijaba de una
vez para todas, es claro que, fuera de las centurias permanentes de
soldados de caballería, compuestas de un número cerrado de cien hombres
cada una, el número de individuos asignados a las demás centurias
había de ser forzosamente diferente, pues, en efecto, considerando en
conjunto tal organización, se advierte que el segundo de los grupos
arriba mencionados, el cual comprendía muchos menos hombres que el
primero, tenía el mismo número de centurias que este, y, sobre todo,
los ciudadanos poseedores predominaban tan decisivamente sobre los no
poseedores, así en lo que toca al servicio militar como al derecho
de voto, que parecen perfectamente ilusorios la obligación militar
y el derecho de voto de los últimos. En cambio, ateniéndonos a la
tradición, nada podemos concluir, a lo menos de un modo seguro, sobre
si los grandes poseedores sacaban ventaja a los dueños de pequeños
fundos rústicos. Por el contrario, dentro de cada grupo de centurias,
cada centuria particular debe de haber tenido igual número de cabezas
que las restantes, y por tanto, deben de haber existido disposiciones
tales que impidieran, por ejemplo, que los individuos que reunieran
condiciones para formar parte de las 40 centurias del primer grupo
de la primera clase fueran distribuidos caprichosamente entre ellas.
-- La colocación de los _aerarii_ bajo los _tribules_ no produjo
más alteración en esta organización que la de que, en lugar de los
diferentes grados o escalas de posesión, se atendía con respecto a
ellos a las correspondientes escalas graduales en que figuraran en
el censo, y la de que las cinco centurias auxiliares hubieron de
comprender, no ya a los ciudadanos no poseedores, sino a los más
pobres, a los que figuraran con menos riqueza imponible que la más
inferior de las necesarias para el servicio militar, o sea menos de
11.000 ases, que posteriormente fue menos de 4000 ases.

Esta organización, que en el respecto militar hubo de ser pronto
abolida, continuó existiendo para lo político hasta las guerras con
Aníbal, y más tarde fue de nuevo puesta en vigor por Sila, aunque
seguramente por poco tiempo. Probablemente el año 534 (220 a. de J.
C.) fue reformada, sobre todo, a lo que parece, en el sentido de
hacer independiente el derecho electoral activo de los ciudadanos del
arbitrio de los censores y del de los magistrados que dirigían las
elecciones. Ya se ha advertido que, en la organización antigua del
ejército, mientras la colocación de los ciudadanos en los grandes
grupos de centurias se hacía por edades y patrimonios, la distribución
de los mismos en las centurias particulares se dejaba probablemente
al arbitrio del magistrado. Aun cuando ciertas normas legales y
consuetudinarias debieron de impedir en todo tiempo que hubiese
desigualdad esencial en el número de personas atribuido a cada una de
las centurias jurídicamente iguales entre sí, sin embargo, en la época
republicana es cuando se manifiesta de una manera clara la tendencia
a poner limitaciones también en este campo al arbitrio del magistrado.
Lo cual se hizo más indispensable después, cuando los ciudadanos no
poseedores empezaron también a formar parte de las tribus, porque
la inclusión de los mismos en tal o tal otra centuria o grupo de
centurias, cosa que se proyectaba de un modo tan acentuado en la
organización de las tribus, dependía sin duda de la discreción de la
magistratura. Y aconteció esto, probablemente, porque los 170 cuerpos
votantes de infantería que existían se pusieron en relación fija e
íntima, por disposición de la ley, con los 35 distritos, cuyo número,
cabalmente por eso, no pudo, a partir de entonces, ser aumentado. Los
tribules de cada tribu se dividieron, con arreglo a la edad, en dos
grupos, de los jóvenes y de los viejos, y cada uno de los setenta
grupos que resultaron se descompuso, con arreglo a las cinco escalas de
patrimonios formadas, en cinco centurias; los 170 votos dichos fueron
distribuidos entre las 350 centurias resultantes, de tal manera que a
cada una de las 70 centurias de la primera clase se adjudicó un voto,
y de las otras 280 se formaron cien cuerpos votantes, agrupándolos de
una forma que no podemos determinar en detalle. Los 70 grupos referidos
sustituyeron en cierto modo a los 35 distritos, y los centuriones
puestos al frente de cada uno de aquellos a los jefes de las tribus.
De esta manera se logró que el predominio de los ciudadanos poseedores
pertenecientes a las 31 tribus rústicas sobre los no poseedores
adscritos a las cuatro tribus urbanas, no estuviera pendiente del
arbitrio prudencial del magistrado, como acontecía algunos decenios
antes para la asamblea de las tribus y aconteció después en la
organización centurial, sino que se hallara fijamente determinado por
ley. Respecto a las centurias de caballeros, conservose vigente la
organización anterior; lo que, sin embargo, es probable que aconteciera
es que perdiesen entonces la importante preferencia de voto que hasta
allí habían disfrutado y que de ahora en adelante votaran con o después
de los ciudadanos que tenían la obligación completa de servir en la
infantería.

CAPÍTULO VI

LAS CLASES PRIVILEGIADAS DE CIUDADANOS

La Roma patricia, como hemos visto, no conoció clases privilegiadas
de ciudadanos. En la Roma patricio-plebeya encontramos, como tales,
aunque ciertamente en muy diversas épocas y bajo muy distintas formas,
el patriciado, la nobleza, el orden de los Senadores y el de los
caballeros. Todas ellas tienen de común que no revisten carácter
corporativo ni poseen el derecho de tomar resoluciones, ni tienen jefe;
por tanto, la comunidad conservó frente a ellas su unidad interna con
tanto rigor como frente a las partes componentes de la ciudadanía
(pág. 15): las indicadas categorías se distinguen por los privilegios
personales o hereditarios que disfrutan, esto es, porque los individuos
pertenecientes a ellas son ciudadanos de mejor derecho.

1. -- _El Patriciado._

El patriciado, que en algún tiempo equivalía sencillamente al derecho
de ciudadano (pág. 14), en la posterior ciudadanía se convirtió en
nobleza hereditaria. El concepto y la esencia del mismo permanecieron
inalterables en lo fundamental, y, por consiguiente, para todo cuanto
toca a él en sus relaciones con las instituciones de Derecho privado,
sobre todo, con el derecho riguroso de matrimonio y con la clientela,
podemos remitirnos a lo que queda expuesto anteriormente. Ahora vamos
a indicar los privilegios políticos que en los tiempos posteriores
correspondieron a los patricios, incluso aquellos puestos que en el
curso de la evolución dejaron de poder ser ocupados por el patriciado.

_a_) Los Comicios por curias de los antiguos patricios, lo propio
que los Comicios por centurias, perdieron su competencia legislativa
general desde el momento en que comenzó a existir la ciudadanía
patricio-plebeya; a las curias solo le quedó esa competencia en cosas
de mero Derecho privado, singularmente sobre los actos tocantes a
la organización gentilicia. Es probable que todavía largo tiempo
después de haber comenzado a existir la comunidad patricio-plebeya,
los patricios fueran los únicos que tuviesen derecho de voto en estos
comicios. Lo cual está, sin embargo, en contradicción con el principio
según el cual las clases privilegiadas de ciudadanos no funcionan como
cuerpos; además de que, como ya se ha notado (pág. 25), en los tiempos
históricos, los Comicios curiados son tan patricio-plebeyos como los
por centurias y los por tribus.

_b_) En la primitiva organización patricio-plebeya del servicio militar
y en la organización del voto basado en ella, las seis centurias más
distinguidas, los _sex suffragia_ de los caballeros, se les conservaron
a los patricios como _procum patricium_, y probablemente esas centurias
se distinguían de las otras doce de los caballeros y votaban antes
que estas y que las de los soldados de infantería. Pero este derecho
preferente de voto se concedió después también a las doce centurias
patricio-plebeyas, con lo que el mejor derecho se cambió en un mero
orden de colocación y asiento. Y posteriormente todavía, hacia el año
534 (220 a. de J. C.), parece que aquellas seis centurias privilegiadas
fueron también abiertas a los plebeyos.

_c_) La incapacidad de los plebeyos para ejercer funciones sagradas en
la comunidad era un principio fundamental de la primitiva organización
patricio-plebeya, y hasta dentro de los tiempos del Imperio estuvo
vigente la regla según la cual los patricios eran aptos para el
desempeño de todos y cada uno de los sacerdocios de la comunidad por
ser patricios, mientras que los plebeyos solo podían ser sacerdotes
en virtud de una especial disposición legislativa; de hecho, esta
regla había ido poco a poco siendo aceptada como consecuencia de la
gradual desaparición de la rígidamente estrecha nobleza hereditaria.
Para los tres grandes flaminados, que ocupaban el rango más alto de
todos los sacerdotes, y para los dos colegios de los salios, se exigió
el patriciado durante todo el Imperio. También por espacio de mucho
tiempo estuvieron legalmente excluidos los plebeyos de los dos colegios
sacerdotales nacidos cuando Roma, y que tan grande importancia política
tuvieron, el de los pontífices y el de los augures, igualmente que
del más moderno, aunque también muy antiguo, al cual estaba confiada
la guarda del oráculo de las sibilas. En este último se reservaron a
los plebeyos, por disposición de la ley licinia, año 387 (367 a. de
J. C.), la mitad de los puestos; la ley ogulnia, año 454 (300 a. de
J. C.), les reservó también la mitad mayor -- o sea cinco de nueve --
de los lugares en los colegios de los pontífices y de los augures, y
los demás puestos quedaron igualmente abiertos a ambas clases. Del
cuarto de los grandes colegios, el de los epulones, parece que fueron
excluidos los patricios en la época republicana. Los demás sacerdocios,
el de las vestales, para mujeres, los colegios de los feciales y de los
lupercios, el pequeño flaminado, hasta donde nuestra tradición alcanza,
parecen haber sido accesibles a los plebeyos. Como el nacimiento
de estos sacerdocios tuvo lugar en la época del Estado gentilicio,
no es posible decidir si constituyeron en un principio privilegios
patricios abolidos después, tanto más, cuanto que varias de estas
instituciones, sobre todo las vestales, no podían propiamente tener
su fundamento en la representación del Estado frente a la divinidad,
y, por consiguiente, pudo muy bien ocurrir que desde un principio
fuese innecesario para desempeñar tales cargos el derecho completo de
ciudadano.

_d_) Si la concesión a los plebeyos del derecho de servicio militar
llevaba consigo lógica y prácticamente el reconocimiento a los mismos
del derecho de ejercer mando militar bajo el magistrado, y, por
tanto, desde ese momento un plebeyo pudo ser nombrado jefe de legión
(_tribunus militum_), no cabe decir lo propio de la magistratura
misma, sin duda porque el magistrado representaba también a la
comunidad enfrente de los dioses. Esto es aplicable sin restricción
alguna al Rey, que es al mismo tiempo magistrado y sacerdote, y siguió
aplicándose también, hasta la propia época del Imperio, al esquema
o representante religioso del Rey, esto es, al _rex sacrorum_. Pero
aun en los primeros tiempos de la República, la incapacidad de los
plebeyos para ocupar una magistratura constituyó la piedra angular
de la organización política existente a la sazón. Solo con el tiempo
fue tal precepto cayendo parcialmente en desuso, mas nunca sufrió
una derogación general y en principio; sobre todo, el interregnado,
todavía a fines de la República era un cargo patricio. Los plebeyos
fueron admitidos desde bien pronto a ocupar la magistratura suprema
por modo extraordinario o en representación: entre los decenviros que
funcionaron en 303 (451 a. de J. C.) y 304 (450 a. de J. C.) para dar
una constitución a la comunidad, se encuentran plebeyos, y lo que
poco después ocurrió, quizá como consecuencia del decenvirato, esto
es, el permitirse unir las más altas funciones públicas con la mera
posición o cargo de oficial de ejército, que es lo que acontece con el
llamado tribunado consular, significa propiamente el otorgamiento a
los plebeyos de la facultad de desempeñar la magistratura suprema sin
llevar el título de tal. De entre las magistraturas ordinarias hubieron
de empezar los plebeyos por desempeñar la cuestura, en cuanto que el
cargo subordinado, según en su tiempo debió ser mirado, no puede ser
considerado en rigor como una magistratura; en el año 333 (421 a. de
J. C.), al aumentarse los puestos de cuestor de dos a cuatro, debió
permitirse el acceso al cargo a ambas clases, patricios y plebeyos. El
paso decisivo se dio el año 387 (367 a. de J. C.) con el plebiscito
licinio, en cuanto por él fue abolido el tribunado consular, y los dos
puestos de cónsul se dividieron entre ambas clases, de manera que uno
debía ser ocupado por los patricios y el otro por los plebeyos. Según
todas las probabilidades, en estos mismos momentos debió disponerse que
fueran igualmente accesibles a ambas clases, tanto la antigua dictadura
como otro tercer puesto de magistrado supremo instituido recientemente,
la pretura, pues es verosímil que la determinación de las condiciones
exigibles para los cargos públicos superiores se hiciera de una manera
general y a la vez para todos ellos. También parece que, a consecuencia
de la ley licinia, se dio acceso a los plebeyos a la censura, cargo
desprendido algún tiempo antes, lo mismo que la pretura, de la
magistratura suprema; de suerte que todo ciudadano pudo desde entonces
ser elegido tanto pretor como censor. La edilidad, instituida también
en 387 (367 a. de J. C.), se atribuyó igualmente a ambas clases, de
manera que los dos ediles plebeyos, antes cargos especiales de la
plebe, se cambian ahora en cargos de la comunidad, privando a los
patricios de los dos ediles curules nuevamente instituidos. La igualdad
jurídica de nobles y ciudadanos que de esta suerte se perseguía se
cambió bien pronto en una postergación jurídica de los primeros: las
decisiones tomadas por el pueblo los años 412 (342 a. de J. C.) y 415
(339 a. de J. C.) determinaron, con relación al consulado y la censura,
que el uno de estos cargos se reservara a la plebe y que el otro debía
estar abierto a ambas clases; por la misma época se sometió a turno la
edilidad curul, de manera que la misma fue poseída por los patricios
los años impares de la ciudad, según el cómputo varroniano, y por
los plebeyos los años pares, mientras la edilidad plebeya se reservó
exclusivamente a los plebeyos. El tribunado del pueblo, aun después
que este cargo se cambió realmente de especial de la plebe en cargo de
la comunidad, le estuvo vedado a los patricios. Pero aun esto mismo da
testimonio de que la situación política de prepotencia de la nobleza
gentilicia sobrevivió largo tiempo a la pérdida de sus privilegios y
aun a su postergación jurídica; sobre aquella prepotencia es sobre lo
único que se apoyó el patriciado para poseer él solo un puesto especial
de cónsul hasta el año 582 (172 a. de J. C.) y un puesto de censor
hasta el año 623 (131 a. de J. C.); y las antiguas familias, a pesar de
que su número fue gradualmente disminuyendo, ejercieron una decisiva
influencia por todo el período de duración de la República, y aun
después de ella, mientras el Imperio de las primeras dinastías de los
Julios y los Claudios, salidas de aquellas familias, en tanto que la
nobleza hereditaria de la época imperial no llegó a alcanzar ninguna
importancia política.

_e_) El Senado de la comunidad patricia pasó inalterable a la
patricio-plebeya, en cuanto también en esta conservaron los patricios
como derechos privativos suyos el de confirmar los acuerdos populares y
el interregnado. Por el contrario, para cuanto se refiere al gobierno
o régimen propio de la comunidad, el cual fue pasando más y más
cada vez al Consejo de esta, entraron en la organización del Estado
patricio-plebeyo, y hasta donde nos es conocido desde los comienzos,
al lado de los _patres_ patricios, los _conscripti_ plebeyos, pero no
ocupando una posición igual a la de los primeros, ya que el plebeyo que
se sentaba al lado del patricio no podía reclamar ni el nombre ni las
insignias honoríficas de Senador; además, así como en la ciudadanía
tuvo el plebeyo el derecho de sufragio y no el de optar a las
magistraturas, así también en el Senado tuvo el derecho de voto y no
el de proponer resoluciones. Ni aun en la época posterior consiguieron
equipararse jurídicamente los Senadores plebeyos a los patricios. Solo
a consecuencia del acceso de los plebeyos a la magistratura suprema,
el año 387 (367 a. de J. C.), se concedió a los que consiguieran
conquistarla que fuesen jurídicamente iguales en el Senado a los
Senadores patricios; y como muy pronto hubo de corresponder, sin duda
alguna, al Senador revestido de la magistratura más elevada un derecho
preferente de proponer acuerdos, es claro que el consulado plebeyo no
pudo seguir, a partir de este instante, siendo un asistente mudo a
las discusiones del Senado. Más tarde, la situación privilegiada del
noble en el Senado fue gradualmente sufriendo restricciones, hasta ser
abolida del todo, gracias a la circunstancia de que los puestos en
aquel se fueron dando poco a poco, y por fin se reservaron todos a los
elegidos para alguna magistratura. Volveremos a tratar de esto en el
libro V, al ocuparnos del Senado.

2. -- _La nobleza._

La nobleza es un patriciado ampliado, y del patriciado procede, en
cuanto este círculo comprendía, además de patricios verdaderos,
aquellos plebeyos que han salido del patriciado y aquellos otros que
a los patricios se equiparan por el cargo público que desempeñan. El
concepto de la nobleza se originó del principio según el cual, el
noble que por medio de la emancipación o de la separación hubiere
dejado de pertenecer a la familia, perdía sus derechos de nobleza,
pero conservaba su nombre familiar y seguía además siendo un hombre
determinado, «conocido» (_nobilis_). Pero la aplicación principal
que de este concepto se hizo fue para designar a aquellos plebeyos
que, conforme a la ley licinia, lograban ocupar los puestos públicos,
reservados hasta entonces a los patricios. Como estos cargos se
siguieron considerando como «patricios» aun después de la ley licinia,
sus poseedores no podían continuar por derecho perteneciendo a la
clientela, jurídicamente ligada al plebeyado (pág. 40), y en el Senado
hubieron de equipararse a los patricios de aquí que, si no a este
«hombre nuevo» (_homo novus_), sí por lo menos a sus descendientes
se les contó entre la nobleza, de manera que la posesión de un cargo
público curul llevaba anejo para los plebeyos este quasi-patriciado
hereditario. No tiene la nobleza privilegios jurídicos, tales como los
que al patriciado pertenecen; el derecho de tener en las habitaciones
domésticas los retratos de los antepasados que hubieran ejercido
algún cargo curul era, sí, un distintivo de nobleza, pero más bien
que de un privilegio de clase, se trataba de un derecho honorífico
concedido a los magistrados. Sin embargo, como después que fueron
abolidas las prerrogativas jurídicas de los nobles, en punto a la
adquisición de cargos públicos, continuaron todavía por largo tiempo
ejerciendo poderosa influencia las consuetudinarias, estas últimas
pasaron también al quasi-patriciado, señaladamente en cuanto la nobleza
toda se ponía enfrente de la plebe, sobre todo en las elecciones. El
carácter de exclusividad jurídica del patriciado hubiera incapacitado
necesariamente a este para asegurar el gobierno por parte de los
nobles, si no hubiese hecho posible la persistencia del dominio de
estos la quasi-recepción en la nobleza hereditaria de aquellos plebeyos
que al ser elevados a la magistratura rompían el estrecho anillo de
la aristocracia. La igualdad jurídica entre patricios y plebeyos,
conseguida a consecuencia de la lucha de clases, no sufrió alteración
formal por el nacimiento de los nuevos nobles, pero en realidad recibió
con ello un embate rudo, y con el tiempo hasta llegó a desaparecer de
hecho. Lo que sucede a menudo en las luchas políticas por la igualdad
sucedió también ahora, o sea que los vencedores convirtieron la
disputada y conquistada igualdad en una nueva forma de privilegio.

3. -- _El orden de los Senadores._

De las sesiones del Senado y de la participación de este Cuerpo en el
gobierno de la comunidad, se trata en el libro quinto. Ahora vamos a
exponer las prerrogativas que se concedieron a los Senadores, y con
el tiempo también a sus mujeres, hijos y descendientes hasta el tercer
grado, en cuanto tales prerrogativas se refieran al rango de aquellos
o tengan índole política. De la posición especial de los Senadores
por lo que toca al derecho de matrimonio y al derecho relativo a los
bienes, podemos prescindir aquí. El Senado como tal no tenía derechos
corporativos, ni tampoco un patrimonio propio ni caja propia.

_a_) La más antigua insignia de los Senadores, el calzado de cordón,
solo perteneció en un principio a los Senadores patricios, únicos
que originariamente fueron considerados como Senadores efectivos.
Más tarde encontramos que esta insignia, aunque con la limitación
de que la hebilla (_lunula_) de marfil quedara reservada para los
Senadores patricios, se hizo extensiva en el siglo VI a los que
desempeñaran cargos públicos curules, por consiguiente también a los
quasi-patricios, y posteriormente aun a todos los Senadores. -- No se
sabe si la banda roja que llevaban en el vestido, como los caballeros,
se concedió a los Senadores desde luego, o si desde el orden de los
caballeros se hizo extensiva al de los Senadores. Como en la época de
los Gracos los Senadores y los caballeros se distinguían entre sí de
un modo riguroso, la banda de los primeros era ancha (_latus clavus_)
y la de los segundos estrecha (_angustus clavus_), distintivo este,
que se conservó en ambas clases privilegiadas. -- El anillo de oro no
se conoció hasta más tarde, y correspondió usarlo primeramente a los
Senadores, haciéndose luego extensivo también a los caballeros, como
volveremos después. -- Estos distintivos eran personales en la época
republicana; pero cuando Augusto creó otro orden de Senadores, los
extendió, por una parte, a los descendientes de estos, y por otra a
aquellos jóvenes del orden de los caballeros que se equiparaban en
derechos y obligaciones a los Senadores.

_b_) A partir del año 560 (194 a. de J. C.), se concedió a los
Senadores un asiento especial y preferente en los espectáculos
públicos, privilegio que más tarde se les otorgó también con respecto a
las otras fiestas populares.

_c_) El Senador tenía un derecho privilegiado de sufragio, pero este
privilegio no consistía más que en el derecho preferente de formar en
las centurias de caballeros, de lo cual trataremos después.

_d_) En cuanto a la adquisición de los cargos públicos, tampoco
le correspondía al Senador, como tal, privilegio alguno; pero
posteriormente, cuando se exigió como condición para la más alta
magistratura el haber ocupado un cargo más inferior que diera opción
a un asiento en el Senado, los Senadores fueron seguramente los que
obtuvieron los puestos más importantes. -- De la propia manera, las
delegaciones de toda especie hechas por el Senado, y las cuales
desempeñaron tan importante papel en el régimen republicano, fueron
exclusivamente encomendadas a Senadores, si no de derecho, cuando
menos de hecho. -- Todavía en los tiempos del Imperio, cuando pasó
al Emperador la facultad de nombrar para los cargos públicos, para
este nombramiento, como así bien para la posesión de los más altos
puestos de oficiales del ejército, singularmente para el mando de las
legiones, se exigía como condición el pertenecer al Senado, y aun a
una determinada clase del mismo. -- En la época republicana, parece
que no era de derecho necesaria la cualidad de Senador para optar al
sacerdocio; de hecho, sin embargo, los más altos puestos sacerdotales
ya entonces se hallaban reservados exclusivamente para los Senadores y
para los hijos de Senadores. Augusto confirmó después jurídicamente
esta situación de hecho. -- La capacidad general para adquirir por
vez primera cargos públicos, y por consiguiente, para el ingreso en
el Senado, no solo no estaba fijada formalmente en la época de la
República, sino que es probable que a los hombres nuevos no les fuese
muy difícil conseguirlos, si bien los individuos que pertenecieran
a la nobleza debían también gozar de privilegios de hecho en este
particular. Por el contrario, Augusto solo permitió la adquisición de
las magistraturas de la comunidad, por un lado, a los descendientes
de los Senadores, y por otro, a los hombres jóvenes que él mismo
había llevado al orden de los Senadores, siendo de advertir que hizo
de ello al mismo tiempo una obligación. Con lo cual el orden de los
Senadores se convirtió en una pairía en parte hereditaria y en parte
de nombramiento imperial, y esta pairía es la que en la época del
Imperio disfrutó exclusivamente de los puestos públicos de la más alta
categoría.

_e_) En un principio, es probable que los magistrados tuvieran derecho
a llamar a cualquiera ciudadano romano para que actuase como jurado en
asuntos civiles. Pero luego que se desarrolló el régimen aristocrático,
los Senadores pretendieron ser ellos los únicos que ejercieran esta
función, y sobre todo desde principio del siglo V de la ciudad
aspiraron a ser los únicos que ocuparan los puestos de jurados en el
procedimiento de las _Quaestiones_, procedimiento tan importante desde
el punto de vista político y que fue un desarrollo del procedimiento
civil. La pretensión contraria, formulada a este respecto por el orden
de los caballeros, dio origen a una lucha de intereses de ambos órdenes
privilegiados, que llena el último siglo de la República. Tanto en la
época anterior a Cayo Graco, como de nuevo durante la reacción de
Sila, los Senadores fueron seguramente llamados al desempeño de la
función de jurados, mientras que en la época de los Gracos estuvieron
excluidos de estos cargos, y en los últimos tiempos de la República,
por el año 684 (70 a. de J. C.), un tercio de los mismos lo ocupaban
los Senadores. Durante el Imperio, cuando el cargo de jurado, más bien
que un apetecible derecho era una pesada obligación, los Senadores
estaban exentos de él.

4. -- _El orden de los caballeros._

El orden de los caballeros, procedente de la antigua caballería de
los ciudadanos, empezó a constituir una clase privilegiada de estos
desde la mitad de la República, y lo formaban los poseedores de
los caballos del Estado, los _equites Romani equo publico_. Si la
caballería de los ciudadanos parece haber estado dispuesta de manera
tal que este servicio, costoso ya de por sí, y sobre todo por su
carácter de permanencia, pudieran también desempeñarlo en cierto modo
los individuos que no tenían bienes, puesto que al tenedor de caballos
del Estado se le daba un emolumento especial (pág. 58), y a todo
otro caballero el triple del sueldo que a los soldados de a pie, sin
embargo, el servicio militar de caballería se consideró desde bien
pronto como una carga que solo podían llevar los que tenían patrimonio,
pero al propio tiempo también, sobre todo en cuanto era permanente,
y a causa de la consideración que llevaba consigo, como un servicio
honroso, privilegio de los ciudadanos ricos; a lo que todavía hay que
añadir que las seis centurias más distinguidas de entre las diez y ocho
que componían los tenedores de caballos del Estado, se le reservaron a
la aristocracia hereditaria o de sangre, y claro es que en las doce
restantes tenían también una representación preeminente la nobleza
plebeya y el círculo de grandes hacendados que fue creándose al lado
de esta nobleza procedente de las magistraturas. Por consiguiente,
junto a las condiciones primitivas de edad y de aptitud corporal,
necesarias para el servicio militar de caballería, se introdujeron
las de nacimiento y patrimonio. Los libertos estaban excluidos de la
caballería con todo rigor y solo se permitía pertenecer a ella como por
privilegio, a los hijos de aquellos que hubieran tenido ellos mismos
caballos del Estado y hubieran adquirido en realidad cierto derecho
a transmitirlo por herencia, pero con la condición de que poseyeran
una riqueza cuatro veces mayor que la requerida para el servicio
militar pleno, o sea 400.000 sextercios. De entre los ciudadanos que
se consideraban con condiciones de capacidad para el servicio de la
caballería, y los cuales se llamaban también, bien que abusivamente,
caballeros, elegían por un lado los jefes del ejército la caballería
efectiva, la que por lo demás perdió bien pronto su carácter militar,
y los censores por otro lado elegían los 1800 caballeros con caballos
del Estado, esto es, la caballería propiamente dicha, la cual tenía
obligación jurídica de prestar servicio efectivo; pero poco a poco se
fueron haciendo los nombramientos sin tener en cuenta los servicios
militares que tales caballeros tenían que prestar. Continuó el sistema
antiguo, donde los censores distribuían los caballos del Estado entre
personas aptas, y privaban de ellos a las que ya no eran capaces para
el servicio, llegándose al siguiente resultado: que esta segunda
nobleza no tenía su base en el nacimiento, como sucedía con el
patriciado, sino en la concesión del poder público, de donde vino a
originarse después la nobleza titulada. De hecho, sin embargo, esta
organización no se aplicó. Más todavía que por la adjudicación del
caballo del Estado, que en atención a consideraciones políticas hacían
los censores, de sentido generalmente aristocrático y libres de toda
responsabilidad, parece que la exclusión de la caballería, a causa del
mejor derecho de sufragio que a esta iba unido, hubo de retardarse
con relación a la nobleza más allá de la edad legalmente fijada; y
no es inverosímil que, a consecuencia de un privilegio legal, los
que habían sido Cónsules, Pretores y Ediles siguieran perteneciendo
a las centurias de los caballeros, hasta que en tiempo de los Gracos
se declararon incompatibles la condición de caballero y el asiento en
el Senado. Tanto esta declaración como el haberse abolido el derecho
de los patricios a que se les reservase la tercera parte de tales
centurias, contribuyeron luego a que el orden de la caballería, que
hasta entonces había reunido dentro de sí la nobleza procedente de
los cargos y la aristocracia financiera que de esa nobleza surgió, lo
constituyera solo esta última, que es lo que vemos acontece en los
siglos más avanzados de la República. La reacción de Sila significó
esencialmente la victoria de la nobleza sobre el orden de los
caballeros, y asentó además este último sobre otra base jurídica, en
cuanto las admisiones de tenedores de caballos del Estado, admisiones
que hasta aquí habían venido verificando los censores, desaparecieron
al ser abolida realmente la censura. No se sabe bien con qué hubo de
reemplazarse lo abolido; lo seguro y a la vez característico es que,
desde este momento, los hijos adultos de los Senadores empezaron a
pertenecer de derecho a la caballería, mientras que probablemente la
adquisición de esta por vez primera hubo de hallarse condicionada
por otro elemento diferente, que fue quizá el acceso al tribunado
militar. Parece que de esta manera se suprimió todo motivo para dejar
de pertenecer al orden de los caballeros los que a él perteneciesen,
a no ser cuando alguno de ellos ingresaba en el Senado. Pero esta
transformación del orden de los caballeros en optimates no fue
suficiente en manera alguna. En la misma época republicana se hicieron
tentativas para traer nuevamente a la vida a la censura, y en la
reforma de Augusto, no solo se dejó nuevamente al puro beneplácito
del Emperador la concesión de la condición de caballero, sino que se
aumentó el número de estos al abolir el número fijo de ellos. En la
época del Imperio domina principalmente la contraposición entre la
nobleza hereditaria de los empleados, la cual formaba el orden de los
Senadores, y el orden de la caballería, cuyos miembros eran varones de
buena cuna y considerable patrimonio nombrados por el Emperador. Por
el contrario, la tentativa que también hizo Augusto para renovar el
servicio militar efectivo de la caballería, convirtiéndolo en un cuerpo
de oficiales diestros, no le dio resultado sino en parte. Es verdad
que el servicio de los oficiales del ejército llevaba aneja hasta
cierto punto la condición de caballeros, así como a los hijos adultos
de los Senadores les correspondía también de derecho esta condición;
pero hay que advertir que la misma obligaba a servir en concepto de
tribuno militar, y además, que en los mejores tiempos del Imperio no se
concedía el caballo de caballero antes de haber cumplido cierta edad en
el servicio; lo que sí se hizo, y cada día con mayor frecuencia, fue
conceder el caballo de caballero sencillamente como nobleza personal y
de por vida, salvo casos de indignidad manifiesta.

Los privilegios políticos que se otorgaron a esta segunda clase de la
aristocracia romana, en diferentes tiempos y en grados muy diversos,
fueron los siguientes:

_a_) La organización militar que tuvo, claro es, la caballería
permanente de los ciudadanos, la conservó el orden de los caballeros
aun después que dejó de ser considerado como tropa, sirviendo,
en efecto, de base para ella, no las antiguas centurias, sino la
_turma_ en efectivo servicio (pág. 28-29). Augusto dio al orden de
los caballeros jefes quasi-magistrados que cambiaban todos los años,
jefes que fueron los seis cabezas de las seis primeras _turmas_. Esta
organización no tuvo aplicación más que para ciertas revistas de la
caballería y para las solemnidades. El orden de los caballeros no era
una corporación; no celebraba reuniones para tomar acuerdos; no tenía
tampoco presidente con facultades al efecto, ni patrimonio propio, ni
caja propia.

_b_) Parece que desde antiguo tuvieron los caballeros, como distintivo
exterior de sus funciones, la banda de púrpura en el vestido
(_clavus_), distintivo que siguieron usando posteriormente, cuando
usaban otro igual, aunque mayor, los Senadores. -- Por el contrario, el
anillo de oro solamente fue usado más tarde y como insignia senatorial
(pág. 76); a partir del tiempo de los Gracos, es cuando ambos órdenes
privilegiados lo llevaron con igual derecho. La concesión del derecho
de caballeros a los libertos por medio de la ficción de la ingenuidad,
concesión que en la época republicana no tuvo lugar nunca, y en los
mejores tiempos del Imperio por rara excepción, se verificaba en
este último caso bajo la forma del otorgamiento del anillo de oro;
posteriormente, no fueron pocos los casos en que este se concedió a
los libertos, sin que semejante concesión implicara la ficción de la
ingenuidad ni el cambio de clase social. -- No es posible decidir
con certeza si estos derechos honoríficos les fueron concedidos
sencillamente a los tenedores de caballos del Estado, o si también,
mientras existió la caballería de los ciudadanos, les fueron otorgados
a aquellos individuos que servían en caballería sin caballo del Estado,
ni podemos saber tampoco si tales derechos continuaban existiendo aun
después de devuelto el caballo de caballero, antes, claro es, de que la
caballería se comenzara a conceder de por vida.

_c_) En los espectáculos públicos tenían los caballeros asientos
especiales, la «fila decimocuarta», a ejemplo de los Senadores. Los
tuvieron en la época de los Gracos; los perdieron después en la de
Sila, y se les volvieron a conceder de nuevo más tarde, por la ley
roscia, el año 687 (67 a. de J. C.) En la época imperial se extendió
este privilegio también a los espectáculos de carrera y lucha.

_d_) Ya se ha dicho (pág. 62) que en el sufragio por centurias, de los
193 cuerpos votantes, 18 le estaban reservados a los poseedores de
caballos del Estado. Este derecho electoral era tanto más privilegiado,
cuanto que cada una de las centurias de los caballeros se componía de
100 personas, mientras que todas las demás se componían de un número
indeterminado de individuos con derecho de sufragio, número por lo
regular mucho mayor de 100, además de que a las 18 centurias dichas se
les reconoció, según parece, hasta el año 534 (220 a. de J. C.), el
importante derecho de votar en primer término.

_e_) El servicio de oficiales de ejército dependía en la época
republicana, cuando no estuvo sometido a la elección popular, del
nombramiento hecho por los jefes del ejército, en cuanto estos
lo mismo podían emplear los soldados que dependían de ellos como
simples soldados, que como conductores. Era natural que los jefes
de categoría más elevada, sobre todo los tribunos militares y los
oficiales equiparados a estos, fueran sacados preferentemente de entre
los caballeros principales, subsistiendo semejante estado de cosas
aun después que la caballería de los ciudadanos dejó de prestar
servicio militar efectivo, por la razón de que los jóvenes de las
clases privilegiadas que, aptos para el servicio de caballería, se
hallaban a disposición de un jefe de ejército, aun después de esta
época pertenecían a la caballería de los ciudadanos. Es difícil decir
si poseyeron o no caballo del Estado, porque este no se concedía
exclusivamente, según la ley, a los que ocupaban los puestos de
oficial. Ya hemos dicho (pág. 81) que, después de la organización de
Sila, es de presumir que el servicio de oficiales tuviera caballo del
Estado. Augusto, del propio modo que exigió como condición para ser
oficiales de las más altas categorías la cualidad de Senador, exigió
también, como condición jurídica para ser tribuno militar y jefe
auxiliar, el caballo del Estado, mas la falta del mismo no sirvió
ciertamente de obstáculo a los Emperadores para nombrar a su arbitrio
todos los oficiales que quisieran, después que fue abolido el número
fijo de caballeros.

_f_) Así como el servicio de los oficiales de caballería fue
jurídicamente regulado por Augusto, Augusto fue también quien instituyó
las magistraturas de caballeros y el sacerdocio de caballeros. Aquellos
cargos públicos y aquellos mandos militares que tenían competencia
de magistrados, cuyo nombramiento correspondía al Emperador, los
distribuyó Augusto de una vez para siempre entre los dos órdenes
privilegiados, de tal manera, que ni se pudiese conferir un cargo
senatorial a un caballero, ni uno de caballero a un Senador. A los
caballeros se les encomendó de esta suerte la administración de
las provincias a la sazón recientemente creadas, y además se les
confirieron todos los cargos financieros y palatinos y todos los mandos
militares que funcionaban en Italia, señaladamente los de la guardia
y la flota. Esos cargos se nos ofrecen como más próximos al Emperador
y como más inmediatamente dependientes del nombramiento imperial que
los senatoriales; si los cargos senatoriales se consideraban más como
funciones del Reino que de otra manera, los de los caballeros eran más
bien concebidos como cargos domésticos, y si el rango de los primeros
era más elevado, los segundos en cambio tenían buenos emolumentos. Para
ingresar en los cargos públicos de los caballeros, no era necesaria
jurídicamente condición alguna más que la de ser caballero; pero
de hecho sí se exigían algunas, singularmente el haber prestado el
servicio militar de oficial de caballería, supuesto que los cargos de
que se trata solían adjudicarse preferentemente a los que hubieran
sido oficiales de caballería, constituyendo una especie de recompensa
a los veteranos; sin embargo, desde Adriano en adelante pudieron
también adquirir semejante derecho los que hubieran desempeñado
funciones en la administración y en la justicia. Formáronse en los
cargos públicos reservados a los caballeros grados análogos a los que
existían ya antes en los senatoriales, y, por consecuencia, se formó
una carrera de funcionarios caballerescos; hasta existió también una
nobleza caballeril, puesto que a los descendientes de los más elevados
funcionarios públicos del orden de los caballeros se les consideraba
caballeros sin más y alcanzaban una posición preeminente dentro del
orden de la caballería. Análogamente, el sacerdocio se dividió también
en de Senadores y de caballeros.

La idea que Cayo Graco había tenido, de dotar a la comunidad de dos
clases de personas dominadoras, fue puesta en completa ejecución por
Augusto. La igualdad de todos los ciudadanos, especialmente la igualdad
para la adquisición de los cargos públicos y del sacerdocio de la
comunidad, no fue nunca un hecho perfectamente consumado en el Estado
patricio-plebeyo, aunque sí un principio constantemente reconocido de
un modo formal, por cuanto en dicho Estado los patricios tuvieron su
lugar como nobleza hereditaria o de sangre, y junto al patriciado se
formó también el quasi-patriciado de la nobleza plebeya; la abolición
en principio y por ley de la igualdad de los ciudadanos, cuando
primero se realizó fue en tiempo de Augusto, en cuanto este Emperador
asignó al orden de los caballeros en la comunidad un puesto más bien
coordinado que subordinado al del orden de los Senadores, distribuyó
los cargos públicos y las funciones sacerdotales entre ambos órdenes
privilegiados, y al suprimir en general el derecho de sufragio pasivo
quedaron de derecho excluidos de los referidos cargos y funciones los
ciudadanos que en la época del Imperio no pertenecían al _uterque
ordo_, es decir, a la actual _plebe_.

CAPÍTULO VII

LAS CLASES INFERIORES DE CIUDADANOS

En la comunidad patricio-plebeya hubo tres clases de ciudadanos que
ocupaban una posición inferior a los demás, a saber: los plebeyos, los
libertos y clases afines a esta, y los semi-ciudadanos privados del
derecho electoral (_cives sine suffragio_).

1. -- _Los plebeyos._

De lo expuesto anteriormente (pág. 67 y sigs.) acerca de la situación
jurídica del ciudadano patricio, se desprende cuál fue la del plebeyo:
carencia de derechos políticos en un principio, la adquisición gradual
de los mismos después, y por último, la inversión, en parte, de las
cosas, esto es, la adquisición por el plebeyo de mejores derechos que
el patricio. Ahora vamos a tratar de aquellas instituciones especiales
que la plebe creó para sí antes de la conquistada igualdad de derechos;
de esas mismas instituciones volveremos a ocuparnos en su sitio
correspondiente cuando hayamos de considerarlas como órganos de la
comunidad, que es en lo que se convirtieron después que los plebeyos
lograron la igualdad referida.

En la lucha sostenida entre la nobleza hereditaria y los nuevos
ciudadanos se advierte una doble tendencia: por un lado, la aspiración
a la igualdad de derechos en ambos órdenes o clases; por otro, la
aspiración a constituir la plebe como un Estado dentro del Estado,
con propias Asambleas deliberantes y jurisdicción propia. Ambos
movimientos se excluyen en el resultado: mientras el primero tendía
a la adquisición de algo posible, y por fin llegó a conseguirlo,
el último perseguía, por el contrario, un fin inaccesible, y por
eso hubo de ser hasta infecundo; la comunidad existente no pudo
ser por él aniquilada, pero tampoco se logró crear dentro de ella,
aun dejándola subsistente, otra comunidad. Realmente, la nueva
organización que hubo de originarse, esto es, la plebe como tal, no
logró tener territorio propio, ni administración de justicia propia, ni
ejército propio, ni Hacienda propia; cuantas instituciones políticas
existieron pertenecieron sencillamente, en todo tiempo, a la comunidad
patricio-plebeya. La plebe no significa otra cosa más que un débil
compromiso entre la organización política existente, privilegiada para
la nobleza, y el apartamiento de los nuevos ciudadanos de la comunidad,
un medio de apaciguar la amenaza revolucionaria de este alejamiento,
dando organización a aquella sombra de ser. Las violentas pasiones
que se desencadenaron durante este movimiento no deben engañarnos
acerca de la carencia de finalidad del mismo. Las organizaciones
que por tal procedimiento llegaron a establecerse no fueron más
que quasi-magistraturas y quasi-comicios de la plebe. Las primeras
tomaron por modelo a los cónsules, con los dos _tribuni plebis_, y
a los cuestores, con los dos _aediles plebis_. No pretendieron los
tribunos el derecho de dar órdenes o mandatos, sino únicamente el de
quitar fuerza a los mandatos de los cónsules por medio de su oposición
o intercesión, copiada de la intercesión colegial que correspondía,
según veremos más adelante, a las otras magistraturas superiores.
Los ediles, lo mismo que los cuestores, sin tener una competencia
fijamente determinada, estaban destinados a apoyar y auxiliar a los
magistrados superiores, y quizá también lo estuvieran en un principio
a inspeccionar las prestaciones personales y a prevenir, cuando fuese
necesario, las injusticias que amenazaran cometerse, poniéndolas en
conocimiento de sus superiores. Si la obediencia a las instituciones
políticas tiene su base en la ley, la debida a las instituciones
plebeyas la tiene, según la concepción jurídica romana, en el juramento
común, por el cual los plebeyos se han obligado ellos mismos y han
obligado a sus descendientes a constreñir por la fuerza a la obediencia
dicha, y sobre todo, a asegurar al magistrado plebeyo aquella
inviolabilidad que la ley concede al magistrado de la comunidad,
obligándose al efecto todo plebeyo a vengar la ofensa que se hiciera
a la autoridad plebeya, consagrada (_sacrosancta_) por su propio
juramento religioso o por el de sus antepasados. Por consiguiente,
el fundamento de la coacción y la pena en las instituciones plebeyas
no es otro que el propio auxilio, el cual no puede decirse que tenga
más organización sino la de hacer que todo individuo que cause alguna
lesión al derecho de la plebe o a los magistrados de esta sea sometido
a un proceso quasi-criminal ante la Asamblea de la plebe misma, y en
su caso se ejecute la quasi-sentencia por el magistrado plebeyo. --
Los quasi-comicios de la plebe, que en un principio tuvieron lugar
por curias, pero que con objeto de contrarrestar el influjo de los
clientes sometidos llegaron luego, en virtud de la ley publilia, año
283 (471 a. de J. C.) a verificarse por tribus, y por consecuencia,
solo entraban en ellos los ciudadanos poseedores, tomando por modelo
lo ocurrido con la dualidad de que se acaba de hacer mención en el
procedimiento criminal más antiguo, pretendieron tener facultades
quasi-legislativas, dirigidas únicamente a regular los asuntos propios
de la plebe; pero la verdad es que en muchos casos se entrometieron
en asuntos legislativos de la comunidad, y quisieron obligar a esta
a respetar sus acuerdos. La cual pretensión fue luego formalmente
reconocida cuando las resoluciones tomadas por la plebe, de acuerdo
con el Senado, se equipararon a los acuerdos tomados por el pueblo, y
cuando la ley hortensia, el año 468 (286 a. de J. C.), dio en general
igual fuerza jurídica a los acuerdos de la plebe que a los de la
comunidad patricio-plebeya. Con lo cual, el movimiento que nos ocupa,
más bien llegó a su término que logró su fi

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